En medio de un fuerte desconcierto, el gobierno de Cristina Kirchner buscó ayer deslindar las culpas por la crisis de protestas policiales y saqueos a comercios en el interior del país, y dijo que «son de exclusiva competencia de las provincias». Pero en las últimas horas movilizó a 10.000 efectivos de Gendarmería Nacional a las regiones más calientes para evitar el efecto contagio. Además, dejó trascender que diseña un plan antisaqueos para el 20 de diciembre próximo, cuando se recuerda el peor día de la crisis de 2001.
Preocupan sobremanera las convocatorias en redes sociales a saquear comercios y supermercados chinos el próximo día 20. «Estamos preparando un plan operativo para esa fecha, pero antes hay que frenar esta locura de hoy», dijo un alto funcionario a LA NACION.
Pese al nerviosismo oficial, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, insistió ayer en Chaco en que la responsabilidad por la seguridad es «pura y exclusivamente de competencia provincial».
En medio de este cuadro, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, viajó ayer con 2500 gendarmes a la provincia de Santa Fe por pedido del gobernador Antonio Bonfatti. Otros 2000 había enviado anteayer a Córdoba, los que se sumaron a los prefectos que fueron a Catamarca y a los escuadrones de gendarmes que viajaron a Neuquén, Río Negro, San Juan, Chubut, La Rioja, Bariloche y a la provincia de Buenos Aires (Mar del Plata y Chivilcoy, entre otros).
Los operativos en cada región consisten en presencia de gendarmes, coordinados con fuerzas provinciales, intercambio informativo, tácticas de cómo ingresar, salir y cubrir los barrios, métodos de comunicación entre fuerzas y denunciantes barriales de los saqueos.
«En total estamos movilizando 10 mil efectivos de Gendarmería», confió un funcionario del Ministerio de Seguridad que dirige María Cecilia Rodríguez, que en los cinco días de crisis aún no se mostró en público.
El diagnóstico real del Gobierno es alarmante. En la más estricta reserva atribuye los saqueos a que las policías provinciales acuarteladas liberan zonas e instigan a grupos de delincuentes, algunos vinculados con el narcotráfico, con los que tienen contacto, para que cometan esos estragos en motos y camionetas. Así presionan y condicionan a los gobiernos provinciales.
Esa fue la conclusión de Berni, que anteayer viajó a Córdoba y que conversó con todo el gobierno de José Manuel de la Sota. Ese mismo informe le dio Berni a Cristina Kirchner anteanoche en Olivos y ella ordenó un plan y movilizar a las fuerzas.
«Este es un apriete terrible a los gobiernos provinciales», señaló un alto funcionario a LA NACION.
La crisis social es el caldo de cultivo para que se propaguen esos focos a cientos de saqueadores. Por eso, la Presidenta evalúa en Olivos adelantar el pago del aguinaldo a todo el sector público y a los jubilados para antes de la Navidad. «Esto aportaría poder de consumo y calma antes de las Fiestas, una fecha sensible», confió ayer una fuente oficial.
En lo económico, apuesta a que las empresas cerealeras aporten esta semana 2000 millones de dólares a cambio de una letra del Banco Central y así oxigenar las reservas que caen todas las semanas. «Esto aportará dólares», se ilusionaba un funcionario.
«Es una locura lo que pasa. Hay falta de conducción política de los gobiernos provinciales», acusó un funcionario nacional. Pero el temor es que el acorralamiento alcance al gobierno nacional, porque cualquier chispa puede hacer explotar zonas que son carentes.
Puertas adentro, según supo LA NACION, algunos funcionarios evaluaron que Cristina y su secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, demoraron demasiado el envío de gendarmes a Córdoba para aislar a De la Sota por ser opositor y dejaron escalar el conflicto a un punto de descontrol. Capitanich quería enviar las tropas de inmediato, pero fue obligado a acatar la orden. Cristina desgastó así a su nuevo ministro y dejó que las demás policías provinciales se sumaran a la protestas.
«El autor intelectual fue Zannini», señaló un alto funcionario. Los gobernadores le recriminan ahora haber abierto ese conflicto.
«El tema de fondo es salarial y hay que tener sindicatos en las fuerzas», insistió a LA NACION el ex gendarme y vocero de esa fuerza Raúl Mazza.
El dirigente piquetero kirchnerista Luis D’Elía pidió denunciar la convocatoria por redes sociales a saqueos para el día 20 al teléfono 0800-555-5065 del Ministerio de Seguridad y llamó a los militantes a que estén «en estado de alerta».
PREOCUPAN A LA IGLESIA LOS FOCOS DE TENSIÓN
La Iglesia sigue con preocupación las situaciones de tensión registradas por las protestas policiales y los saqueos registrados en varias provincias, aunque no hay «una preocupación nacional», precisó una fuente eclesiástica a la nacion. «En algunos lugares pidieron colaboración. La vía recomendable es el camino institucional: la Argentina necesita tranquilidad y paz», afirmó, en tanto, el arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado.
En la Iglesia se evalúa que el modo en que intervino el obispo auxiliar de Córdoba, Torres, es el modelo a seguir. «Facilitó el diálogo, trabajó con el gobierno provincial y los intendentes y escuchó a los vecinos», indicó una fuente. Entre otros lugares de conflicto, la Iglesia mostró su preocupación por la situación en Bariloche.
Fuente: La Nación
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