Distintos bloques de la oposición se adelantaron a la discusión que arrancará hoy en la Cámara de Diputados y rechazaron la ley especial con la que el oficialismo pretende regular la responsabilidad del Estado, excluida del “pre-dictamen” de Código Civil y Comercial.

Fue en el marco de la reunión de la Comisión Bicameral, a la que no pudieron asistir el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y su vice, Julián Álvarez, por “cuestiones de agenda”.

El Cuerpo, que preside el senador Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén) pasó a un cuarto intermedio para este martes a las 14, cuando fueron convocados nuevamente los funcionarios, que explicarán los cambios que contempla la propuesta del oficialismo al proyecto original.

En tanto, quedó suspendida la presencia de la comisión redactora del anteproyecto, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, la ministra Elena Highton de Nolasco y la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci. El titular del máximo tribunal arguyó que su trabajo estaba concluido y se excusó de asistir.

Responsabilidad del Estado

El presidente del bloque radical en la Cámara baja, Ricardo Gil Lavedra, fue el primero en cuestionar la sustracción de la responsabilidad del Estado del nuevo Código Civil y Comercial.

“Nos parece un proyecto inaceptable, porque va a contramano de la doctrina vigente de la Corte Suprema que el proyecto dice respetar, y también va contra decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó, y agregó que “no puede desvincularse la discusión de este proyecto de la del Código Civil”.

Del mismo modo, el diputado Juan Pedro Tunessi (UCR) alertó que “se abre un interrogante que cambia la situación” y cuestionó el tratamiento del proyecto de ley en paralelo.

Tanto el radical como el macrista Pablo Tonelli plantearon sus dudas sobre si, a partir de la vigencia del nuevo Código, un particular podrá demandar al Estado por la vía civil, y si habrá un principio subsidiario que determine la homogeneización de la responsabilidad estatal en todo el país, ya que la vía administrativa corresponde al derecho local, no delegado por las provincias.

La diputada oficialista Graciela Giannettasio fue quien encabezó la defensa del proyecto: negó que se trate de “irresponsabilidad del Estado” y explicó que el texto “recoge y ordena la construcción pretoriana” derivada de la interpretación del principio constitucional de propiedad e igualdad ante las cargas públicas –planteado en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional-.

“No creo de ninguna manera que esto viole la responsabilidad del Estado, al contrario, creo que la reafirma”, aseguró la bonaerense.

Entretanto, Gil Lavedra cuestionó a su par kirchnerista Diana Conti, quien había defendido la pretensión de que “el Código sea de derecho privado”. “La cuestión no es si se trata de derecho público o privado. El Código Civil también contiene elementos del derecho público y del derecho procesal”, aclaró el radical.

El proyecto establece en su artículo primero que «las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria» y agrega que «la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios».