Para responder en el máximo tribunal, el secretario general de la gobernación Francisco García indicó que, más allá del acuerdo de 2008, en Mendoza hay crisis hídrica. Pero también explicó que el Gobierno cumplió el 60% del plan de obras.

Aunque todavía no ha sido notificados por la Corte Suprema, el Gobierno de Mendoza ya se adelantó a los hechos y prepara los informes que nutrirán la respuesta a la demanda iniciada por un abogado pampeano por el corte de agua en el río Atuel. El coordinador de la defensa será el secretario general de la Gobernación, Francisco García Ibañez. «Es un tema sensible desde lo político», reconoció el interlocutor de Francisco Pérez y aseguró que el Gobierno tendrá una «política de ataque» para responder a La Pampa. Así, entre los argumentos, la Provincia responderá ante el tribunal supremo que Mendoza «no tiene agua» y que ya se han cumplido el 60 por ciento de las obras de impermeabilización pautadas en el convenio de 2008.

Un día después de la reunión entre el gobernador Pérez y funcionarios de distintas reparticiones -entre ellos, el asesor de gobierno César Mosso Gianini y el fiscal de estado interino Javier Fernández-, el Gobierno abrió las puertas del cuarto piso para dejar en claro cuáles serán los principales ejes de la defensa en la demanda iniciada en 2010 por un particular, el abogado Miguel Angel Palazzani, y recién aceptada por la Corte días atrás. En su despacho, el secretario general de la gobernación será el encargado de coordinar la defensa, aunque todavía no llega la notificación de la demanda. «Nos hemos anticipado», adelantó García Ibañez. Mientras tanto, la estrategia oficial pasa por unificar el discurso.

«No tenemos agua»

El primer argumento es algo que el Gobierno dejó trascender ayer tras la reunión. Apuesta a enfatizar en la crisis hídrica que afecta a Mendoza desde hace por lo menos cinco años. «No desconocemos que es jurisdicción de las dos provincias, pero no tenemos agua», explicó el funcionario.

«Es un elemento del que hay que cuidar y la provincia ha realizado una serie de obras y tiene otras obras en carpeta para regular este recurso. Si nosotros no podemos abastecernos, imagínense todavía pasar agua a otra provincia», añadió.

El otro argumento que aportará Mendoza en su respuesta será que «el Gobierno no se ha cruzado de brazos» respecto del plan de obras convenido en el acuerdo de 2008. Según indicó García Ibañez, Irrigación ya cumplió con el 60 por ciento de los trabajos de impermeabilización en el Atuel inferior, que permitirían mejorar el transporte del caudal y que no se pierda agua en el camino. «El plan de obras ha sido cumplido», aseguró el único de los ministros de Pérez que comparte el mismo piso que el gobernador.

Reconocen la presión social

En esa línea, el Ejecutivo buscará convencer a la Corte de que sí hizo los deberes con aquel convenio que ya tiene seis años desde que fuera rubricado por Celso Jaque y su par pampeano, Oscar Jorge. Sin embargo, el acuerdo entre provincias implicaba que fueran ratificados por las legislaturas de ambas provincias. Como es lógico, en La Pampa lo hicieron con diligencia. Sin embargo, la Legislatura mendocina prácticamente cajoneó el acuerdo, lo que provocó finalmente la demanda de Palazzani -actual fiscal ad hoc en una causa contra ex represores en Bahía Blanca-.

El Gobierno provincial reconoce que el principal motivo por el que la Legislatura mendocina frizó la validación del acuerdo interprovincial es la presión social social contra el mismo. Aquel convenio fue resistido por varios sectores, principalmente por los regantes más afectados, aquellos que dependen de la cuenca del río Atuel. A ello le sumó la opinión contraria de varios especialistas en derecho de aguas. Debido a esto, la voluntad política fue menguando tanto como la corriente hacia tierras pampeanas. Por ahora, en el Senado funciona una comisión de seguimiento a cargo del justicialista -de vuelta al oficialismo- Guillermo Amstutz.

«Esto produjo un conflicto que ha hecho que se demorase», admitió García Ibañez, que optó por el término «vaivén político» para señalar que tanto en Mendoza como la vecina provincia los gobiernos tienen un contexto político complicado. Y que hay intereses que han puesto lo jurídico en el campo de lo político.

Sin embargo, y a diferencia de la opinión de algunos referentes de la oposición que consideran que el acuerdo de 2008 fue perjudicial para Mendoza, el secretario general de la Gobernación aseguró que el acuerdo Jaque-Jorge no representa un lastre a la hora de armar la defensa jurídica ante la Corte. Y que la falta de ratificación legislativa no ha implicado un freno para las obras de Irrigación.

Fuente: El Sol