El licenciado Humberto Miceli, titular del Gabinete de Investigaciones Antropológicas (GIA) con sede en la ciudad de Corrientes, se refirió a varios homicidios como el de Ramón González (12), conocido como «Ramoncito»; el de Romina Gutiérrez (11); y el de Priscila Leguiza (7); ocurridos entre 2006 y enero pasado en el marco de una investigación sobre el «Fenómeno Sectario y Criminalidad Ritual».

Según el investigador, «se incorporan y renuevan costumbres y aspectos ideacionales, religiosos o espirituales que vienen a ocupar los vacíos dejados por los sistemas religiosos tradicionales y por complejos factores socioculturales y económicos».

«Algunos crímenes son realizados por grupos sectarios, otros por líderes unipersonales que, ostentando una investidura religiosa, construyen un universo esotérico personal que se configura como generador de conductas criminales», afirmó el antropólogo.

Acerca de casos como «el de Ramoncito de Mercedes (descuartizado durante un ritual en 2006 en esa ciudad correntina), el de Romina de Empedrado (Romina Gutiérrez fue raptada, violada y estrangulada en 2007 en dicha localidad)» y el de otros «niños abusados» en ese mismo medio «que han golpeado de lleno a la sociedad» local.

«Estos casos han motivado marchas de protesta pero también represiones y silencios forzados», afirmó Miceli, quien también recordó lo ocurrido en 2013 en la isla de Apipé Grande, en Corrientes, donde «varias adolescentes se manifestaron como poseídas y advertían de muertes próximas».

También se refirió a hechos ocurridos en otros puntos del país como en el partido bonaerense de Quilmes donde el año pasado los investigadores de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Berazategui aseguraron haber desarticulado «una secta en la que se hacían rituales religiosos para seducir chicas, a quienes terminaban engañando con promesas de una mejor vida económica y espiritual».

«Las víctimas son mayormente mujeres en situación de vulnerabilidad social, que encontraban en un pseudo sacerdote a un referente que las hacía sentir mejor», señaló en aquella oportunidad el fiscal de dicha UFI.

Miceli se refirió, además, al triple crimen de Benavidez cometido en 2012, en esa localidad del norte del conurbano, donde tres mujeres de 6, 15 y 75 años fueron acuchilladas, y en el que «también tuvo como telón de fondo la participación del acusado y de su pareja en una secta de raíz afrobrasileña que no fue bien identificada».

Respecto de la actuación de la Justicia en este tipo de casos, Miceli consideró que «el error no radica en impedir la utilización de estos argumentos como defensa o atenuante sino en negarse a identificar e investigar al grupo sectario y su posible rol instigador», señalando que –en todos los casos-  ese factor “queda fuera del arco de interés de fiscales y policías», se lamentó.

A la vez, destacó que otros países y organizaciones han creado Comisiones de Estudios e Investigadoras de Sectas, como el caso del Parlamento Europeo, Uruguay, Chile y España.