No sólo en estos días trágicos quedaron destrozadas vidrieras y cortinas metálicas, a raíz de los saqueos inducidos -indirecta o directamente- por la grave crisis policial en casi todas las provincias. También quedaron destrozados muchos argumentos que nutrieron los discursos oficiales para camuflar los mayores problemas irresueltos de la era K: inseguridad, inflación, desigualdad social y deterioro institucional.

Una por una fueron desvirtuándose premisas que el gobierno de Cristina Kirchner dio por válidas ante el paulatino descreimiento de buena parte de la sociedad, manifestado en el voto castigo de las últimas elecciones legislativas. El Estado omnipresente (cuyo gasto duplicó su participación del 23 al 47% del PBI), estuvo ausente para brindar seguridad donde más se lo necesitaba; o bien llegó tarde, cuando ya se contabilizaba una decena de muertes. La inclusión social no es tal, si se consideran datos que no aparecen en las estadísticas oficiales. Según la UCA, la pobreza alcanza al 25% de la población y hay casi tres millones de jóvenes de 18 a 29 años que ni trabajan ni estudian o no completaron la escuela secundaria. Según el ex viceministro Daniel Arroyo, esto los hace vulnerables a las adicciones, al narcotráfico y al delito en centros urbanos con barrios precarios, donde conviven con punteros políticos, dealers o barras mafiosas habituadas a la violencia cotidiana. Como resultado, ganan más los que actúan impunemente por izquierda que por derecha y eso trastoca la escala de valores familiares. Según la UCES, un promedio de 20% de los hogares argentinos sumaba a mediados de 2013 (entre salarios y planes sociales) ingresos totales inferiores a un salario mínimo vital (entonces de $ 2875 mensuales), proporción que se eleva al 33% en las provincias del NEA.

La premisa garantista de no criminalizar la protesta social se convirtió en un sinónimo de impunidad ante delitos -espontáneos u organizados- penados por la ley. Con el agravante de que las instituciones policiales que deben prevenirlos o combatirlos también entraron en la misma ilegalidad, al recurrir a inaceptables métodos extorsivos para lograr mejoras salariales que, de otro modo, difícilmente hubieran conseguido. A ello se suma la relativamente baja condena social al vandalismo y los saqueos, limitada en la mayoría de los casos a filmarlos pasivamente para subirlos a Facebook, según el sociólogo Marcos Novaro. No menos grave fue la opción de comerciantes de varias ciudades por armarse en defensa propia, a la manera del Far West. Demasiadas fracturas sociales e institucionales para atribuirlas a un complot planificado con precisión quirúrgica.

Para completar el cuadro, los gobernadores que bajo presión otorgaron de un día para otro aumentos de 50 a 100% en los sueldos básicos policiales, corroboraron que el federalismo fiscal hace tiempo que pasó a ser una política discrecional. La mayoría de ellos no dispone de recursos para pagar esas mejoras, ni las que reclaman otros gremios provinciales, que ya amenazan con huelgas para conseguir porcentajes similares. El contagio, por lo visto, no se limita a las paperas ni a la varicela. Y no tardaría en extenderse a gremios del sector público nacional y al sector privado, como lo demuestra el plus de fin de año ($ 4500) reclamado por el sindicato de camioneros de Moyano, otro especialista en métodos extorsivos exitosos e impunes.

NÚMEROS INQUIETANTES

Esas incógnitas amenazan al escenario macroeconómico para 2014. Especialmente en materia fiscal y monetaria, ya que la mayoría de los analistas descuenta que buena parte de este aumento del gasto público provincial y nacional será cubierto con la «maquinita» del Banco Central, a costa de mayor inflación y presiones cambiarias.

En este sentido, el Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf) -que dirige Nadin Argañaraz- elaboró dos escenarios hipotéticos con proyecciones inquietantes. Antes de la crisis policial, el Iaraf preveía para el año próximo un déficit fiscal consolidado (Nación + Provincias) de $ 122.000 millones anuales (2,9% del PBI) con necesidades de financiamiento totales por $ 215.000 millones (5,2% del PBI), de las cuales $ 81.550 millones (1,9% del PBI) serían cubiertas por adelantos transitorios del BCRA.

El primer escenario (denominado «apriete contenido»), supone que la mejora de 50% se limita a la policía (sin considerar retirados) y empalma con un ajuste de 25% anual en paritarias provinciales. En este caso, el déficit fiscal consolidado sube $ 25.000 millones (el costo del conflicto) y totalizaría $ 147.000 millones anuales (3,5% del PBI), de los cuales casi una cuarta parte corresponde a las provincias. Así, las necesidades de financiamiento subirían a $ 240.000 millones (5,8% del PBI) y la emisión del BCRA a $ 106.150 millones (2,5% del PBI).

Pero el segundo escenario («epidemia»), más extremo y explosivo, calcula qué ocurriría si, hipotéticamente, todo el personal del sector público nacional y provincial obtuviera el 50% logrado por las policías y, posteriormente, un aumento de 25% en las paritarias de 2014. En ese supuesto, el déficit fiscal consolidado más que se triplicaría: $ 370.000 millones (8,9% del PBI), con necesidades de financiamiento totales por $ 463.500 millones (11,1% del PBI) y adelantos del BCRA por $ 329.650 millones (7,9% del PBI). Casi la mitad del déficit ($ 180.300 millones) correspondería a las provincias.

Probablemente la realidad tienda a ubicarse en un punto intermedio, aunque esta semana ya haya que computar la mejora salarial para las fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Aeronáutica), anunciada por el gobierno de CFK para curarse en salud y, al menos, equipararlas con las que obtuvieron los efectivos provinciales rebeldes. Pero también torna cosmética la prórroga hasta abril de las deudas provinciales con la Nación que vencen a fin de año (unos $ 75.000 millones, con intereses anuales por $ 7000 millones) y ya comenzó con Córdoba, precisamente la provincia donde se gatilló la crisis y la Casa Rosada había dejado a la intemperie.

La encrucijada fiscal resulta más inquietante debido a que la inflación se aceleró en noviembre (2,4%, según el IPC-Congreso) y en lo que va de diciembre. Según el relevamiento de esta columna, en la misma sucursal de una cadena de supermercados, el costo de la canasta fija de 30 productos se ubica este mes en $ 1113,55, o sea 4,5% más que en noviembre. Y si se compara con diciembre de 2012 ($ 809,93), arroja un alza de nada menos que 37,5%. Probablemente como «colchón» previo a los «acuerdos» de precios pos-Moreno anunciados para enero, 26 productos registran subas respecto del mes pasado y la mitad de dos dígitos. Entre ellos, yerba mate (60%); papel higiénico (70%); agua mineral (25%); fideos guiseros (24%); gaseosas de primera marca (20%) y cortes de carnes y pollo (de 15 a 22%). Para el Indec, en cambio, el IPC subió en noviembre el consabido 0,9% mensual (9,4% en 11 meses). Otro discurso oficial próximo a terminar de destrozarse, aunque más no sea por la necesidad de sincerar los índices oficiales para conseguir financiamiento externo y aliviar los apremios fiscales y la caída de reservas.

Fuente: La Nación