El gobernador Francisco Pérez firmó un decreto con el que creó una comisión redactora para elaborar futuras modificaciones a la Ley Provincial de Aguas. Acompañado por los ex gobernadores Julio Cobos, Arturo Lafalla y José Octavio Bordón, Pérez remarcó la necesidad de actualizar un texto confeccionado en 1884 y que ha quedado desfasado en diferentes aspectos.

Si bien la Ley General de Aguas ha sido durante mucho tiempo un orgullo para la provincia de Mendoza, nadie niega que parte de su contenido ha quedado fuera de contexto debido al paso del tiempo. Incluso, la misma fue promulgada más de 30 años antes que la Constitución Provincial, que data de 1916, y cuya reforma también ha sido solicitada en más de una ocasión.

El Gobernador aseguró que considera el momento propicio para modernizar la ley y aclaró que se hará “priorizando el consumo humano, después el agrícola y luego el industrial. Entendemos que es una política de Estado y convocamos a todos los sectores universitarios, políticos, empresariales, gremiales y sociales a participar”, señaló.

Dos de los encargados de llevar a cabo esta compleja tarea serán los reconocidos juristas Miguel Mathus Escorihuela y Alejandro Pérez Hualde. Ellos tendrán seis meses para confeccionar el nuevo texto, que luego será trasladado al ámbito legislativo.

La ambición del mandatario provincial es lograr la concreción de un Código Único de Aguas que reúna todas las leyes vigentes acerca del tema. “Va a ser motivo de orgullo a nivel nacional, porque se tratará de la primera sistematización de normas en un código pensando en la provincia del futuro”, remarcó.

Uno de los motivos que esgrimió Pérez para justificar las actualizaciones que pretende realizar es que en el momento en el que se sancionó la norma no había un montón de instituciones como las que tenemos hoy. Por ejemplo: el Departamento General de Irrigación, el EPAS, AySaM, y muchos institutos científicos.

Debido a esto, en algunos casos particulares se presentan problemas de competencia que generan conflictos entre las diferentes entidades. Por otro lado, en 1884 tampoco existían los sistemas de riego actuales, o las represas hidroeléctricas. Ambos puntos serían incluidos a la norma, impactando positivamente en su desarrollo.

Otro de los grandes puntos que incluirá el nuevo texto será la incorporación del cuidado del agua como una materia obligatoria en las escuelas. “Estamos en un tiempo en el que tenemos que pensar la Mendoza que viene”, señaló por su parte el superintendente del Departamento General de Irrigación, José Luis Álvarez.

El agua: un tema sensible en el desierto

En un oasis como Mendoza, el agua es un recurso fundamental para el crecimiento sustentable. A esto se debe que se recele tanto a la hora de realizar modificaciones a la norma que rige su uso.

En el encuentro, que se desarrolló en el Espacio Cultural Julio Le Parc, estuvieron presentes diferentes representantes del oficialismo y de los partidos de la oposición. Además del diputado Nacional Julio Cobos, también llegó hasta el lugar el presidente de la UCR local, Sergio Pinto, y la senadora nacional Laura Montero.

Esta última se mostró de acuerdo con la necesidad de realizar actualizaciones a una norma que tiene 130 años de historia, pero manifestó que existe “una genuina preocupación por parte de todo el arco productivo” porque esta gestión “tocó cosas muy esenciales”.

“Se permitió la licitación del agua subterránea y se la entregó al mejor postor”, recordó la legisladora nacional respecto a las polémicas habilitaciones concedidas por el anterior superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio, durante la gestión de Celso Jaque. Por este motivo, Montero sostuvo que si bien es bueno pensar “en una ley que guíe los destinos del recuso más escaso que tiene la provincia”, seguirán el proceso de cerca.

Mientras tanto, el presidente del Partido Demócrata, Richard Battagión, solicitó que además de los especialistas que elaborarán el texto, la Fiscalía de Estado tenga la posibilidad de revisar el proyecto.

“Creemos que resulta oportuno y conveniente someter la tarea de la comisión al control previsto en la Constitución de 1916, estableciendo que la revisión del proyecto sobre la Ley de Aguas será realizado por el Instituto de la Fiscalía de Estado y en especial de la Dirección de Asuntos Ambientales a cargo del prestigioso jurisconsulto Amílcar Moyano”, se puede leer en un comunicado difundido por el PD, firmado por Bataggión.

En el mismo, se subraya que el partido no tiene una postura reformista, pero aseguran estar abiertos al debate y al diálogo de las normas “que puedan profundizar los valores y el alcance de tan sabia legislación.

Fuente: El Sol