Ante la situación que vive la provincia de Mendoza con la de La Pampa por el río Atuel, opina el Dr. Aldo Guarino Arias, uno de los más distinguidos abogados de la provincia y especialista en derecho de aguas.

 Su opinión sobre la situación del río Atuel. ¿Quién tiene razón?

La razón la tiene la provincia de Mendoza, la gente de Mendoza. La Pampa no tiene razón en el planteo que está haciendo. En primer lugar es algo que está resuelto por la Corte en 1985, ante el reclamo que hacía La Pampa. Ellos habían utilizado el lenguaje del Derecho Privado, por eso hoy con esta nueva disciplina del Derecho Ambiental, hacen reclamos.

En el año ’83, La Pampa pide que se la condene a la provincia de Mendoza a dar cumplimiento a la resolución 5049 de Agua y Energía de la Nación, que consistía en una suerte periódica, que cada 15 días, del 2,5% del derrame anual del río Atuel con destino a abastecer los bañados, lagunas y praderas naturales del noroeste pampeano (Santa Isabel y Algarrobo del Águila). Hoy cambió el lenguaje, porque la ciencia cambió el lenguaje y apareció esta disciplina moderna que es el derecho ambiental, y están pidiendo la recomposición fluvio-ambiental. “Recomposición” (volver las cosas al estado anterior); “fluvio” (agua); “ambiental” (del ambiente que tenían). O sea que es lo mismo que pidieron en el ’83, pero con otro nombre. Eso ya está resuelto.

 A parte de eso, en el mundo, todos los doctrinarios, y todos los tratados internacionales están apuntando a darle prioridad a la agricultura frente a la cuestión de los humedales, que son importantes pero también es importante la agricultura y además es necesaria.

De manera tal, que no tienen razón, pero lamentablemente estos últimos años, el gobierno de la provincia ha cometido algunos errores que le ha permitido a La Pampa envalentonarse para hacer reclamos que son totalmente improcedentes.

 ¿A quién se le ocurriría destruir la agricultura de Mendoza para que La Pampa tenga agua para llenar humedales? En un mundo que está necesitado de alimentos, de poblaciones que están necesitadas de agua dulce para bebida… seamos razonables.

 ¿Cuál es su posición respecto a Portezuelo del Viento y cómo ve las políticas desde la firma del convenio Cobos – Kirchner hasta el día de la fecha?

En primer lugar, Portezuelo del Viento y la central hidroeléctrica del mismo nombre, en nada le perjudican a La Pampa ni a Buenos Aires. Al contrario, los beneficia, porque la principal tarea de esos diques (artificiales) es la regulación del río. ¿A quién beneficia la regulación del río?, a las provincias de abajo, no a Mendoza; ¿a quién beneficia la generación de energía?, a todo el país con el sistema interconectado, y a Mendoza con las regalías que pueda percibir por las aguas del río Grande (pero no beneficia con la energía porque eso va al sistema interconectado). En esto los pampeanos son cerrados, necios. Ellos no quieren que se haga Portezuelo del Viento porque tienen miedo de que hecha la presa porque tienen miedo que se haga lo que está convenido, que es el trasvasamiento. A eso le tienen terror porque ellos están utilizando hoy, en este momento, la totalidad de las aguas del río Colorado, y si se hace el  trasvasamiento, les sacamos 34 m3 que son los que le corresponden a Mendoza.

La Pampa dice que se opone a autorizar que Mendoza haga el trasvasamiento y esto es un error jurídico y conceptual: el convenio de la Sexta Conferencia de Gobernadores de la Cuenca del Colorado, que fue la que aprobó la distribución de los caudales para las nuevas áreas de riego (tanto para Mendoza, como para La Pampa, Río Negro y Buenos Aires) expresamente establece que la provincia de Mendoza queda facultada para iniciar los estudios y los trabajos convenidos en ese convenio (de la Sexta Conferencia de Gobernadores de la Cuenca del Colorado que fue ratificado por la Ley 21611). Mendoza puede hacer los trabajos de inmediato, o sea que Mendoza está facultada “bajo la fiscalización del COIRCO”, que es el Comité de Cuencas Interjurisdiccional del río Colorado. Recalco, “bajo la fiscalización”, no bajo la “autorización”. Una cosa es fiscalizar y otra autorizar: fiscalizar es que las cosas se hagan de acuerdo a lo que está previsto, para que puedan señalar si hay algún abuso por parte de Mendoza o algo mal hecho, pero no es que estén vinculados la autorización con la fiscalización.

 Hay un conflicto entre el turismo, la agricultura y la energía eléctrica. Más allá de la ley, ¿qué opina al respecto?

Hay que mirar las cosas como se enseña a través de muchísimos tratados internacionales. La distribución de los usos de las aguas, tiene que ser racional y equitativa. En primer lugar está el abastecimiento de las poblaciones, bebida y alimento; en segundo lugar está la agricultura; después vienen los usos recreativos, entre los que está el turismo; y por último los usos industriales, que tienen que tener una mayor precaución en el desarrollo, donde tienen que aplicarse principios rectores para evitar la contaminación de las aguas. Yo creo que los prestadores de servicios turísticos del Atuel tienen razón en el planteo, se les ha quitado una importante fuente de trabajo, y es una fuente de trabajo que no causa ningún perjuicio porque no consumen el agua. Es un uso “no consuntivo”. Ni la consumen ni la contaminan. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.

 ¿Y sobre el corte del río?

Hay un error. El Departamento General de Irrigación y las inspecciones de cause disponen cortar el río, y es un error. En los ríos que tienen lagos artificiales no se puede cortar el agua porque significa desperdiciar más de la que se acumula. ¿Por qué? Porque usted tienen un mayor espejo en el lago artificial, que tiene un perilago que no tenía agua y ahora al juntarla, eso se humedece y se efectúa un gran consumo de agua. Al tener un mayor espejo, hay una mayor presión y mayor filtración de agua y también evaporación: se pierde agua. Por eso es que, desde hace cuatro años que Irrigación viene anunciando que va a llenar los diques –especialmente El Nihuil- y va a llegar a la cota máxima, y lamentablemente no han llegado ni al 40%.