Según la información de agencias internacionales, el máximo tribunal aceptó el pedido del Gobierno de analizar este expediente, en el que el fondo NML-Elliot había exigido a los bancos Nación y Bank of America que difundieran bienes del Estado y de los Kirchner.

En primera y en segunda instancia, el fondo inversor logró sendas victorias, pero la Corte Suprema aceptó el pedido de la Argentina, respaldado por el gobierno de EE.UU., de que el fallo podría violar el acta de inmunidad soberana (FSIA, según su sigla).

Esta decisión, aclararon los expertos legales consultados por la nación, no sienta precedente sobre el juicio más relevante, en el que se falló en contra de la Argentina por el pari passu, que obliga al país a pagarles a los «fondos buitre» y a 13 inversores minoristas. En este expediente, el 14 del mes próximo el Gobierno debe presentar la apelación ante el máximo tribunal para ver si también toma el caso, pero dos cuestiones juegan en contra del objetivo:

-A diferencia de este caso del «Discovery», en el que hubo criterios diferentes en los tribunales inferiores, en el del pari passu todos los jueces fallaron en el mismo sentido, en contra de la Argentina, desde que el juez Thomas Griesa condenó al país a pagar US$ 1333 millones más intereses.

-Mientras que en el caso del Discovery aparece claramente, en opinión de los expertos, la violación de una ley federal, el pari passu corresponde a una normativa del Estado de Nueva York.

El abogado de NML, Ted Olson, dijo que, tras la decisión de ayer -que representa un revés ante su objetivo de avanzar de inmediato-, «nos preparamos para presentarnos ante la Corte Suprema; la Argentina está en abierto desafío ante decenas de juicios en los tribunales para pagarles a los ciudadanos norteamericanos lo que les debe».

El letrado, ex procurador general de EE.UU., opinó en una declaración que «la ley federal no le da derecho a la Argentina a esconder sus activos de sus acreedores».

Los abogados Marcelo Etchebarne y Eugenio Bruno consideraron que la decisión de ayer era esperable. «Se esperaba que la Corte tome el caso, luego de que pidió opinión al procurador general; es un típico caso donde puede haber interés de la Corte: la aplicación de una ley federal, un Estado extranjero y opiniones contradictorias sobre el mismo tema entre dos cámaras federales de apelaciones», precisó Etchebarne. Bruno afirmó que, ahora, el caso puede tomar hasta dos años más para definirse e indicó: «Hay chances de que decida que no pueden identificarse activos, salvo que se identifiquen previamente y sean embargables».

Fuente: La Nación