Con estos procesos se dimensiona, difunde y articula un relato necesario para la reconstrucción de la historia reciente.

Desde hoy, la Justicia Federal juzgará a 41 imputados por las violaciones a los derechos humanos contra más de 200 personas. La sala de audiencias será el Salón de Actos del Poder Judicial de Mendoza.

Se trata de un Megajuicio, dada la particularidad de que será acusado al mismo tiempo un bloque integrado por militares, policías, penitenciarios y ex-magistrados (jueces, fiscales, defensores) de la Justicia Federal. Éstos últimos como partícipes civiles de la represión ilegal aplicada en el plan sistemático de exterminio operado en nuestro país entre 1976 y 1983.

Respecto al tema el gobernador Francisco Pérez señaló “Comienza la segunda etapa de los juicios de lesa humanidad y eso es muy importante después de un trabajo arduo con Cancillería, con el Gobierno Nacional de la repatriación del ex juez Otilio Romano, que va a ser enjuiciado, y todo ese complot que había entre la Justicia Federal, que lo hemos podido desbaratar con los cómplices de la dictadura. Nos parece que es el momento de llegar con un reconocimiento de memoria, justicia y verdad para todos los familiares y las victimas”.

Muchas de las causas que llegan a juicio se originaron en investigaciones de los organismos de derechos humanos trabajadas por décadas y sin resignarse a la impunidad.

El Gobierno de Mendoza, que es también querellante a través de las subsecretarías de Justicia y de Derechos Humanos, convoca en conjunto con los organismos de derechos humanos, la Municipalidad de Capital, la UNCuyo y la Dirección de DDHH y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza a dos actividades previas al inicio de este megajuicio, ambas bajo el nombre: 4º Juicio por delitos de lesa humanidad «Democracia con justicia, futuro con memoria» Derechos Humanos ayer, hoy y siempre.

Los Juicios por delitos de lesa humanidad son posibles tras la nulidad de las leyes de impunidad en 2003. Con estos procesos se reafirma el compromiso con los derechos humanos por parte de un Estado que en los últimos diez años de democracia ha reconocido situaciones de vulneración de derechos.