Un borrador de nueve carillas elaborado por el Gobierno circula desde hace algunos días entre funcionarios provinciales dedicados a la regulación de las empresas que prestan el servicio eléctrico en todo el país. Bajo la bandera del «federalismo eléctrico» y a través de un acuerdo marco entre la Nación y las provincias, propone cambios que tendrían una fuerte incidencia en el sector. Entre ellos, avanzar en la quita de subsidios y el ajuste de tarifas en los distritos más rezagados (como la Capital y el Gran Buenos Aires), intenciones que el kirchnerismo no suele poner por escrito. Ambas medidas implicarían aumentos en la boleta de luz.

La propuesta también contempla centralizar en el gobierno nacional el manejo de las empresas provinciales que hoy operan bajo las órdenes de las gobernaciones.

El documento -LA NACION pudo ver una copia- fue elaborado por equipos técnicos del secretario de Energía, Daniel Cameron, y de Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación. Ambos funcionarios responden al jefe de esa cartera, Julio De Vido. También cuenta con el acompañamiento de Ricardo Martínez Leone, del Ente Regulador de la Electricidad a nivel nacional (ENRE) un hombre del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que llegó a ese cargo en medio de la crisis eléctrica de diciembre y enero.

Cameron y Martínez Leone recibieron ayer a los equipos técnicos de las gobernaciones, agrupados en la Asociación de Entes Reguladores, pero obtuvieron una respuesta que no les gustó.

Sucede que el borrador oficial especifica que el Gobierno será el encargado de fijar los precios de referencia para las provincias, una potestad que hoy está a cargo de los gobernadores (salvo en los casos de Edenor y de Edesur) y no la quieren ceder. Con dilaciones y chispazos, pero sin rupturas definitivas, se prometieron seguir discutiendo el tema.

«Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina» es el extenso nombre que lleva el documento. Divide al país en ocho regiones y estipula un valor agregado de distribución regional de referencia (Vadrr), que fijará la Secretaría de Energía, es decir, el Gobierno.

Para avanzar hacia una convergencia tarifaria nacional, propone que las distribuidoras que estén por debajo del valor fijado por Energía podrán aumentar sus tarifas hasta ese nivel, mientras que las que estén por encima no podrán aumentarlo hasta la próxima determinación regional

Por la intervención del kirchnerismo en el sistema, las tarifas de Edenor y Edesur son las más bajas del país, debido a que el resto de las distribuidoras, por decisión de sus gobernaciones, las aumentó en línea con los incrementos de costos. Hoy, por ejemplo, un usuario de la ciudad de Buenos Aires paga un 15 por ciento del precio que desembolsa un vecino de Santa Fe y un 18 por ciento de lo que paga un cordobés.

En otros términos: si bien no se sabe qué valor de referencia estipularía el Gobierno, las distribuidoras mejor posicionadas para recibir un aumento son Edenor y Edesur.

Las diferencias son aún más amplias si se hace una comparación regional. De acuerdo con el último informe que elabora la consultora Montamat & Asociados, un usuario de Edenor o de Edesur que consume 300 kW/hora al mes paga 14,9 milésimas de dólar por kW/hora. En cambio, un cliente de la chilena Chilectra paga por el mismo servicio 135, mientras que un brasileño asistido por la distribuidora Light desembolsa 115,8. Muy lejos de un uruguayo, que le paga 238,6 a la estatal UTE, y más aún de un dominicano, que debe pagar 249,9 por el mismo servicio.

El documento prevé, además, que las provincias dejen de autorizar aumentos a sus distribuidoras eléctricas. Va más lejos incluso: a las que subieron sus tarifas en enero, les pide que retrotraigan sus valores a diciembre del año pasado.

UN PESADO LASTRE

El documento también muestra, por primera vez en años, un camino decidido a seguir para enfrentar la reducción de subsidios.

Se trata de un enorme lastre que hunde las cuentas públicas sobre el cual se refirieron en el último tiempo Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Tan sólo el año pasado, las erogaciones del Estado para mantener las tarifas congeladas o con aumentos moderados fueron de 81.400 millones de pesos, un 46 por ciento por encima del número de 2012.

El documento propone realizar estudios para identificar usuarios «que, por su capacidad económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos» del negocio eléctrico (generación, transporte y distribución). En esa línea, sugiere aplicar un «proceso de normalización» en la facturación, así como un cronograma de aplicación, para los usuarios que consuman por encima de 300 kilovatios (kW), que equivale a una demanda muy pequeña. Y propone el mismo procedimiento para «los usuarios de las restantes categorías que tengan capacidad de pago».

Una vez más ayer, el jefe de Gabinete se refirió al tema. «No hay que hacer especulaciones de ninguna naturaleza respecto a tiempo, momento o el monto o el quantum de cada una de las decisiones», sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa matutina. «Cuando exista una decisión, se comunicará públicamente», agregó.

A cambio de su buena voluntad, el Gobierno les propone a las provincias hacerse cargo de las obras con fondos del Estado nacional.

Fuente: La Nación