El ministro figuraba en la acusación inicial, pero lo excluyó el fiscal antilavado Gonella, designado en forma polémica por la procuradora Gils Carbó

Hasta ahora, la investigación judicial sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báezno involucró directamente a ningún funcionario del Gobierno. Sin embargo, sí pudo haberlo hecho, ya que la acusación original por lavado de dinero incluía al ministro de Planificación, Julio De Vido, dado que se sospechaba que había favorecido a Báez con contratos de obras públicas.

Su nombre fue eliminado del dictamen cuando intervino en el expediente el fiscal antilavado Carlos Gonella, un hombre designado en forma polémica por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También tuvieron esa suerte el propio Báez y sus hijos Martín y Leandro.

En un correo electrónico -al que accedió LA NACION- Gonella sugirió hacer «retoques cosméticos» en el proyecto de dictamen que se elaboró en el inicio de la investigación. A partir de allí la lista de acusados se recortó y quedó acotada al financista Federico Elaskar y al valijero Leonardo Fariña.

Todos estos documentos figuran en una causa judicial en la que se investiga si Gonella actuó en contra de la ley al recortar la imputación que le habían propuesto los empleados de la fiscalía de Guillermo Marijuan (en ese momento estaba de vacaciones).

En esa causa, en la que trabaja el juez federal Julián Ercolini, con la actuación del fiscal Federico Delgado, se estudia citar a declarar a todos los empleados de la fiscalía que elaboraron la primera versión de la acusación, luego reformulada.

Gonella es un funcionario de confianza de la procuradora general de la Nación, Gils Carbó, que lo promovió como fiscal subrogante, con cargo de secretario, en un procedimiento que fue denunciado.

Además la presidenta Cristina Kirchner envió su pliego al Senado en un concurso para ocupar la fiscalía federal ante el tribunal oral federal en Formosa, aunque se sospecha que si obtiene el acuerdo, se lo confirmará en su actual destino en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac).

El proyecto de dictamen que habían redactado los secretarios y empleados de la fiscalía de Guillermo Marijuan, el 18 de abril pasado, a cuatro días de que las denuncias contra Lázaro Báez salieran a la luz en el programa de Jorge Lanata, incluían a De Vido, a partir de la sospecha de que había favorecido a Báez con contratos de obras públicas.

En ese momento, se había establecido la competencia del juez Sebastián Casanello, pero Marijuan estaba de vacaciones en el exterior y era reemplazado por su colega Ramiro González, como fiscal del caso.

Marijuan estaba en contacto telefónico con sus empleados e intercambiando opiniones sobre el contenido del dictamen, cuando se enteró de la llegada a su fiscalía de Gonella, y los fiscales ad hoc Omar Orsi y Diego Luciani, de la Proselac.Marijuan, según un escrito que envió a Ercolini, se sorprendió de que «una fiscalía temática asumiera funciones de fiscal principal».

Es que Marijuan impulsó una causa contra Gonella y otros fiscales que fueron designados por Gils Carbó como subrogantes o fiscales ad hoc, a pesar de que no tienen acuerdo del Senado, al entender que esas designaciones son ilegales.

Sin embargo, el juez Casanello entendió que no había delito en esos nombramientos. Ahora el asunto está en manos de la Cámara Federal.

Así en la causa de Ercolini en la que se investiga a Gonella por el dictamen recortado, está incorporado un primer proyecto de dictamen, que lleva la firma sólo del fiscal federal Ramiro Gonzalez. Allí se imputaba a De Vido, a Báez, a dos de sus hijos y también a su contador Daniel Pérez Gadín.

También al financista Federico Elaskar, a Leonardo Fariña y a Fabián Rossi, los tres que supuestamente habían intervenido en sacar dinero de Báez del país a través de sociedades de Panamá. Ese dictamen está identificado como Anexo A.

La mañana del 18 de abril en la fiscalía había un trabajo febril. Hasta que este primer dictamen fue analizado por Gonella y sus colaboradores. Decidieron dejar como imputados nada más que a Elaskar y a Fariña y desaparecieron de la imputación, De Vido, los Báez, Pérez Gadin y Rossi.

Además sacaron los párrafos en los que se hacía referencia a esas personas e incorporaron otro donde se le daba intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por José Sbattella, y denunciada por hacer un uso político de sus investigaciones por lavado de dinero.

Pero en la Proselac no se quedaron conformes con esta versión y Gonella volvió a revisar el texto y a hacer cambios. Ya había pasado el mediodía del 18 de abril. A las 2.53 se lo envió por correo electrónico al fiscal titular Ramiro González, que reemplazaba a Marijuan.

El texto de ese correo dice: «Ramiro, te lo paso con retoques cosméticos y algún complemento no substancial. Vamos para allá».

Los retoques consistían en aclarar que su cargo era además de director de la Proselac, el de fiscal subrogante e incorporaba en el escrito como fiscal ad hoc a Orsi.

A Elaskar y a Fariña ahora se los identificaba con DNI y domicilios y se agregó además una referencia a las UIF y los posibles Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que pudieran tener el financista dueño de «La Rosadita» y el estudiante de contabilidad que pasó a la fama mediática como marido de la vedette Karina Jelinek.

Fuente: Diario La Nación

Por Hernán Cappiello  | LA NACION