Un proyecto que plantea la legalización de la marihuana en Argentina, elaborado por la diputada María Rachid y la Mesa Nacional por la Igualdad y la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA), obtuvo estado parlamentario con la firma de la diputada nacional Araceli Ferreyra (FpV-Corrientes).
En sintonía con los reclamos centrales de la cuarta edición de la Marcha Nacional por el Cannabis realizada el sábado pasado, el proyecto contempla una reforma integral de la actual Ley Nacional 23.737 y, además de despenalizar la tenencia de sustancias prohibidas y el autocultivo de marihuana, reforma otras figuras penales para evitar “la violencia institucional y el abuso” del que suelen ser víctimas los usuarios.
La iniciativa presentada este año incluye nuevos aportes, ofreciendo una perspectiva integral en la materia, y señala “los fracasos de la absurda política represiva y prohibicionista en la materia, presente en la cantidad víctimas de violencia, encarcelados y muertos que se pueden adjudicar a esta ‘guerra’ que nos fue impuesta”.
El proyecto que legaliza el cannabis, deja abierta la oportunidad de regulación de dicha sustancia, considerando que no pudiéndose regular lo prohibido, el primer paso debe ser la legalización seguida de una regulación complementaria (como ser el caso del alcohol y el tabaco por ejemplo, ambas sustancias legales pero reguladas). Por lo cual, entiende que la legalización y la regulación, “no son términos antagónicos sino más bien complementarios y sucesivos, apartándose de una falsa dicotomía que no ayuda al proceso”.
La propuesta expresa que hay que desinvertir esta carga probatoria, y que las agencias de seguridad y la justicia penal, con todas las atribuciones que les son propias, tienen el deber de obtener pruebas «complementarias y suficientes» que indiquen que la posesión de estupefacientes será destinada a la venta o a la comisión de otros delitos, no pudiendo las fuerzas de seguridad proceder a la demora, aprehensión o detención de una persona, ni abrirle causas penales por la mera tenencia.
Desde la sanción de la actual ley de estupefacientes, en 1989, 400.000 jóvenes han sido víctimas de este sistema de persecución y criminalización, mediante la figura de «tenencia» y su formulación vaga y ambigua; por lo cual, el proyecto brinda principal atención en ello.
Asimismo, para promover la salud integral de consumidores de todas las sustancias –legales e ilegales- y de la sociedad en general, se incorporaron al proyecto políticas de reducción de la vulnerabilidad de los usuarios y de los daños asociados al consumo. Esta perspectiva, novedosa en nuestro país, fue aplicada exitosamente en países de Europa y otros de la región, ya que permite mejorar sensiblemente la calidad de vida de quienes consumen sustancias psicoactivas. Ello a su vez se complementa con la creación de un «Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios y Usuarias de Sustancias Psicoactivas», de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de calidad y respeto a los derechos humanos.
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