La senadora nacional por Mendoza, Laura Montero (UCR), mandó una carta documento al mandatario exigiéndole «realizar una oposición formal» a los decretos 1.277/2012 y 929/2013 «por ser los mismos inconstitucionales y lesivos al ejercicio del dominio originario de los recursos hidrocarburíferos de la provincia de Mendoza, reconocidos en la Constitución Nacional en el artículo 124 y en la ley 26.197 (conocida como Ley Corta de Hidrocarburos)».

Además, la legisladora, que fue ministra de Economía de Julio Cobos, le pidió al fiscal Fernández que se presente ante la Corte Suprema nacional para pedir la inconstitucionalidad de los dos decretos.

Los cuestionamientos

El decreto 1.277 es de julio de 2012 y fue firmado por la Presidenta para crear un comisión encargada de regular todo el sector hidrocarburífero formada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el secretario de Energía, Daniel Cameron.

En dicha norma, el Ejecutivo nacional -a través de esta comisión- se arroga facultades para sancionar a las empresas petroleras con penas que pueden llegar hasta la quita de una concesión, algo que la Constitución y la Ley Corta fijan que es potestad de las provincias productoras.

«El Poder Ejecutivo Nacional ha invadido mediante el dictado del decreto 1.277/12 facultades que por la Constitución Nacional, la Ley Corta, nuestra Constitución Provincial y la legislación específica que en materia de Hidrocarburos ha dictado la Provincia de Mendoza, le corresponden a ella sin atenuantes», dice Montero en su presentación a Fiscalía de Estado, realizada ayer.

«Por su parte el Decreto Nº 929/13 consuma el atropello, permitiendo que la comisión de funcionarios nacionales establecida por el decreto Nº 1.277/12 promueva planes de inversión de explotación no convencional de hidrocarburos generando nuevas concesiones, dividiendo áreas petroleras, modificando las condiciones de concesión ya otorgadas por las provincias, obligando a las mismas a actuar sobre el hecho consumado al no preverse la injerencia previa de la Provincia sobre el plan de inversiones aprobado por dicha comisión, ni sobre la calificación del futuro concesionario», agrega Montero.

«Concretamente la norma cuestionada crea un nuevo régimen de concesión de hidrocarburos vía decreto, lo que a todas luces resulta contrario a la Constitución Nacional, la ley Nº 17.319 (de Hidrocarburos) y la Ley Corta. Se configura con esta norma el vaciamiento absoluto de las facultades provinciales de control y decisión respecto de sus recursos naturales», concluye la senadora nacional.

En la carta documento que le mandó a Pérez, Montero le pide además al Gobernador que especifique en qué consiste el Acuerdo Hidrocarburífero Federal que él firmó en agosto del año pasado con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y otros gobernadores, por el cual la Nación y las Provincias se distribuyeron las acciones que se le expropiaron a Repsol y que dejó, según un anexo del mismo, a Mendoza en el tercer lugar, con la mitad de las papeletas de Neuquén y medio punto menos que Santa Cruz dentro del paquete accionario de YPF.

Otro incumplimiento

Montero le recuerda a Pérez que en 11 meses no mandó dicho Acuerdo a la Legislatura provincial e intenta, así, recorrer el mismo camino que, sin demasiada suerte, realizó el diputado nacional Enrique Vaquié (UCR) el año pasado, quien no consiguió que Fiscalía de Estado tome cartas en el asunto y le pida a Pérez que mande el convenio a la Legislatura (allí el peronismo podría llegar a perder la votación en manos de la oposición, lo que generaría una una grieta en el diseño legal sobre el que se sustenta la re-estatización de YPF ya que una provincia rechaza las condiciones pactadas).

Montero además presentó dos proyectos de ley que sabe que el kirchnerismo no dejará que prosperen en el Congreso para derogar ambos decretos y coordinó una acción en la Legislatura provincial con el senador Juan Carlos Jaliff para que la Casa de las Leyes se oponga al decreto del año pasado y también al que recientemente firmó la Presidente para atraer inversiones para la explotación de hidrocarburos no convencionales. (Ver aparte)

Más argumentos

Entre los argumentos que Montero le presentó a la Fiscalía de Estado está que el nuevo régimen de promoción de inversiones fijado por la Presidenta define una quita de retenciones a las empresas que inviertan más de 1.000 millones de dólares a partir del quinto año, algo que la Constitución establece es materia no delegable del Congreso Nacional. «El Gobierno nacional se arroga facultades legislativas en una materia prohibida, como la tributaria», explicó.

Este paquete de medidas que presentó ayer Montero fue consensuado con Cobos, quien es el primer candidato a diputado nacional por el radicalismo.

Se espera que antes del fin de semana la UCR instale este tema en la campaña con el objetivo de poner en un aprieto a Pérez y a los candidatos del Frente para la Victoria (FpV), ya se les está solicitando que defiendan la potestad de Mendoza sobre sus hidrocarburos y se enfrenten para ello con la Casa Rosada y su política de centralizar decisiones sin consultar a las provincias.