El colapso del sistema eléctrico nacional pone de manifiesto las consecuencias de haber aplicado políticas incorrectas. Las tarifas, artificialmente bajas, exacerban el consumo y desalientan la inversión. Esas inconsistencias se disimularon durante mucho tiempo gracias a la expansión de la capacidad de generación de electricidad por las inversiones acumuladas en la década de los ´90, pero ahora llegaron los inevitables cortes y la situación tiende a empeorar.
Estas son las conclusiones de un análisis del Instituto de Desarrollo Social de Argentina (IDESA) acerca de la realidad del mercado eléctrico nacional y las razones del déficit de energía.
El diagnóstico oficial pone el acento en las condiciones climáticas adversas que exacerban el consumo. Sin embargo, las características que están mostrando los cortes sugieren un problema más estructural similar al que en otras épocas sufrió la Argentina.
Para dilucidar la cuestión resulta pertinente analizar la evolución de la potencia efectiva instalada. Es decir, la capacidad que tienen las centrales eléctricas de entregar energía de manera continua a las distribuidoras de electricidad. Obviamente, para evitar cortes es necesario que dicha capacidad evolucione de manera consistente con la demanda de electricidad. Planteado de manera aproximada, el ritmo de crecimiento de la oferta energética debería ser similar al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).
Según información oficial publicada por CAMMESA (Compañías Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) sobre potencia efectiva instalada y el Ministerio de Economía sobre el PBI para los últimos 20 años se observa que entre 1993 y 1998, el PBI creció a una tasa del 4,7% promedio anual y la potencia instalada de energía al 6,1%.
Entre 1998 y 2003, el PBI cayó a una tasa del -2,3% promedio anual pero la potencia instalada siguió creciendo al 4,0% promedio anual. Entre 2003 y 2013, el PBI creció a una tasa del 6,5% promedio anual y la potencia instalada apenas el 3,2% por año.
Estos datos muestran que hasta el año 1998 la capacidad de generación eléctrica creció a un ritmo superior al de la economía. Con la caída en la producción cuyo pico se da en el 2002, se profundizó la holgura en materia de disponibilidad de energía ya que la capacidad de generación siguió creciendo mientras la actividad económica disminuía. Pero a partir del año 2003 las tendencias se revirtieron creciendo la potencia instalada en menos de la mitad que el PBI. Esto inevitablemente, y más allá del clima, derivó en la crisis actual.
El pobre crecimiento de la capacidad de generación se explica por la deficiente política de regulación eléctrica. Un tema central es la fijación de tarifas artificialmente bajas compensadas con subsidios, ya que entre 2003 y 2012 el costo de generar electricidad se multiplicó aproximadamente por 9, pero los precios que pagan los usuarios sólo por 3. Para paliar semejante inconsistencia, CAMMESA recibe fondos del Tesoro nacional. Administrados de manera poco transparente se estima que este año se asignaron a esta finalidad $40 mil millones, o sea, la mitad del déficit fiscal, con el agravante de que estos subsidios benefician fundamentalmente a las familias que viven en la región metropolitana.
Por eso, en la Ciudad de Buenos Aires, es decir donde vive la población de más altos ingresos del país, se paga por la electricidad menos de la mitad que, por ejemplo, en Santa Fe o en Córdoba.
Los cortes de luz ilustran las contradicciones del populismo aplicado a la administración del sistema eléctrico. Con irresponsabilidad y demagogia se usaron inversiones hechas en el pasado para sostener tarifas que no compensan los costos de producción. Esto fatalmente terminó en la escasez que causa los cortes de luz y el beneficio de las tarifas queda eclipsado por los daños que generan esos cortes. Familias y empresas ahora están pagando las consecuencias de esta política con descomposición de alimentos, pérdidas de horas de trabajo y gastos adicionales para proveerse individualmente de electricidad con grupos electrógenos.
La solución estructural es fijar las tarifas acorde a los costos de producción, estableciendo una tarifa social para los hogares de menos recursos. Esto va a alentar las inversiones que permitirán evitar los cortes y mitigar las muchas oportunidades de corrupción que generan los subsidios. Tan importante como volver a contar con un sistema eléctrico confiable es que se eliminará la injusticia de que la gente del interior pague impuestos para que las familias de Buenos Aires disfruten de tarifas artificialmente bajas
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