En principio, el 12 de febrero deberán decidir por mayoría simple si lo giran a la Comisión de Juicio Político o si finalmente se desestima la acusación.

Durante la mañana de este miércoles, la Cámara de Diputados decidió darle estado parlamentario al pedido de juicio político contra el juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm. De esta manera, se estima que el día 12 de febrero los legisladores decidirán si le dan lugar a la acusación o si finalmente optan por desestimarla.

Luego de que el expediente ingresara formalmente a la Casa de las Leyes, los jefes de bloque de los diferentes partidos políticos han solicitado una copia de la denuncia elaborada por el senador Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez. Ambos sostienen que el magistrado del máximo tribunal de la provincia incurrió en el incumplimiento de los deberes del funcionario público al favorecer a una amiga íntima con un fallo.

Los legisladores de la Cámara Baja tendrán que analizar los documentos aportados por Valls y Gutiérrez, para la próxima semana decidir si le dan continuidad al proceso o finalmente lo desestiman.

El diputado por el Partido Federal, Daniel Cassia, señaló que en principio el tratamiento se dará el día 12 de febrero, pero aclaró que puede pedirse una prórroga para que los diputados tengan tiempo de estudiar la situación.

Este constituye el primer paso formal para que la denuncia comience a recorrer el camino procesal establecido por el artículo 109 de la Constitución Provincial. Para que se le de lugar a la acusación, será necesario que los legisladores así lo voten por mayoría simple.

Si esto llegara a ocurrir, la causa será analizada por una Comisión de Juicio Político, que tendrá 30 días hábiles para elaborar un informe completo acerca del incumplimiento en el que podría haber incurrido el acusado.

La misma es presidida por el propio Daniel Cassia y está compuesta por un total de seis diputados. Los restantes legisladores son: Claudio Díaz y Gustavo Arenas (FPV); Edgardo Pintos y Lorena Meschini (UCR); y Aldo Vinci (PD).

De darse lugar a la denuncia, estos representantes del pueblo tendrán que presentar, luego de 30 días hábiles a partir de la creación de comisión, los resultados de su investigación. Una vez concluida la misma, se someterá nuevamente a votación en el recinto. Para que el proceso prospere y pase a la Cámara de Senadores, será necesario que así lo determinen dos tercios de los diputados. Si no se consigue esa mayoría, la causa será desestimada.

Los detalles del caso

Durante años, la jueza Ontiveros fue conocida en los Tribunales mendocinos como “la jueza que no trabaja”. Sucede que en el año 2001 la magistrada se tropezó con unos cables en su despacho y sufrió una lesión en la rodilla.

Debido a este episodio, Ontiveros estuvo de licencia durante más de cinco años, por lo que en el 2007 se inició un jury en su contra. Sin embargo, el mismo se cayó luego de que el juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm, se excusara de participar en el mismo por ser “amigo personal” de la magistrada.

Por otro lado, Ontiveros demandó al Estado y a la ART Prevención por su accidente y solicitó una indemnización de casi 5 millones de pesos. Finalmente, en noviembre del 2013, la Suprema Corte condenó a Mendoza, solidariamente con la ART, a pagar 718.000 pesos a la ex magistrada.

Lo llamativo es que en esta oportunidad Carlos Böhm, juez del máximo tribunal de la provincia, no se excusó por su reconocida amistad con Ontiveros.

Fuente: El Sol