Carlos Böhm junto a Jorge Nanclares y Pedro Llorente.  

Cuando se retomen las actividades en la Cámara de Diputados, deberán evaluar en labor parlamentaria si le dan lugar a la denuncia presentada por dos legisladores. Cómo es el proceso cuando está en la mira un ministro del máximo tribunal.

El futuro del magistrado de la Suprema Corte de Mendoza, Carlos Böhm, comenzará a definirse la próxima semana cuando los diputados provinciales decidan en labor parlamentaria si le dan lugar al pedido de juicio político presentado por el senador Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez. Ambos aseguran que el juez incurrió en el incumplimiento de los deberes del funcionario púbico al favorecer a una amiga íntima con un fallo.

Las actividades en la Casa de las Leyes quedaron suspendidas entre el 30 de enero y el 2 de febrero debido al receso de verano. Por este motivo, una de las primeras tareas que deberán resolver los legisladores es el tratamiento del juicio político al cuestionado magistrado.

Debido al cargo que ostenta Böhm, para que pueda ser destituido corresponde que sea sometido a un juicio político, y no a un Jury de Enjuiciamiento. Este último caso se aplica a los jueces de las Cámaras de apelaciones, los de primera instancia, los fiscales, asesores y defensores.

Mientras tanto, la Constitución de la Provincia de Mendoza determina en su artículo 109 que al igual que el Gobernador, el Vicegobernador y los Ministros, los magistrados de la Suprema Corte (que es el caso de Böhm) “son acusables en juicio político ante la Legislatura”.

La principal diferencia es que en el Jury los jueces de la Corte forman parte del tribunal que resuelve la situación, mientras que en el juicio político los siete magistrados del máximo tribunal no participan del proceso.

Los pasos a seguir en un juicio político

Para que se de inicio a un juicio político sólo es necesario que algún legislador o ciudadano presente una acusación por escrito en la Cámara de Diputados. En la misma se precisan todos los hechos que le sirven como fundamento.

Luego, los diputados deben decidir por votación nominal si los cargos importan alguna falta o delito que den lugar a un juicio político.

En caso de que se determine la continuidad del proceso, el acusado tiene derecho a ser oído por la Comisión de Investigación, que será creada en sesiones ordinarias por los legisladores.

Una vez que dicha comisión termine su cometido, para lo cual sólo cuenta con 30 días hábiles, la Cámara decidirá si acepta o no su dictamen. Si dos tercios de los legisladores le dan lugar a la acusación, el funcionario queda temporalmente suspendido en sus funciones.

Mientras tanto, tres diputados son elegidos para presentar el caso en la Cámara de Senadores, donde se conformará un Concejo de Justicia. En esta etapa, el acusado deberá contestar nuevamente a la acusación.

Finalmente, los legisladores de la Cámara Alta deben discutir en sesión secreta y luego determinar un día para pronunciar en sesión pública. Para condenar al acusado serán necesarios dos tercios de los votos.

Fuente: El Sol