Los sindicatos pusieron el ojo en la gestión de Hacienda luego de que Francisco Pérez pidiera socorro a la Nación para pagar el sueldo suplementario. «La responsabilidad financiera no es de los gremios», afirmaron.

El arco sindical de Mendoza cuestionó las cuentas públicas de Mendoza, luego de que el gobernador Francisco Pérez reconociera en la mañana de este jueves que le costará pagar el medio aguinaldo de diciembre a los trabajadores estatales. La frase del mandatario colocó en el centro de la escena a su ministro, Marcelo Costa, a quien ahora los gremios cuestionan por la gestión para administrar los fondos en medio de los reclamos que llegan desde los distintos sectores.

La reacción gremial no se hizo esperar, pero así también puede interpretarse la aclaración que el mandatario provincial hizo. En el último mes, la relación política entre el Ejecutivo y los sindicatos estatales se ha tensado con reclamos de índole netamente salarial.

En este escenario, se circunscribe el pedido del Sute para reabrir las paritarias. También en este contexto, Ampros viene pidiendo un bonus de fin de año, como el que se ha otorgado en otras provincias. Los trabajadores de la Empresa de Troles, a su vez, decidieron paralizar las unidades pidiendo otro bono como el que reciben los choferes de las empresas privadas. Sitea también viene realizando asambleas por el fracaso de las paritarias y los empleados del Registro Civil también han menguado la atención al público por la misma razón.

En todos los casos, la respuesta del Gobierno ha sido la misma. No.

Como contrapartida a lo expuesto por Pérez, que ha tenido que pedir un adelanto al Gobierno nacional de los ATN por 250 millones de pesos, los sindicalistas cuestionaron las cuentas públicas que están a cargo de Marcelo Costa, el ministro de Hacienda que por estos días presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2014 y las leyes financieras de Avalúo e Impositiva.

Como se observa, la afirmación del gobernador apuntaría, entonces, a frenar la escalada de tensión y dejar en posición adelantada los reclamos debido a la realidad financiera de Mendoza. A riesgo, claro, de exponer a su propio ministro, Costa.

Los cuestionamientos más duros partieron del grupo referenciado en la CTA no kirchnerista. En este marco, señalaron que la variable de ajuste recae nuevamente sobre los trabajadores.

«Los sindicatos no tienen la culpa de que no sepan administrar la provincia», argumentó Jorge Chávez, representante de ATE en la EPTM. «No se ha ido todo en sueldos y las obras que hemos visto son pocas. Y nos pide a los sindicalistas que seamos prudentes. Está abriendo el paraguas para que habiliten un presupuesto más abultado, con más endeudamiento y para poner un techo a la discusión salarial», especuló Chávez.

Para Carlos Ordóñez, de Judiciales, el punto de partida de este conflicto actual está en «la pauta inflacionaria mentirosa» que se votó en el Presupuesto 2013. Pero además, recalcó que los dichos de Pérez tienen un fin eminentemente político. «Hay debilidad financiera, pero también estamos viendo que se está generando opinión contraria en función del reclamo de los sindicatos. Si el gobernador dice que no hay fondos para aguinaldos, difícilmente pueda haber fondos para aumentos de emergencia», apuntó.

La referente de Ampros, Isabel del Pópolo, hizo hincapié en la labor del ministro Costa. «Tenemos que revisar la gestión del ministro de Hacienda porque hay plata para unos y no para otros», subrayó. Pero además remarcó en otra variante del contexto. Una Ley provincial de Sueldos, que ha sido replanteada por el vicegobernador Carlos Ciurca en la semana y no es un detalle menor en este escenario de reclamos in crescendo.

«Se habla de una Ley de Sueldos para que el gobernador tenga el sueldo mayor y ahí se van a enganchar los ministros y los trabajadores ni siquiera hemos recibido un 25 por ciento superado por la inflación», arengó la titular del gremio de los profesionales de la salud. En esta línea, calificó a la reflotada ley como «un salariazo» para los funcionarios.

Con un cambio menos en cuanto a la intensidad, Juan Carlos Navarro -ATSA- también recaló en el mismo punto, una ley de sueldos. «Es inevitable», definió y aclaró que el gremio de la sanidad prestará su consentimiento si la norma sirve para corregir los «excesos». «¿En qué curva volcamos? ¿En qué momento vamos a tener dificultades para pagar los sueldos si se administra mal». Se pagan sueldos de privilegio en detrimento de los trabajadores. Era previsible en algún momento como consencuencia de los excesos que se han cometido», reflexionó Navarro, que puede considerarse con buen diálogo con el Ejecutivo.

Más duro se plantó Víctor Dagfal, de SITEA, para quien el reconocimiento del gobernador por las cuentas públicas «no frena el reclamo de los gremios. Va a tener que buscar la plata de donde sea y vamos a cobrar por las buenas o por las malas», adelantó. También Dagfal hizo foco en la gestión de Costa al frente de Hacienda al señalar que «hay un desmanejo político y financiero, pero las consecuencias no las vamos a pagar los trabajadores».

El referente de SITEA sostuvo que hay que buscar el génesis de la deuda, pero que en el fondo «el gobernador se está intentando victimizar, pero sobre su propia gestión. La responsabilidad del manejo financiero no es de los gremios y no le pueden echar la culpa a un gobierno anterior», finalizó.

Sitea tiene una reunión la semana próxima en la Legislatura debido a los incumplimientos paritarios de los que acusa al Gobierno. También en estado de alerta y movilización con restricción a las horas de atención al público se encuentran en el Registro Civil, un ámbito vinculado a UPCN.

«No creo que esté en peligro el medio aguinaldo. Son palabras que se utilizan cuando se utilizan cuando están en conflicto con los gremios. Lo escuchamos todos los años. Siempre falta plata y se amenaza con que no se va a pagar. Dónde está o por qué no está la plata, no lo sabemos», afirmó Dante Guaquinchay, secretario gremial del personal civil.

Por lo pronto, y tras la reunión que ayer mantuvo con Jorge Capitanich y Axel Kicillof -y en la que también participó Marcelo Costa-, Pérez espera el auxilio financiero de la Nación, que también despierta más dudas en la oposición legislativa. Se trata del adelanto de ATN por el valor de 250 millones de pesos. Con todo, el escenario sindical prevee más tensión a partir de lo admitido por Pérez.

Fuente: El Sol