La cámara que nuclea a los empresarios locales del sector dijo que la norma paraliza inversiones por 5.000 millones de dólares. Los tres poderes tienen el estudio.

Inversiones pendientes por casi un proyecto completo de Potasio Río Colorado, según lo presupuestó en su momento Vale. Un potencial de explotación y riqueza equivalente a 30 años de reservas petroleras.

Son dos de los parámetros que utiliza un informe elaborado por la Camem (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros) para demostrar lo que pierde la provincia, en una nueva intentona por refutar la validez de la ley provincial de minería n° 7722, y argumentar a favor de declararla inconstitucional.

El estudio ya ingresó en la Legislatura provincial, como antes lo había hecho ante la Justicia. Y posteriormente se completó el ciclo de presentaciones con el Ejecutivo mendocino, en un detalle de lo que es la minería local con la ley, y un panorama de lo que podría ser sin ella.

Ahora esperan que los 3 poderes, tanto la Justicia provincial, primer ámbito ante el que se hizo la presentación, como el Legislativo (se elevó al vicegobernador Ciurca días atrás), y el Ejecutivo, se expidan para saber si se abrirá o no una nueva chance de rediscutir los alcances de la norma provincial.

Por éso es que además los empresarios apuran un estudio complementario para anexar, en el que intentan ilustrar la magnitud del negocio pendiente a través de una comparación con otras actividades, como la petrolera.

“Es cierto que deben ajustarse otras variables, pero si se dieran ciertas condiciones de competitividad y sin el impedimento que contempla la ley Mendoza podría captar entre 5 y 6 mil millones de dólares. Hay gente interesada en invertir en Mendoza, por lo que en ese escenario, aún sin certeza de lo que podría obtenerse con precisión, se generarían muchas fuentes de trabajo sólo en exploración con un impacto mínimo, sobre todo teniendo en cuenta que el 60% de la cordillera está sin explorar”, señaló Roberto Zenobi, gerente general de la Camem.

Sancionada en 2007, la ley 7722 puso un freno a los emprendimientos mineros metalíferos a base de cianuro. El más importante era el cuprífero-aurífero de San Jorge en Uspallata, que tiempo después y pese a comprometerse con el no uso de dicho compuesto para el proceso extractivo la resistencia creciente hizo que se paralizara, al menos hasta hoy.

De ahí que el propósito del sector es volver a la carga con el argumento de la inconstitucionalidad de la norma, y, por otra parte, demostrar su impacto en la economía de Mendoza y su proyección en caso de derogarla, un argumento fortalecido tras la salida de Vale que dio por tierra con el proyecto de Potasio Río Colorado, el único en avance hasta fines de 2012.

Bajo análisis y en curso

Tras un análisis preliminar de la presentación institucional de 8 páginas, precedida por una decena de acciones de inconstitucionalidad de varias firmas mineras, tanto el vicegobernador Ciurca como el ministro de Infraestructura y Energía, Rolando Baldasso, le dieron curso al informe.

Tras haberlo girado a la Comisión de Minería del Senado, el titular de la Cámara Alta y n°2 del Ejecutivo provincial evitó tomar postura al respecto. “Voy a esperar a que los legisladores lo debatan”, resumió.

El viernes 12 ingresó a la cartera de Infraestructura. Casi inmediatamente, Baldasso la derivó al director de Minería, Carlos Molina, para examinar sus fundamentos. Según el ministro, “hasta que los cánones institucionales como la Justicia y la Legislatura se expidan, seguimos aplicando la ley. Hay muchos planteos que requieren estudios y además está fuera de nuestro alcance opinar, porque somos meros ejecutores de la norma; no nos corresponden actos propositivos sobre la 7722”.

Lo cierto es que un dato que los empresarios pretenden que se tenga en cuenta es el de la inversiones en suspenso en torno a tres proyectos puntualmente. Sus cálculos indican que activar sólo megaemprendimientos como los de Sierra Pintada (uranio, a cargo de Energía Mineral), Don Sixto (cobre y oro) y el mismo San Jorge, concentraría en 2 años unos U$S 1.500 millones, además de crearse 1.500 puestos de trabajo directos y 7.500 indirectos. “Así, Mendoza en un plazo muy corto estaría recibiendo dinero directo y generando riqueza”, dicen desde Camem.

Sin embargo, algunos legisladores dudan de la pertinencia del planteo, al menos en términos de capitales que no llegan. El senador radical Sergio Moralejo, miembro de la Comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía, relativiza a la ley como factor limitante.

“No creo que se vincule al problema de falta de inversión, que en minería necesita un flujo previsible a 15 años, sino a cuestiones de macroeconomía. ¿Quién invierte con costos que se duplicaron en dos años y un atraso cambiario del 40%?”, analiza.

Asimismo, Moralejo denota como un “enfoque errado suponer que a través de una herramienta legal se restablecerá la confianza. Salvo en el petróleo, invertir requiere seguridad jurídica, previsibilidad y rentabilidad, y ninguna de las tres premisas se pueden garantizar hoy en Argentina”.