La propuesta del Gobierno se encuentra cajoneada en una comisión de la Cámara de Diputados desde hace más de dos meses. No la quieren legisladores de todos los partidos y hasta genera rechazos en el Ejecutivo.

El gobernador Francisco Pérez presentó en la Legislatura hace más de dos meses un proyecto para que los funcionarios de los tres poderes del Estado presenten declaración jurada de bienes y que ésta sea de acceso público y gratuito. Sin embargo, la iniciativa no tiene fecha cierta de tratamiento aún y todo indica que hasta el año próximo no habrá ninguna novedad al respecto.

En realidad, nadie estima plazos, ya que el proyecto se encuentra en vía muerta. Está depositado desde fines de setiembre en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y no se discute. “Es parte del temario”, se defendió el presidente de esa comisión, el legislador justicialista Alejandro Viadana. Sin embargo, la oposición dice que está relegado en la lista de prioridades.

“No tiene prioridad para el oficialismo, se encuentra en el puesto 30 del temario. Vamos a hacer un intento de reflotarlo antes de fin de año”, indicó el diputado radical Tadeo García Salazar, a pesar de que se trata de un proyecto del oficialismo. La propuesta de Pérez está acumulada con una serie de proyectos de ética pública de distintas épocas, a los que le ha tocado correr el mismo destino: cajoneo y olvido.

Fuera de micrófono, los legisladores reconocen que el desinterés es generalizado. “No hay decisión política”, reconoció a este diario un hombre del propio oficialismo. “Hay rechazos en todos los partidos”, expresó otro. Hasta algunos funcionarios del Poder Ejecutivo se han quejado del proyecto que los obligaría a replicar en un registro de acceso público las declaraciones de bienes que les exige la AFIP.

En consecuencia, a pesar del discurso del gobernador contra la “hipocresía” de algunos políticos, todo sigue igual que hasta el 1 de mayo, día en que Pérez anunció ante la Asamblea Legislativa que mandaría una ley para que los funcionarios declaren sus bienes.

Poco control. Las controles y requisitos existentes, para bien de muchos, son muy livianos en Mendoza. Los funcionarios se rigen por un decreto de 1990 que establece la presentación de las declaraciones, en sobre cerrado, a la Escribanía General de Gobierno. Nadie puede acceder a ellas sin orden judicial y poco se sabe de los que cumplen y los que no.

Hay senadores provinciales que también han presentado la declaración patrimonial a la Escribanía de Gobierno, aunque ante la consulta de este diario, las autoridades de la Cámara Alta no dieron información alguna sobre cuál es el sistema.

La Cámara de Diputados, por su parte, tiene una resolución de 2007, que fue ratificada en mayo de este año. Pero la resolución 18 dice que la presentación de la declaración jurada es voluntaria y que incluso queda a juicio de cada legislador “la difusión pública o periodística de la misma”.

Estas declaraciones están guardadas bajo llave en la Secretaría Habilitada de la Cámara Baja. Según pudo saber este diario, pocos se han presentado a cumplir el requisito últimamente y en el cajón se mezclan carpetas de legisladores actuales con las de otros que ya dejaron la función.

Atrasados. Mendoza está claramente atrasada respecto de lo que pasa en el país en materia de transparencia, ya que existe a nivel nacional una ley de Ética Pública que impone el requisito de presentar la declaración de bienes a la Oficina Anticorrupción.

Este año se puso en práctica un nuevo sistema que generó polémica, dado que restringió los datos públicos de la declaración. Sin embargo, a la vez, se avanzó un paso al incluir a los candidatos de la última elección.

Esta cláusula fue contemplada en el proyecto del Poder Ejecutivo provincial, que está a tono con las políticas a nivel nacional, pero tiene a su vez sus particularidades.

A pesar de tener ciertas dudas en este punto, el Gobierno propuso que los ministros de la Corte y los jueces también presenten su declaración la Escribanía General, en medio de una extensa nómina de funcionarios que incluye hasta los comisarios.

Se fijó en el proyecto que estos datos, similares a los de la presentación de ganancias ante AFIP, serán públicos, salvo en el caso de los familiares y socios.

Pérez propuso además la creación de un “registro de infractores” que sería difundido por los medios e incluyó una multa del 50 por ciento del sueldo para aquellos funcionarios que no cumplan con la ley.

Fuente: El Sol