La iniciativa que prevé penas de entre 1 y 10 años de prisión para quien utilice los “servicios” de la trata de personas con conocimiento de esa condición, consiguió la media sanción esperada.

El proyecto que busca modificar el Código Penal y agregarle el artículo 145 quater que penaliza a quien demande, consuma o utilice los servicios de víctimas de explotación sexual, con conocimiento de que las mismas sean víctimas de Trata de Personas, fue aprobado por 41 votos a favor y una abstención.

Los autores de esta iniciativa que se envió a la Cámara baja, son las senadoras del Peronismo Federal Graciela Di Perna y Sonia Escudero y del Frente para la Victoria Aníbal Fernández, quien señaló que el delito de la trata “tiene tres patas: la víctima, el reclutador y el que paga el servicio”.

Fue la senadora Norma Morandini del Frente Amplio Progresista quien se abstuvo, alegando que “no se escucharon a todas las organizaciones contra la víctima de trata» durante su debate en las comisiones.

La norma prevé entre tres y seis años de prisión en caso de que la víctima sea mayor de 18 años o cuando el cliente se valga de abuso de autoridad, amenaza o como recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, así como cuando sea ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

La misma pena le cabría a los clientes que fueran funcionarios públicos o miembros de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria mientras que, si la víctima es menor de edad las penas aumenta entre cuatro y diez años y, finalmente, si fuese menor de 13 años, serán de entre 10 y 15 años.

El proyecto expresa que una de las cuestiones principales es ayudar a “visualizar” el delito y a “desalentar la demanda”, acciones que deben acompañarse con la legislación correspondiente.

En tanto, Sonia Escudero recordó el caso del intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quien fue encontrado en un prostíbulo durante un allanamiento policial por una denuncia de trata de personas.

La senadora salteña sostuvo que, con este proyecto, «debería haber ido preso» y agregó que “el intendente fue destituido, pero no fue inhabilitado y ahora es candidato de nuevo».

Fuente: Parlamentario