Después del anuncio de Cristina, en el Gobierno de Mendoza están esperando que la Nación les otorgue más certezas sobre la implementación del programa Progresar, destinado a una franja vulnerable que en el país supera el millón y medio de jóvenes entre 18 y 24 años. En Mendoza, se estima que este grupo está compuesto entre 20 mil y 60 mil jóvenes a los que se buscará incluir en el sistema educativo con un incentivo de 600 pesos.

El Programa recién comenzará a aplicarse en marzo, según indicaron en el ministerio de Desarrollo Social. Los recursos serán aportados por el Tesoro Nacional, pero la inscripción se realizará a través de la Anses, que ya instrumenta otro programa social de alcance mayor, la Asignación Universal por Hijo.

Las provincias no estarán al margen de su puesta en marcha. Tendrán que aportar la estructura para captar a los destinatarios y coordinar acciones con municipios y organizaciones que ya trabajan en el territorio sobre esta problemática. Sin embargo, también se destaca otra cualidad: lo que se busca eliminar es la cantidad de intermediarios, para así evitar que el programa sea utilizado como una herramienta política.

El Estado apunta así con sus políticas sociales por primera vez a una franja etárea que no es simple de definir ni de captar a través de programas específicos. De acuerdo con César Maturano, director de Juventud de la provincia, este grupo social no se restringe solamente a un solo sector social, pero donde se siente mayor vulnerabilidad es precisamente en los estratos más bajos. «Las razones de la exclusión son varias, principalmente la económica. Y el hecho de que el sistema educativo sea expulsivo. El incentivo hará que la escuela vuelva a ser atractiva».

«Depues de la crisis del 2001, se desintegró la comunidad y la familia. Muchos de estos chicos, terminaron sociabilizándose en una familia desvastada, sin horizontes. Por distintas situaciones, no accedieron al sistema educativo ni a un trabajo, porque tenían a su vez padres desempleados. Nos hemos encontrado con sectores medios y acomodados que, por distintas situaciones, no han accedido al sistema educativo. La educación es primordial porque es igualadora», describió Rafael Moyano, subsecretario de Desarrollo Social y Familia.

¿Cuántos son realmente?

En Mendoza, las cifras oficiales que se tienen sobre este universo oscilan entre las 20 mil y los 40 mil individuos que no estudian ni trabajan o, bien, tienen trabajos informales. «Viene a engrosar lo que ya estamos haciendo en Mendoza», indicó el funcionario de Desarrollo. Para la Anses, las cifras son mayores. Calculan que podrían ingresar unos 60 mil jóvenes en el programa.

La Provincia ya viene implementado esta política con los programas De la esquina a la escuela y De la esquina a la universidad. Con estos programas, Moyano recalcó que se incorporaron unos 20 mil jóvenes al sistema educativo, que incluye una capacitación laboral. Además, recalcó que no dejarán de existir con la implementación de Progresar, sino que serán complementarios.

El fenómeno no es nuevo y se viene observando desde fines de los ´90. Una aproximación a la cifra real se tendrá cuando comience la inscripción. Por ahora todo es estimación, aunque las estadísticas extraoficiales siempre fueron superiores a las marcadas por los organismos del Estado.

Críticas y defensas

La medida anunciada en el acto en que Cristina volvió al ruedo, recibió algunos cuestionamientos puntuales de la oposición. El diputado nacional Julio Cobos aseguró en varios medios que «no alcanza» con este nuevo programa, pero consideró positivo que el Gobierno nacional reconozca que hay un millón y medio de jóvenes fuera del sistema. Durante su gestión como gobernador de Mendoza, Cobos puso en marcha el programa Servicio Cívico Voluntario para captar este grupo. El programa luego fue desarticulado por Celso Jaque, que implementó a su vez De la esquina a la escuela.

Su rival en la interna radical, el senador nacional Ernesto Sanz, consideró a su vez que «ese millón y medio de chicos excluidos es una de las dimensiones del retroceso del kirchnerismo».

Desde el Gobierno provincial defendieron la iniciativa ante las críticas que se hicieron. «No es una prebenda. Es un derecho que se asemeja a la AUH», remarcó Maturano. «Implica seguir avanzando en un proyecto de vida. Esto es un hecho positivo. No podemos fallar en esta instrumentación y es una gran posibilidad que se abre para muchos jovenes, que les va a permitir tener un acompañamiento de parte del Estado y tener una pequeña remuneracion. Es un premio al esfuerzo. Es al revés de todo lo que dicen», aseguró Moyano.

En este sentido, el joven inscripto en el programa tiene que presentarse a tres controles -en marzo, junio y noviembre- para revalidar su participación en el programa. Estos controles no serán académicos, sino de salud. También se tiene que presentar certificados escolares que acredite los estudios, y cuya falta implicará la pérdida de la contraprestación.

Fuente: El Sol