Valuando el petróleo a 100 dólares el barril y el gas a 4 dólares por mil pies cúbicos, el petróleo y gas técnicamente recuperable de Vaca Muerta vale aproximadamente U$S 2,8 billones o casi 6 veces el PBI de la Argentina (U$S 475.000 millones).

Extraer estos recursos del subsuelo requiere una vasta inversión. Cada pozo cuesta alrededor de U$S 11 millones y rinde entre 500.000 y 900.000 barriles de petróleo. La tasa de retorno de un pozo exitoso es de entre 4 y 8 veces la inversión con el petróleo a U$S 100 por barril. El plan de inversiones de YPF de unos U$S 37.000 millones alcanza para comprar 3.300 pozos, que en un escenario optimista extraerán menos de un quinto del petróleo de Vaca Muerta.
¿Por qué no se extrae el petróleo del suelo?

El gobierno argentino no tiene los recursos y nadie se los quiere adelantar. En un país creíble, YPF podría endeudarse y desarrollar el yacimiento. Dada la avaricia del capital, no poder emitir 30.000 millones de deuda para sacar varias veces esa cantidad del suelo requiere de mucho esfuerzo. Argentina lo hizo. Tiene U$S 11.000 millones de deuda aún en default, le debe U$S 6.000 millones al Club de París, y el año pasado nacionalizó YPF, por lo que hay un conflicto pendiente con Repsol que reclama U$S 10.500 millones.

Además, el país se empeña en no acatar los fallos que pierde en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El costo de todo este descalabro contractual, en términos de no poder desenterrar el propio petróleo, es fenomenal. Claramente para la Argentina cumplir sus contratos, pagando todas sus deudas y tener la capacidad financiera de desarrollar Vaca Muerta, tiene muchísimo valor.

El resultado de esta riqueza puede ser positivo o negativo para el país. Hay casos de países que han sido claramente exitosos en la extracción de recursos naturales en beneficio de su desarrollo como Botswana, Noruega, los Países Bajos y Canadá. En otros países, la riqueza natural crea incentivos para la existencia de guerras civiles y financia la corrupción y la perdurabilidad de regímenes no democráticos.

¿Cómo se puede asegurar que Vaca Muerta tenga un efecto positivo para el desarrollo del país? La misma también va a generar muchos conflictos sociales (la pelea por la apropiación de los recursos), conflictos ambientales y el potencial de mucha corrupción. Las instituciones de la democracia- la transparencia de la gestión de los recursos, el balance de poderes entre las dos cámaras del Congreso y el Ejecutivo y la tutela judicial- serán cruciales para arbitrar estos conflictos. La práctica de una verdadera democracia marca la diferencia entre la bendición y la maldición de los recursos naturales.

Un posible uso de los recursos de Vaca Muerta sería invertirlos, especialmente en capital humano. El gran desafío de la Argentina es incluir al 70% de los niños menores de 5 años nacidos en hogares vulnerables con padres que apenas terminaron el primario. Si Argentina no los educa, no tiene posibilidad de desarrollarse. La riqueza de Vaca Muerta representa una oportunidad única de financiar este esfuerzo. El desafío es que la sociedad elija invertir los recursos en estos niños y transformarlos en una verdadera oportunidad para ellos.

Sin las instituciones correspondientes, las rentas de Vaca Muerta pueden ser desviadas para usos que benefician a pocos. Los gastos significativos en educación y transporte de la última década, que no se tradujeron en mayor calidad del servicio sino en sueldos más altos y rentas para empresarios, lo demuestran. La democracia nos dará las instituciones para decidir cómo gastar los recursos de Vaca Muerta y para que se gasten bien.

¿Cuál es el estado del debate político acerca de Vaca Muerta? De la discusión sobre cómo reinsertar al país en los mercados internacionales de capitales habla sólo el Gobierno en su pelea contra los fondos buitre. Pero ni una palabra sobre la relación de los múltiples defaults y Vaca Muerta.

De las prioridades en la asignación del gasto público no habla nadie, del marco institucional para que el gasto público sea más transparente y de la forma en que los funcionarios tengan que responder por sus actos de gestión tampoco se habla en la campaña electoral o en el Congreso.

Fuente: Diario Los Andes

Por Por Andrés Neumeyer – Economista