Foto: Walter Talotti

En la Legislatura provincial se está analizando el proyecto de presupuesto  2014 que ha elaborado el Poder Ejecutivo, y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se escuchó ayer el  reclamo del representante de la Fiscalía  de Estado, Javier Fernández, quien pretende que se le aporte casi el doble de los fondos que se le quiere asignar.

La solicitud del fiscal subrogante Fernández, quien está ocupando el lugar del suspendido Joaquín de Rosas (ver aparte), tiene, entre otros fundamentos, el que a este organismo de control y  defensa de los intereses del Estado provincial le quieren dar para su funcionamiento 30 millones de pesos menos de lo que se le autorizó para el 2013.

La pauta de gastos de la Fiscalía de Estado para el ejercicio en curso fue de 86 millones de pesos, y para el año próximo le han proyectado 56 millones de pesos, es decir, 30 millones menos.

De todas formas, en la exposición que realizó ayer Fernández ante legisladores del oficialismo y de la oposición, indicó que necesita cinco millones de pesos más para el 2014 de lo que le se le  presupuestó para el 2013, es decir, 91 millones de pesos.

Este monto representa 55 millones de pesos más de lo que le quiere asignar el Ejecutivo, lo que aún debe ser autorizado tanto por los diputados como por los senadores.

Si bien es cierto que en el presupuesto de la Fiscalía de Estado se incluyen los montos que se deben pagar por los casos en la que la Provincia pierde un juicio, fondos que de todas formas no  administra, según Fernández, la reducción en la pauta de gastos afecta directamente el funcionamiento administrativo de este organismo.

Fernández les solicitó a los legisladores que revean lo que el Ejecutivo le quiere asignar y de igual manera aguarda que consideren la petición los diputados opositores como los oficialistas.

Los integrantes de la comisión que escucharon ayer a Fernández –tanto de los bloques opositores como la presidenta oficialista Rita Morcos– estuvieron de acuerdo con las dificultades que podría  significar para el organismo la disminución de partidas en relación con la pauta vigente para este año.

El total de lo presupuestado para la Fiscalía de Estado se destinará a personal (114 cargos), reclamos administrativos, expedientes en trámites, personal temporario, bienes corrientes, servicios  generales, locaciones de servicios, juicios, servicios públicos y bienes de capital.

JERARQUÍA. Fernández, en su exposición, además, indicó que su intención es que la Fiscalía de Estado logre tener la jerarquía que tiene el Tribunal de Cuentas, pero que si se termina aprobando el  presupuesto que se ha presentado para este organismo, su funcionamiento se verá afectado. Como defensa a la gestión que se ha hecho en los últimos meses, Fernández explicó que este año se  han tramitado 20 mil expedientes administrativos, duplicando la cifra de la misma tarea efectuada el año pasado.

Además, el funcionario explicó que en el transcurso del 2013 se han llevado adelante 18 mil juicios.

Acerca de este último punto, desde la Fiscalía de Estado comentaron que, sobre los juicios, salvo los fallos en los que se establece que la Provincia debe hacer un pago de manera inmediata, en otras ocasiones, hay decisiones políticas que van en sentido de estirar al máximo los plazos.

Por ejemplo, para el 2013, la Fiscalía de Estado indicó que se debían pagar juicios por 92 millones de pesos, pero se otorgaron 67 millones de pesos y, respecto del año venidero, estas cifras son de  60 millones de pesos y 35 millones, respectivamente.

Fernández, a la vez, planteó que una de las mayores dificultades que deben afrontar es el déficit tecnológico, y para graficar la situación dijo que para el área de juicios hay una computadora para 18  abogados, por lo que la mayoría de los profesionales se tiene que llevar su notebook personal para trabajar.

El salario de estos profesionales, también, según precisó Fernández, es de los más bajos de la administración pública, ya que cobran alrededor de 3.500 pesos.

“Un abogado con 18 años de antigüedad está cobrando 6.500 pesos, y un administrativo ronda los 3.500 pesos”, indicaron desde la Fiscalía de Estado.

Otra situación que se puso como ejemplo es que el vehículo que se utiliza para hacer las notificaciones es modelo 94 y que, ante las permanentes roturas, son los empleados los que ponen sus autos.

Entre las pretensiones que tiene Fernández está la de que la Fiscalía de Estado cuente con una movilidad nueva, lo que, en principio, parecería imposible de cumplir.

El fiscal subrogante también pide que el personal a su cargo tenga posibilidades de hacer cursos de perfeccionamiento, pero si se analiza que para bienes corrientes puede pasar a contar con 86 mil  pesos menos de un año a otro (200 mil pesos contra 114 mil pesos), la capacitación es otro objetivo que podría llegar a ser incumplible.

Según el artículo 177 de la Constitución provincial, la Fiscalía de Estado es el órgano jurídico independiente y extrapoder con competencia para entender en “la constitucionalidad de las leyes, pudiendo interponer la acción por inconstitucionalidad en abstracto (ley 728 y ley 4.418); la defensa del patrimonio del Estado en todo juicio que inicie, conteste o reconvenga, y en todo arreglo  extrajudicial que se inicie (ley 728 y ley 4.418); en el control de los agentes o funcionarios públicos a través de sumarios e investigaciones; el asesoramiento jurídico del Tribunal de Cuentas de la Provincia (ley  1.003); la ejecución de sentencias contra el Estado, diligenciando administrativamente a los poderes, ministerios o entes responsabilizados (ley 5.812); la fiscalización ambiental, provincial y municipal,  pudiendo corregir administrativamente o  demandar judicialmente elamparo ambiental (ley 5.961)”. Además, según el artículo 1 de la ley 728, la Fiscalía de Estado interviene en todo asunto administrativo en que aparezca interesado el patrimonio del Estado o afectados los intereses del fisco.

A LA ESPERA DE QUE SE DEFINA EL CASO DE ROSAS

Javier Fernández es el fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía de Estado, ya que su titular, Joaquín de Rosas, está suspendido por mal desempeño en sus funciones.

De Rosas está suspendido desde agosto del 2012, y, por las últimas informaciones aportadas por uno de los legisladores a cargo del Jury de Enjuiciamiento, la postergación de este proceso se  prolongará hasta, por lo menos, febrero del 2014.

Patricia Gutiérrez, diputada provincial de Unión Popular, comentó que en las últimas horas le comunicaron que, ante la impugnación de una pericia que solicitó De Rosas, el proceso vuelve a tener una dilación.
“No tengo dudas de que hay intencionalidad de postergarel Jury, y en este caso tenemos una sentencia previa de la Corte provincial y aún así no podemos avanzar. Pero, también hemos dicho que  i no logramos el enjuiciamiento, habrá una denuncia penal por el mal desempeño de las funciones públicas”, dijo Gutiérrez. Cuando la legisladora habla de la posibilidad de que no se logre llegar a la  etapa de enjuiciamiento de De Rosas, hace referencia a un rumor por el que se sospecha que habría una maniobra para que el fiscal suspendido llegue a la edad para jubilarse y de esta forma esquive el Jury.

De Rosas enfrenta investigaciones por lo que se denuncia como posibles maniobras para favorecer a la familia Vila, una de las cabezas del Multimedio Uno y de otras empresas.

Los casos más comprometedores tienen que ver con que la Fiscalía de Estado habría avalado que se le pagara a los Vila un monto mayor  que a otros propietarios de tierras en la zona de Divisadero Largo, en el piedemonte, cuando se realizó una expropiación.

También hay otra demanda por la que se apunta a que con los fondos pagados a los Vila. Esta familia canceló una deuda con los ex bancos estatales. Quienes integran el tribunal de enjuiciamiento a  De Rosas son 21 miembros, entre ministros de la Corte y legisladores de las dos cámaras.

Fuente:  Diario El Sol

Por: Juan Rodríguez