La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución vinculada a los reclamos de La Pampa por el corte del río Atuel. Ayer a la tarde aceptó la competencia para resolver sobre el caso, emplazó a la provincia de Mendoza para que informe por qué está provocando el corte, y citó al estado pampeano y al nacional para que también informen sobre el conflicto.

El fallo fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt y ayer fue notificado el fiscal federal Miguel Palazzani (quien en 2010, como particular, presentó la demanda ambiental, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez)

Sin embargo, no aceptó una cautelar que también se había interpuesto en 2010, por lo que el río seguirá cortado.

Según publicó Diario Textual, de la vecina provincia, el demandante afirmó que esta es “una histórica resolución». El diálogo con este medio, Palazzani explicó que el máximo tribunal «emplaza a Mendoza para que en 60 días informe sobre la cuestión. También cita al Estado nacional y al Estado pampeano», expresó. Deberán informar sobre financiamientos, obras y convenios firmados por el Atuel.

Uno de los temas en cuestión es si el Convenio del Atuel, firmado en 2008 por ambos gobernadores, fue ratificado por la Legislatura mendocina; si elaboró los proyectos ejecutivos para las obras de impermeabilización de las redes de riego en San Rafael, General Alvear y Carmensa; si terminó con la ejecución del canal marginal, en los tramos II, III y IV, contemplado en los dos primeros puntos del Convenio del Atuel; y si elaboró con La Pampa el proyecto ejecutivo de las obras de conducción entre Carmensa y el área de la Puntilla.

El reclamo de los abogados pampeanos, presentado en 2010, pedía que se ordenara a Mendoza la cesación de las actividades generadoras de daño ambiental colectivo, y que se adoptara en un plazo razonable las medidas necesarias que «garanticen el uso razonable y equitativo de las aguas» del río.

También habían pedido el dictado de una medida cautelar para que se ordene a la provincia de Mendoza «que adopte de forma urgente las medidas adecuadas a fin de garantizar el mínimo caudal fluvioecológico» del río. Pero ese reclamo no prosperó en la Corte ya que los jueces estimaron “prematuro” impartir una orden genérica de la naturaleza pretendida”.

En 1987 la Corte Suprema se pronunció sobre este tema en una causa conocida como «La Pampa c/ provincia de Mendoza p/ acción posesoria de aguas», resolviendo que el río era interjurisdiccional, que debía ser administrado por ambas provincias para su uso “razonable y conjunto”, e instó a ambas administraciones a elaborar trabajos conjuntos para llevar adelante el desarrollo regional basado en la cuenca del Atuel.

La solución teórica reconoció el derecho de La Pampa a sacar provecho del caudal en la misma medida que Mendoza. Pero en la práctica, la Corte reconoció a Mendoza el uso de esas aguas para riego, y dispuso que La Pampa tuviera derecho sobre el excedente del caudal del Atuel, sólo una vez que Mendoza hubiera garantizado el riego de 76 mil hectáreas.

Esta resolución de la Corte surge cuando el estado pampeano está ultimando los preparativos de un nuevo juicio contra Mendoza. Con este fin, el gobierno de Oscar Jorge contrató al estudio jurídico de Gregorio Badeni. Los abogados ya están realizando una serie de consultas con diputados, funcionarios y dirigentes ambientalistas para preparar la demanda. Será la segunda demanda del estado pampeano contra Mendoza. La primera, que se resolvió en 1987, se presentó a fines de los ’70.