El largo conflicto por las aguas del río Atuel entre Mendoza y La Pampa se reactivó esta semana a partir de dos episodios. Por un lado, una reunión de regantes y concejales en General Alvear donde se pidió la nulidad del acuerdo firmado en 2008 por el entonces gobernador Celso Jaque, ya que consideran que lesiona sus derechos adquiridos. Por otro lado, la decisión del mandatario pampeano, Oscar Jorge, de iniciar una demanda en la Corte Suprema porque Mendoza nunca cumplió con este convenio.

El enfrentamiento tiene su historia. De hecho, en 1987, el máximo tribunal la Nación tuvo que intervenir en el litigio y a través de un fallo reconoció dos puntos: reconoció la interprovincialidad del Atuel, dando lugar a los reclamos de La Pampa, pero también aseguró que Mendoza tiene derechos adquiridos previamente para regar más de 75 mil hectáreas. En 2006, hubo un intento de acuerdo entre la gestión de Julio Cobos y la de Carlos Verna. Sin embargo, este acuerdo nunca fue suscripto y el conflicto continuó hasta que, en 2008, Jaque buscó una nueva salida con Jorge asegurándole a la vecina provincia un caudal permanente de agua, durante una visita de Cristina a Mendoza. Precisamente, las críticas sobre el acuerdo apuntan que hubo presión desde La Nación para que mendocinos y pampeanos apuraran un acuerdo.

Las condiciones de aquel acuerdo, no obstante, nunca se hicieron públicas. Requería a su vez la ratificación de los legisladores mendocinos. Pero tampoco llegó al recinto, mientras que los legisladores pampeanos lo refrendaron sin dilaciones. Cinco años después, el gobernador pampeano volverá a recurrir ante la Corte por el incumplimiento de Mendoza. Jorge lo anunció este jueves en un contexto determinado, el IV Congreso Pampeano de Aguas, y ante las presiones políticas de la legislatura provincial -sobre todo, de los legisladores que responden a Verna en la interna justicialista pampeana- que le pedía que no demorara más el juicio, según las crónicas periodísticas.

Pero para llegar a esta nueva acción judicial, Jorge parece haber tomado nota de algunas situaciones ocurridas en la última semana en Mendoza que le hicieron precipitarse en su decisión frente a un gobernador justicialista, Francisco Pérez, que había dado gestos de diálogo para avanzar.

En General Alvear, en tanto, el malestar es generalizado entre los productores que necesitan de las aguas del Atuel. Golpeados por la naturaleza, entre la sequía y las heladas, los productores aseguran que Mendoza sí hace el escurrimiento de aguas a La Pampa pero en secreto.

En tanto, desde el Gobierno de Mendoza -tanto desde Irrigación, Infraestructura como Gobernación- señalaron que no harán declaraciones basadas en crónicas periodísticas, sino hasta contar con una notificación fehaciente del gobierno pampeano.

El fallo de Fiscalía de Estado  

Una de estas situaciones se dio la semana pasada cuando el organismo contralor resolvió un pedido de nulidad del acuerdo de 2008 presentado en noviembre de 2012 por la senadora nacional Laura Montero.

En su fallo, Fiscalía rechazó el pedido de nulidadad pedido por la legisladora radical, principalmente porque el convenio no se había implementado dado que nunca tuvo la ratificación legislativa necesaria. La estrategia política de Montero puede leerse, entonces, en el sentido de dejar en descubierto las falencias que presenta el convenio. El nudo central está en la cláusula 10 inciso K, donde se asegura a La Pampa un caudal permanente de agua.

Los cuestionamientos apuntaron a que Jaque firmó este convenio en 2008 sin hacer estudios previos que permitieran determinar si la capacidad hídrica de Mendoza estaba en condiciones de asegurar a la vecina provincia ese escurrimiento permanente. Y no tiene en cuenta, en consecuencia, si la provincia atraviesa períodos ricos o pobres en agua.

En este sentido, Montero se anotó un punto político: a pesar del rechazo, logró que Fiscalía de Estado afirmara que el acuerdo por el Atuel puede ser lesivo para Mendoza.

La bronca de los regantes en el Sur

El lunes pasado, el Concejo Deliberante de Alvear fue escenario de una reunión que encontró a regantes de la cuenca del Atuel, a ediles y a funcionarios del Departamento General de Irrigación. Allí se planteó la necesidad de que Francisco Pérez derogue el acuerdo con La Pampa. Los regantes de Alvear se han mantenido en oposición a este acuerdo desde un principio y algunas situaciones ocurridas recientemente han caldeado los ánimos. Entre ellas, la corta de aguas iniciada por Irrigación por deudas históricas de los productores, que contribuyó a fomentar el reclamo hacia Pérez.

En esa reunión también estuvo Marcelo Romano, abogado de los regantes de la cuenca del Tunuyán y acérrimo crítico del acuerdo Jaque-Jorge. Romano explicó que ese convenio era contraproducente para Mendoza porque, entre otras cosas, obliga a Irrigación a hacerse cargo de las obras que puedan realizarse en las aguas abajo del distrito de Carmensa, cuando debería ser financiadas y ejecutadas por el gobierno pampeano. Además, señaló que el acuerdo establece una «cláusula extorsiva» ya que Jaque se aseguró de que los pampeanos no reclamaran posteriormente por obras como Portezuelo del Viento, cuando en rigor son dos cuencas -ésta última pertenece al Coirco- totalmente distintas.

«No soy un talibán», aseguró Romano, para explicar que sí es necesario un acuerdo con La Pampa que resuelva cómo se regula el agua de este río sureño para ambas provincias, sin complicar el riego de los productores alvearenses. Así, los regantes cuestionaron que en el acuerdo, Jaque haya decidido no contemplar la opinión de tres partes importantes en el asunto: las municipalidades de Alvear y de San Rafael y la junta de inspectores de cauce del Atuel, cuya consulta era obligatoria.

La bronca en Alvear no es caprichosa y tiene su correlato con la fuerte defensa del agua que se ejerce en torno a la cuestión medioambiental y minera. Los productores se encuentran en situación crítica debido a las heladas tardías y a la sequía en la región, que han hecho reducir los turnos de riego y con una cuota mínima de agua. «No podemos entregar el agua a La Pampa, porque no la tenemos», aseguró José Herrada, un conocido productor alvearense que se ha manifestado en contra del acuerdo desde 2008, y al que calificó como una «locura». El problema afecta a unos 2 mil productores de Alvear y a otros cinco distritos de San Rafael que se sirven de las aguas del Atuel.

El propio Herrada confirmó que Mendoza sí cumple con el acuerdo, pero de una manera informal o enmascarada. El productor aseguró que en el Dique La Olla, Irrigación abrió la compuerta de un canal desarenador que desemboca en el Atuel. Herrada aseguró que pasaba aproximadamente unos 10 metros cúbicos de agua y que la situación viene produciéndose desde el año pasado.

En este contexto social complicado, los regantes pidieron la «anulación urgente» del convenio al gobernador Pérez. En esa reunión, lograron el compromiso del presidente del Concejo Deliberante, Luis Gutiérrez -enfrentado al intendente Juan Carlos De Paolo- para reforzar este pedido a Pérez a través de una resolución. También participó el consejero de la cuenca del Atuel por Irrigación, Alejandro Gutiérrez, que se mostró a favor de los regantes.

Desde el oficialismo alvearense, ya habían mostrado su rechazo al acuerdo. Así, el concejal Gustavo Majstruk -afín a De Paolo- ratificó que no hay diferencias políticas en torno a los derechos de aguas del Atuel: «El convenio, así como está, es inviable».

Fuente: El Sol