• Elección complica en el Congreso el tributo al cheque, la emergencia y cigarrillos
En medio de la puja electoral que sigue a las PASO, el Gobierno deberá hacerse cargo de una serie de vencimientos de leyes como la de Emergencia o de impuestos clave que no le dejan demasiado tiempo para negociar en el Congreso.
El problema central, de todas formas, no es ese. El kirchnerismo pensó en otro escenario para este 2013, sin el impacto del resultado de las PASO. Y por eso decidió prorrogar con vencimiento este año a la Ley de Emergencia y el estratégico impuesto al cheque. Ahora esos debates caerán entre la elección de octubre y el fin de año cuando se opera efectivamente el fin de la vigencia de esas leyes.
El resultado de las PASO adelanta un escenario complicado para el quórum oficialista, sobre todo en el Senado, por lo tanto el primer escenario indica que el Gobierno debería avanzar con las votaciones antes del 10 de diciembre. Todo lo contrario de lo que sucedió en el triunfante 2011.
Pero aunque el kirchnerismo tenga ese tiempo para las votaciones con la actual constitución de las cámaras, el clima en los recintos puede cambiar antes, es decir de acuerdo con lo que pase el 27 de octubre. La realidad indica que los temas conflictivos podrían desembarcar en el Congreso, entonces antes de las elecciones de octubre. Especialmente antendiendo a la situación que planteen los alineamientos en el bloque K de Diputados.
En diciembre de 2011, con las elecciones recién ganadas, Cristina de Kirchner apuró la votación de todo un paquete de leyes que incluían el Presupuesto Nacional, la Ley de Emergencia Pública y la prórroga de impuestos que vencían ese fin de año.
El Gobierno esperó al recambio de la cámaras el 10 de diciembre que le devolvió la mayoría plena, tras los dos años que siguieron a 2009, cuando la oposición controló el número en Diputados, aunque de poco le haya servido esa superioridad.
Cristina de Kirchner apuró la votación tras la reasunción presidencial y se aseguró, en realidad, casi dos años de tranquilidad en el Congreso. Por lo menos en el terreno impositivo.
El debate del momento fue, una vez mas, la dicotomía de pedir una nueva prórroga a la Ley de Emergencia Pública, la misma que venía rigiendo desde enero de 2002 y que Eduardo Duhalde utilizó para fines varios como sacar al país de la convertibilidad, disponer la doble indemnización para frenar despidos o renegociar contratos y tarifas de servicios públicos sin pasar por el Congreso.
Nestor Kirchner nunca rechazó seguir contando con semejantes poderes, aunque Cristina de Kirchner como senadora sí planteó conocidos reparos al tema.
Pero en 2011 la Emergencia seguía vigente y la recién reasumida presidente decidió volver a prorrogarla, esta vez apelando a que a pesar de que la situación del país no ameritaría la calificación de emergencia, sí lo habilitaban los coletazos de la crisis financiera internacional. Los recintos se llenaron entonces con ese discurso que defendía mantener al país en un increible estado de excepción en materia legal.
El plazo de prórroga por entonces fue de dos años, pensando quizás el Gobierno que con eso despejaba el horizonte y descontando que los números en el Congreso no se lo iban a complicar por estas épocas.
Todo indica que ese pronóstico no se cumplirá y lo cierto ahora es que el vencimiento de la vigencia de la Emergencia no caerá en buen momento: 31 de diciembre de 2013. Ese día, si no se renueva, esa ley dejará de existir y con ella los poderes que le delega al Presidente de la Nación.
A diferencia de lo que sucedió en 2011, el Gobierno podría tener que apelar a una votación anticipada a la renovación: si se confirma el resultado de las PASO el kirchnerismo podría perder la mayoría absoluta en el Senado y la Emergencia Pública será, sin duda, una de las primeras víctimas de la oposición.
De hecho ayer empezaron a conocerse algunas advertencias. El radical José Cano, jefe del bloque del Senado donde se centran las operaciones opositoras, aprovechó la clase de economía comparada que dio la Presidente en Río Gallegos para adelantar el ataque: «Le pido a la Presidente que derogue las leyes de emergencia económica de manera inmediata si es verídico que estamos mejor que Australia y Canadá en materia económica».
Las urgencias del Gobierno no se limitan a esa ley. El 21 de diciembre de 2011, en el mismo lote, el Congreso le votó a Cristina de Kirchner otra prórroga por dos años del impuesto al cheque. Ese tributo le otorga al Tesoro unos $ 55.000 millones al año.
La oposición, tambien en este caso, fijó doctrina. Durante la inútil primavera de Praga que esos bloques creyeron vivir en el Congreso entre 2009 y 2011 hubo varios intentos por modificar la distribución de ese impuesto, que en un 85 % va a la Nación, a favor de las provincias. Como en el resto de los temas, la unión de las bancadas no pudo vencer los artilugios del kirchnerismo en los recintos que logró bloquear así todos esos avances. Pero el intento quedó pendiente y está en el tope de los reclamos opositores. En este caso también debería cuidarse el Gobierno no sólo de perder la mayoría en alguno de los dos recintos cuando se haga efectivo el recambio de bancas el 10 de diciembre, sino de la situación en que quedará su bloque de acuerdo con el resultado de la elección de octubre, si quiere garantizarse la renovación.
En esa lista de pendientes debe sumarse el vencimiento del Impuesto sobre el Capital de las Cooperativas, el Impuesto Adicional de Emergencia sobre Cigarrillos que aporta una tasa extra de entre el 7 y el 21 % y que el Poder Ejecutivo puede subir o reducir a discreción, y el estratégico Régimen de Inversiones en obras de infraestructura. Con este último sistema el Gobierno promovió inversiones con devolución de IVA, amortización acelerada de Ganancias, entre otras herramientas, sobre operaciones que aún estan vigentes.
Finalmente aparece menos conflictivo otro vecimiento que opera también el 31 de diciembre: el del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido como «Monotributo». Esa ley se prorrogó en 2009 y nada indica que la oposición pueda oponerse a su renovación, habida cuenta de que, en medio de la presión tributaria récord que rige el monotributo, es una vía de escape imprescindible para muchos. Eliminarlo tendría un costo político incalculable.
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