Así, el país debería pagarles sin quita. Pero eso quedará supeditado a una decisión de la Corte de EE.UU. La Cámara de Apelaciones rechazó en un escrito la propuesta argentina de pago a quienes no entraron al canje.
Hay que pasar el invierno. Boudou y Lorenzino, saliendo del juzgado neoyorquino el pasado 28 de febrero. Los jueces criticaron sus dichos./PRESIDENCIA
El fallo es otro gran revés para Argentina. Antes, el Tribunal había avalado otra decisión de Griessa sobre la igualdad de derechos de los bonistas. Ahora, lo hizo con la fórmula de pago a quienes no entraron al canje. Así, toda la atención está centrada sobre la Corte Suprema, que debe decidir si toma o no el caso de la deuda argentina. Los expertos son bastante escépticos al respecto (ver El caso…).
Si la Corte Suprema decide no tomar el caso, o, si lo toma y ratifica el fallo de ayer, la Argentina no sólo deberá pagar a los fondos buitres lo que les debe (unos US$ 1.550 millones) sino que también a todos los bonistas que exijan el mismo tratamiento. Los llamados “me too” (yo también). El monto total a pagar podría superar los US$ 43.000 millones según el Gobierno argentino.
Como era de esperar, los fondos buitre y la organización ATFA, sus lobbistas en el Congreso, aplaudieron la decisión. “El fallo unánime y bien razonado de hoy condena apropiadamente la persistente violación de Argentina de sus obligaciones y su extraordinario desafío a las leyes de Estados Unidos y las ordenes de las Cortes estadounidenses. Confirma que Argentina no esta por arriba de la ley”, dijo el abogado defensor de NML, Theodore Olsen.
La única buena noticia para la Argentina que contiene el escrito es que la Corte de Apelaciones suspendió la instrumentación de su fallo hasta tanto la Corte Suprema no se expida. Y eso puede llevar más de 6 meses.
De todas maneras, el escrito de la Corte de Apelaciones es demoledor porque rechaza, uno por uno, los argumentos que presentó la Argentina para que el fallo de Griesa no fuese ratificado. También explica en detalle por qué no está de acuerdo con los dos argumentos de peso que los abogados de Argentina presentaron ante la Corte Suprema, a saber que el fallo de Griesa viola el Acta de Inmunidad de los Soberanos Extranjeros y siente un mal precedente para reestructuraciones futuras.
El fallo dice que el caso tendrá poco impacto sobre reestructuraciones futuras porque es “excepcional” debido a la conducta del Gobierno argentin o y la Ley Cerrojo. También recuerda que Cristina Kirchner dijo que a los fondos buitre no les va a pagar un dólar y que sus abogados señalaron que si alguna orden judicial obligase a hacerlo no se cumplirá. “ Argentina ha sido un deudor recalcitrante único”,dice el texto. “Lo que hicimos es simplemente ratificar que el comportamiento extraordinario de Argentina es una violación de la cláusula específica del pari passu (o tratamiento igualitario que contiene los contratos de emisión de los bonos)”.
Barrington Parker, una de los tres jueces del tribunal, afirma que en el fallo no hay una interpretación de las cláusulas pari passu en general sino que sólo se trata de una interpretación del pari passu para el caso argentino. Esto es clave porque reduce las posibilidades de que la Corte Suprema tome el caso. Más aún, el fallo especifica que la decisión de Griesa no viola el Acta de Inmunidades de los Soberanos Extranjeros porque “no embarga, o ejecuta ninguna propiedad”.
Desde un principio el texto es muy crítico. Según la Cámara de Apelaciones, al emitir los bonos, la Argentina prometió que “mismo en default, los intereses no pagos y el capital serían pagados en su totalidad”, y que “los tenedores de bonos serían tratados de manera igualitaria”.
“Ya hemos dicho, al establecer una ley que específicamente prohíbe que sean pagados (por la Ley Cerrojo) y al continuar pagando los intereses de los bonos reestructurados, la Argentina transgredió su promesa de tratamiento igualitario”, dice el texto.
El fallo ratifica además que el Bank of New York Mellon es alcanzadopor el fallo, tal cual había sostenido Griesa en su fallo original. El juez falló que las terceras partes (en este caso el agente de pago), serían objeto de sanción si el Gobierno paga a los bonistas que entraron a los canjes y no a los buitre. La Cámara ratificó ayer esta postura de Griesa.
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