«Lo estamos armando. Es necesario generar un instrumento eficaz que impulse esta ampliación de derechos», ratificaron en la secretaría Legal y Técnica que dirige Francisco García Ibáñez.

Sin embargo, el secretario de la Junta Electoral, Luis Alfredo Puebla, destacó ayer que «toda convocatoria a elecciones debe ajustarse a la Constitución provincial» (que establece 18 años como edad mínima para votar). Agregó que ningún compromiso entre partidos políticos que busque evitar presentaciones judiciales en contra de una norma de este tipo podría habilitar un incumplimiento a una disposición constitucional.

El miércoles pasado, durante una reunión entre el Gobierno y los partidos de oposición, el ministro Félix González adelantó que el Ejecutivo propicia la participación de los chicos de 16 y 17 en la próxima elección provincial.

El tema fue recibido con distintos niveles de adhesión, pero desde el Partido Demócrata el senador Carlos Aguinaga considera que el Gobierno está preparando «una invitación a violar la Constitución» y adelantó que recurrirá a la Justicia.

El decreto que dispone la adhesión provincial a la ley nacional que autoriza el voto a los 16 y 17 se prepara en la Casa de Gobierno junto al de convocatoria a elecciones provinciales para el próximo 27 de octubre, que se daría a conocer «a mediados de agosto», tras las PASO. Al parecer, el Ejecutivo busca generar un hecho político en la ‘campaña larga’ del oficialismo, con la vista puesta en octubre más que en agosto.

Considera que la adopción de una postura positiva -como la de intentar «una expansión de los derechos ciudadanos»- terminará aportando adhesiones electorales independientemente de que el hecho en sí se concrete o no. Y que esto aportará a la marcha de un Frente para la Victoria que se encuentra en plena tarea de «alcanzar y superar»a la UCR (en octubre). También consideran que el rechazo a esta iniciativa implicará una pérdida de votos para quien aparezca como el responsable de «la caída de una ampliación de derechos».

Cambio de postura

El Gobierno provincial tomó distancia de los argumentos legales que desde el propio justicialismo se aportaban a principios de año y terminó adhiriendo a los del candidato del FAP, Alberto Montbrun.

En enero pasado, la presidenta provisional del Senado y master en Derecho Electoral, Miriam Gallardo, y el senador Fernando Simón -profesor de Derecho Constitucional en la UNCuyo- consideraron que para permitir el voto voluntario de jóvenes de 16 y 17 años, la Nación modificó el Código Electoral.

Y que este código nacional -como todos los de procedimientos- «no tiene prelación (preeminencia) sobre las Constituciones provinciales». En ese sentido, destacaron, «Mendoza tiene su propia ley electoral y la Constitución provincial sigue plenamente vigente cuando fija 18 años como condición para emitir el sufragio». Con esta interpretación coincidía el radical Jorge Albarracín, aunque hoy la UCR no entorpecería un avance del ‘voto joven’.

Por su parte Montbrun, profesor de Derecho Público en las universidades de Cuyo, La Rioja y del Instituto de Seguridad Pública, considera que antes que el Código Electoral «lo que modificó la Nación fue la Ley de Ciudadanía y los chicos son ciudadanos completos no a medias o en parte». Por lo tanto, «más allá de lo que diga la Constitución provincial (voto obligatorio desde los 18 años) quedaron automáticamente habilitados en todo el país para votar a cualquier cargo».

Para Montbrun ni siquiera hace falta una ley provincial de adhesión a la norma nacional, aunque sí estima necesario un perfeccionamiento formal a través de un decreto de convocatoria del Gobernador donde se aclare «que los ciudadanos de 16 y 17 años podrán votar a todos los cargos, no sólo a los nacionales». De acuerdo con esta postura el artículo 50 de la Constitución de Mendoza (que exige los 18 años) «entró en colisión» con otra legislación y, por lo tanto, podría perder vigencia.

En Mendoza son 60 mil los jóvenes de entre 16 y 17 años, aunque sólo podrán votar los que renovaron el DNI. El voto voluntario provincial ya está habilitado en Buenos Aires, San Juan, Tucumán, Misiones, Neuquén, Entre Ríos y La Pampa.

En la mayoría de los casos, las Legislaturas aprobaron leyes de adhesión a la disposición nacional que permitirá a tres millones de jóvenes de todo el país votar en la selección de los legisladores nacionales.

Marcelo Sivera – msivera@losandes.com.ar