Los resultados PISA vuelven a animar el debate sobre el estado de la educación latinoamericana. En efecto, los ocho países de la región participantes en este examen (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay) califican dentro del 25 por ciento de más bajo rendimiento entre los 65 países participantes.Aunque entre ellos hay significativas diferencias de resultados, ninguno muestra niveles satisfactorios de logro. Chile, el más aventajado de los países del grupo latinoamericano, exhibe un rendimiento promedio que equivale a un año menos de escolarización que en España y Portugal, 2 años menos que en Suiza y 3 años menos que en Singapur. Son brechas sustanciales que es imprescindible enfrentar.
José Joaquín Brunner, profesor del Centro de Políticas Comparadas de Educación en la Universidad Diego Portales, de Chile, considerado una autoridad mundial en Educación, fue entrevistado por BBC Mundo para evaluar estos resultados.
Según el especialista, hay dos tipos de factores que explican las diferencias. Por un lado, el contexto socioeconómico y cultural de los países latinoamericanos es adverso. Hay más pobreza, desigualdades y desintegración comunitaria que en las sociedades desarrolladas, pero se gasta menos en educación, en el cuidado de los niños y en la formación de profesores.
Hay más violencia en los hogares y los padres tienen un menor nivel educacional. Muchos más niños y niñas viven vidas más difíciles en América Latina, en entornos hostiles, que sus pares de los países europeos. Y, a diferencia de lo que ocurre en un número de países del Asia donde la educación tiene un alto valor cultural y goza del apoyo absoluto de las familias, en América Latina la educación fue hasta la segunda mitad del siglo XX un privilegio de minorías mientras se negaba el acceso a las clases pobres del campo y la ciudad. Todavía ocurre así en varios países de la región, donde menos de la mitad de los jóvenes completa la educación secundaria.
Por otro lado, los sistemas escolares latinoamericanos son débiles. No sólo excluyen de las salas de clase a varios millones de niños y jóvenes sino que, además, un porcentaje de los que ingresan no obtiene una alfabetización a la altura del siglo XXI.
La infraestructura y el equipamiento de los colegios suelen ser precarios; el uso de tecnologías digitales limitado o inexistente; el tiempo dedicado al aprendizaje escaso; la disciplina excesivamente autoritaria o ausente, y las políticas educativas de los gobiernos son inestables, mal diseñadas a veces y su implementación y efectos poco evaluados.
Evidentemente cada uno de los países de la región sigue una trayectoria distinta, según muestra PISA. Por ejemplo, durante la última década Brasil exhibe una trayectoria moderadamente ascendente en lenguaje, matemática y ciencias; por el contrario, Uruguay retrocede en los mismos tres dominios. Chile y México avanzan gradualmente al menos en dos de estos dominios; Colombia los sigue algo más atrás. Argentina se halla estancada. Perú aparece a la cola a pesar de haber mejorado en el dominio de comprensión lectora durante la década pasada. Costa Rica recién comienza a participar en la prueba PISA de modo que no hay todavía un registro de su evolución.
En breve, el cuadro de resultados que ofrecen las pruebas internacionales obligará a América Latina a una acción profunda, persistente y urgente de cambios en la organización y prácticas de su educación.
¿Qué pueden aprender los países latinoamericanos de la experiencia de otros países que participan en este examen y de la evidencia producida por la investigación educacional?
En primer lugar, que es posible mejorar resultados del aprendizaje, pero que para lograrlo se requiere un esfuerzo concertado de la nación: del gobierno y los colegios, de las familias y autoridades locales, de los empresarios y universidades, de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales y, prioritariamente, de los docentes y sus alumnos. Se requieren políticas de largo plazo, estables, coherentes y dotadas de suficientes recursos.
Los gobiernos deben contar con una estrategia de desarrollo sustentable de la educación que articule las expectativas y los intereses de los diversos actores. De no existir una tal estrategia, las políticas y medidas de los gobiernos se vuelven erráticas, prima el conflicto y al final los sistemas se estancan y la opinión pública pierde confianza en el valor de la educación como medio para ensanchar las oportunidades de vida y las posibilidades de movilidad social.
Enseguida, la experiencia muestra que para mejorar la calidad de los aprendizajes América Latina necesita hacer un esfuerzo extraordinario de equidad educacional. No hay otro camino. La educación debe compensar las desigualdades de la cuna y para esto los países necesitan entregar atención temprana y jardines infantiles de calidad para la población más vulnerable.
Ningún niño debe quedar fuera de la escuela o abandonarla antes de completar la educación obligatoria. Es imperativo que ésta sea de similar calidad para todos. En esto reside el mayor desafío para la región. Para ello hay que formar profesores y directivos escolares capaces de elevar la efectividad de los procesos de enseñanza. Hay que evaluar resultados y corregir los bajos desempeños. Hay que premiar a los mejores profesores de aula y ofrecer segundas oportunidades de capacitación a aquellos menos competentes.
Todo esto obliga a invertir más y mejor en educación. En promedio, América Latina ha aumentado el gasto público en relación al PIB durante la última década. Pero el gasto por alumno es bajo aun y hay recursos que se usan con escasa eficiencia. Evidentemente, no se trata de convertir a los colegios en empresas ni puede esperarse que el mero hecho de aumentar el gasto traiga consigo mejores resultados.
Debe incrementarse el gasto pero, al mismo tiempo, importa mejorar la gestión, elevar los estándares y las exigencias, hacer efectiva la rendición de cuentas, generar un más fuerte control por parte de la comunidad y crear redes de apoyo para las escuelas, especialmente las más rezagadas.
En suma, PISA 2012 debe servir en América Latina no solo para construir rankings efímeros y hacer comparaciones deprimentes entre países de alto y mediano desarrollo si no para generar nueva información y conocimiento que ayude a mejorar el trabajo de los profesores en la sala de clase, de los directores en sus escuelas y de los políticos y académicos al momento de diseñar reformas e impulsar programas de innovación pedagógica».
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