En los primeros días de 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos resolverá si acepta o rechaza el pedido de competencia en la causa iniciada por los familiares de 14 de los 17 trabajadores de la planta González Catán de la empresa automotriz Mercedes Benz, desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en la Argentina.

Así lo informó el abogado y ex trabajador de la filial local de la fábrica, Eduardo Fachal, quien señaló que el 10 de enero próximo es el límite del máximo tribunal estadounidense para pronunciarse sobre la demanda civil iniciada por familiares y tres sobrevivientes.

Si el tribunal acepta la competencia comenzará a sustanciarse la investigación para determinar la complicidad civil de Mercedes Benz en la desaparición en 1977 de 17 operarios, incluyendo a la comisión interna, de la planta ubicada en territorio bonaerense durante el terrorismo de Estado. El argumento que se pondrá a prueba es que la firma, que pertenece a la multinacional Daimler AG, tenía una doble casa matriz con los mismos derechos, una en Stuttgart, Alemania, y la otra en Auburn Hills, Michigan, por lo que se podría aplicar la jurisdicción estadounidense.

Los querellantes recurrieron a la Corte de los EE. UU. bajo la figura de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), prevista en la ley federal de ese país, que establece la posibilidad de demandar en territorio de los Estados Unidos a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales allí o en países con los que tiene tratados celebrados, como es el caso de la Argentina.

La causa por daños y perjuicios denominada “Daimler AG v Bárbara Bauman” se inició en 2004 y fue rechazada en dos instancias, la última en 2009. Sin embargo, el expediente llegó a la Corte de Apelaciones del noveno circuito de California, que al año siguiente se pronunció por la anulación de esos fallos adversos y a favor de la competencia de la justicia norteamericana en el caso.

En Argentina, la causa por secuestros y torturas a 17 trabajadores –14 de los cuales continúan desparecidos– fue iniciada por la periodista Gabriela Weber en 2002 en el juzgado de Daniel Rafecas hasta que en 2006 parte del expediente pasó al juzgado federal de San Martín, a cargo de Alicia Vence, sin que hasta el momento existan procesados ni detenidos.

El camino en la justicia de EE UU comenzó en 2004 cuando los tres trabajadores de ese grupo que sobrevivieron al cautiverio en Campo de Mayo, junto a los familiares de los desaparecidos, iniciaron una demanda civil con la intención de que reconozca la complicidad civil de la firma con delitos de lesa humanidad.