Según una encuesta de Poliarquía, figura al tope de los temas considerados «muy graves», seguido por el consumo de drogas; una mayoría identifica al gobierno nacional como el principal responsable

La radiografía surge de una encuesta de Poliarquía Consultores que, a partir de 14 preguntas, bucea en varias aristas, del narcotráfico y el consumo de drogas.

Los resultados del estudio se conocen en el cierre de una semana en la que ambos temas coparon la agenda política, tanto por la advertencia del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre el avance de esos flagelos, como por el debate del anteproyecto de reforma del Código Penal, que, entre otras modificaciones, prevé bajar la pena del tráfico y el suministro de estupefacientes, entre otros delitos. La discusión política se potenció además a partir del asesinato de un supuesto jefe sicario el lunes último en Palermo.

Entre los datos más relevantes de la encuesta sobresale la gravedad que la mayoría de los consultados asignó a ambos temas. El 83 por ciento describió al narcotráfico como un problema «muy grave» (la escala se completa con «bastante grave» y «poco grave») y el 82% eligió la misma calificación para el consumo de drogas. Con el mismo porcentaje quedó la corrupción y, unos escalones más abajo (79%), la inseguridad.

Para Sergio Berensztein, director de Poliarquía Consultores, ese orden de prioridades da cuenta de un «divorcio, ya que mientras que la sociedad identifica ambos problemas como de primer orden y con el que tiene altos niveles de familiaridad, éstos no aparecen entre las prioridades del Estado. Hay un divorcio entre lo que la gente piensa de las drogas y el lugar que el tema ocupa en las políticas públicas», advirtió.

En sintonía con la alta gravedad asignada, la mayoría opinó que ambos problemas «han empeorado» en los últimos cinco años. El 77% se inclinó por esa opción para el narcotráfico y el 81% lo hizo respecto del consumo.

Encadenado a lo anterior se recorta el dato sobre el nivel de consumo de drogas en la Argentina. El 79% dijo que es «alto»; el 19%, «medio», y sólo el 1%, «bajo». También el 79% dijo conocer a alguien que ha probado drogas «al menos una vez».

También en el terreno del consumo, la encuesta arroja un dato llamativo. El 73% de los consultados se manifestó en contra de la legalización del consumo de marihuana, mientras que el 22% dijo estar a favor.

Según Berensztein, ese reparto de opiniones es clave. «El rechazo a la legalización es contundente y pone bajo la lupa el razonamiento que suele hacerse desde la política de que «como no podemos hacer nada para combatir las drogas, legalicemos»», graficó. «Queda claro que este típico atajo de la política no sería aceptado por una mayoría enorme de la sociedad», completó.

El jueves pasado, Lorenzetti advirtió que el avance del narcotráfico «está afectando el Estado de Derecho». Fue el segundo pronunciamiento del máximo tribunal en menos de cuatro meses. En noviembre último, la Corte había pedido al Gobierno «medidas urgentes» para combatir el narcotráfico en el norte del país.

En sentido similar se había expresado la Asamblea del Episcopado en noviembre pasado, cuando denunció el avance del narcotráfico y la «complicidad y corrupción de algunos dirigentes» con el flagelo. Pidió además «políticas públicas de corto, mediano y largo alcance», y recordó que «perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado».

El estudio de Poliarquía aborda el vínculo entre tráfico de drogas y política y registra otra cifra contundente: para el 32% de los participantes, el narcotráfico y la política están «muy relacionados» y para el 43% están «bastante relacionados». Es decir, el 75% dio cuenta de un vínculo estrecho entre ambos universos.

A la hora de repartir la responsabilidad en el «combate» del narcotráfico, la mayoría (55%) apuntó al gobierno nacional. Lejos quedó el colectivo «todos», integrado por «los políticos, la justicia y la sociedad», con 16%, y los jueces, con 11%.

Hace poco más de un mes, el avance del negocio de la droga en la Argentina había generado un durísimo cruce entre funcionarios del Gobierno. Protagonizaron aquel contrapunto el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que aseguró que en el país no sólo había tránsito y consumo de drogas, sino que también se había detectado la elaboración de sustancias ilícitas, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que lo desmintió.

Ese mismo debate quedó reflejado en la encuesta de Poliarquía. El 64% de los participantes describió la Argentina como un país de tránsito, mientras que el 25% dijo que es un país de producción. El 11% restante dijo no saber o prefirió no contestar.

El estudio de Poliarquía se hizo entre el 16 y el 24 de enero último, forma parte de una investigación realizada para un libro de próxima publicación, elaborado por Berensztein y el ex jefe de la Policía Metropolitana Eugenio Burzaco.