Jóvenes que tienen tatuajes o que son discapacitados están limitados en su acceso al Instituto Universitario de Seguridad Pública.

La cantidad de efectivos que reviste en la fuerza policial mendocina viene siendo un tema que, en la mayoría de los casos, se presenta con algún nivel de déficit en relación con las demandas ciudadanas de mayor presencia de seguridad pública. En busca de hacer más permeable el ingreso a la institución en la que se forman, desde el Gobierno provincial analizan solicitar que se modifiquen algunos requisitos de la ley 6.722.

El dato fue aportado por el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, quien el miércoles estuvo exponiendo en la Comisión Bicameral de Seguridad, donde se refirió a diferentes puntos de la gestión y opinó con respecto a la necesidad de modernizar algunas limitaciones que imperan en la legislación actual, como que un aspirante posea tatuajes, sea discapacitado o tenga medidas antropométricas que no estén en el límite de lo permitido.

El comentario de Aranda se produjo en relación con lo que el funcionario explicaba que es una nueva mirada que se está teniendo respecto de viejos preceptos con los que se ha regulado la incorporación a la fuerza.

Aranda comentó que se han presentado diferentes casos en los que ha habido muchachos que quieren ser policías y, por tener un tatuaje en el cuerpo, no pueden inscribirse en el Instituto Universitario de Seguridad Pública.

Fue explicando esta situación que el ministro indicó: “Entonces, qué tengo que hacer con el personal que está en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico o en otras divisiones que dependen de Investigaciones, que están tatuados, usan el pelo largo, aritos y tienen otras particularidades que a veces son necesarias para introducirse en el ambiente correspondiente”, manifestó el funcionario, con referencia a quienes prestan servicio en Sustracción de Automotores, Homicidios o en otras áreas Inteligencia Criminal.

De igual manera, para seguir dando ejemplos de restricciones que no se adecuan a las capacidades que se requieren para cumplir funciones policiales, y que no hacen a las tareas habituales de vigilancia y prevención del delito, Aranda opinó que una persona que atiende el 911, en el Centro Estratégico de Operaciones, podría ser alguien con una discapacidad motriz.

Todos estos casos, el funcionario los expuso para cuestionar en algún sentido lo poco actualizada que ha quedado la normativa que fija cuáles son los requisitos que se exigen para ser policía, una legislación que surgió en 1999 y tras una reforma del sistema de seguridad pública que vio la luz luego de una revuelta policial.

“Nosotros preferimos no hablar de flexibilizar las condiciones de ingreso al Instituto Universitario de Seguridad Pública, ya que en muchas ocasiones esta palabra se relaciona con relajar los requisitos y que se piense que queremos que cualquier persona sea un policía. Por esta razón es que nosotros hablamos directamente de modificar o cambiar la actual legislación para que se contemplen situaciones específicas”, analizó Alejandro Gil, subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad.

Aranda estuvo exponiendo frente a los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguridad y compartió otra anécdota que cimenta la misma idea de actualizar los mecanismos que son necesarios para ser un miembro de la fuerza policial.

“Tenemos el ejemplo de una chica que es de Malargüe, que ha estudiado y está recibida de licenciada en Criminalística. Pero tiene una dificultad: su altura está por debajo de lo que se exige en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, que es en la actualidad de hasta 1,60 metros. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona con la predisposición natural de ser una profesional en Criminalística, que puede terminar siendo un personal de alto valor investigativo, se quede sin ingresar a la fuerza”, cuestionó Aranda.

El jefe de la cartera de Seguridad vinculó esta información con lo que desde ese ministerio consideran un nuevo paradigma a la hora de pensar la incorporación y formación de los uniformados.

Desde hace un par de meses, en el Ministerio de Seguridad ha comenzado a funcionar un programa de tutorías para que, quienes quieran ser policías, tengan desde antes de ingresar al Instituto Universitario de Seguridad Pública a una persona que los oriente, guíe y forme en una disciplina específica dentro de la fuerza.

Es decir, un tutor que es jefe en Investigaciones o en Bomberos o en la Unidad de Acción Rápida (policías en motos), irá capacitando en saberes específicos a un grupo de jóvenes que quieren ingresar al Instituto Universitario de Seguridad Pública, quienes, luego de finalizar el curso de 10 meses, comenzarán directamente a trabajar bajo las órdenes de este instructor particular.

De esta manera, desde el Ministerio de Seguridad han apuntado a reforzar un par de conceptos como la vocación policial, la especialización desde un inicio de la carrera y el compromiso por parte de los jefes respecto de la profesionalización de sus dirigidos.

De igual manera, desde la dependencia que funciona en calle Salta 672 de Godoy Cruz han comentado que también la idea es revertir el concepto de priorizar la cantidad por la calidad de los uniformados.

No pretenden flexibilizar, sino especializar y profesionalizar

En ocasiones anteriores también se han modificado algunos de los puntos exigidos por la ley 6.722, sancionada hace 14 años, y estas flexibilizaciones tuvieron que ver con los requisitos en la edad de ingreso o con la cantidad de materias del secundario que no habían sido aprobadas.

Pero, en este momento, en el Ministerio de Seguridad no quieren hablar de flexibilización para no dejar abierta la sospecha de que se relajan las condiciones para vestir el uniforma azul y portar un arma.

En gestiones anteriores, ante la falta de aspirantes para ingresar a la fuerza, se echó mano a políticas que hacían más blandas las exigencias para ser policía.

En la actualidad, según los datos brindados en las últimas horas por el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, ante los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguridad, en la provincia hay 8.700 policías.

Aranda ha comentado que si se tiene en cuenta la relación promedio que se contempla mundialmente para saber si es óptima la cantidad de efectivos en comparación con el número de habitantes, esta es de 3,5 policías por cada mil ciudadanos.

Hoy, en Mendoza, esta proporción es de 4,5 efectivos por cada mil comprovincianos, lo que refleja que se está por encima del parámetro mundial en la materia.

De igual manera, también ha dicho en varias ocasiones que si se quiere expresar en términos ideales, a su entender debería haber al menos el doble de policías de los que prestan servicio hoy, es decir, cerca de 17 mil.

Que los efectivos sean personas con estudios específicos también es algo que en varias ocasiones es expresado por los responsables del Ministerio de Seguridad.

Alejandro Gil, subsecretario de Relaciones con la Comunidad, cuenta que en su dependencia están los programas de resolución de conflictos, en los que se necesita contar con psicólogos o psiquiatras, quienes a la vez deben estar regidos por los horarios y turnos que cumple cualquier policía.

“Si una situación en la que se necesita un psicólogo se produce a la noche o a la madrugada, este personal no puede ser un empleado con carga horaria como un administrativo. Debe ser alguien que esté de turno o, al menos, de guardia pasiva”, precisó.

Gil también se refirió a otra circunstancia que viene siendo analizada por los funcionarios de Seguridad. Esta tiene que ver con el personal que atiende las llamadas del 911 o que trabaja controlando las cámaras de vigilancia.

“Hemos pensado que tal vez estas funciones las podría realizar personal civil con una instrucción específica. Pero, ¿qué sucedería si esa dotación está sindicalizada bajo el gremio de ATE, por ejemplo, y decide hacer una medida de fuerza? Nos quedaríamos sin un servicio esencial. Por eso, entre las alternativas, hemos instrumentado que sea personal policial retirado en que haga esta tarea”, dijo.

Fuente: El Sol