Tras una dura discusión entre el oficialismo y la oposición, Diputados aprobó esta noche el proyecto K que busca limitar la responsabilidad del Estado, una iniciativa que se dejó afuera de la reforma del Código Civil pero luego el Frente para la Victoria presentó como una ley aparte.

La iniciativa recibió luz verde con 129 votos a favor, 105 en contra y dos abstenciones. “Es la ley de autoamnistía para los funcionarios K en retirada», disparó encendida Elisa Carrió de la Coalición Cívica-ARI, quien consideró que «estamos asistiendo al quiebre del derecho» y sostuvo que es un proyecto escrito a medida del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los funcionarios más denunciados por la legisladora opositora.

Para Margarita Stolbizer, del GEN, también fue tajante. «Es una ley a medida de los intereses personales del Gobierno», y expresó que aprobar el proyecto oficial es «darle un garrote mortal a la República». En la sesión especial convocada para tratar la iniciativa, la bonaerense expresó que “esta ley no soluciona ningún de los problemas que tienen los argentinos, más bien al contrario», enfatizó la legisladora, quien consideró que la norma «no pasará un test de constitucionalidad».

“Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y actos de Corrupción quedarán sin reparación si se aprueba esta Ley”, lanzó Manuel Garrido, miembro informante del bloque radical en el debate. Su par, Patricia De Ferrari, manfestó que «con este proyecto el kirchnerismo permite el abuso de poder por parte del Estado» y sentenció que el proyecto implica un «estatuto legal del apriete y la persecución por parte de la corporación política».

En ese mismo sentido, Juan Pedro Tunessi, tambié radical, explicó que «es una ley para cubrir la retirada y las espaldas», y aseveró que «este Gobierno se las ha ingeniado para que no se lo demande y accione» en su contra.

“Es la ley de autoamnistía para los funcionarios K en retirada», dijo Elisa Carrió al oponerse al proyecto K.

Desde el PRO, Federico Pinedo adelantó que la sanción del proyecto K tendrá «un impacto en los derechos humanos», y advirtió que «los que ejercen el poder van a usar ese poder para no resarcir el daño». Laura Alonso coincidió: «Debemos evitar caer en la trampa, con este proyecto no buscan proteger al fisco y al Estado de los juicios de terceros. Lo que buscan es su protección personal y lograr una garantía de impunidad».

Una de las voces que defendió a ultranza el proyecto fue Diana Conti. La legisladora K sostuvo que con esta propuesta se está «protegiendo al Estado» por «el interés general y el bien de todos» contra «la ambición depredadora de la industria del juicio o de la patria pleitera que tanto ha agraviado a la Argentina».

Conti rechazó los cuestionamientos de la oposición al negar que el oficialismo haya eliminado la Responsabilidad del Estado del proyecto de reforma y unificación del Código Civil que se debate en el Senado y aseguró que «el Estado siempre responde».

El proyecto. La iniciativa para limitar la responsabilidad del Estado fue presentada hace 13 días y lleva las firmas del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak. Según sus fundamentos, «busca brindar mayor previsibilidad jurídica a las relaciones de las autoridades públicas con los particulares».

Sin embargo, desde la oposición afirman que busca proteger a los funcionarios K. ¿Un ejemplo? En su artículo 6°, el proyecto fija que «el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada».

Otro de los polémicos artículos marca que «la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los dos años». El mismo plazo es el que se tiene para demandar al Estado a partir de la «verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita».

Fuente: Clarín