En el primer indicio del contenido que podría tener el fallo definitivo, que sería inminente, la Cámara de Apelaciones de Nueva York ratifica que los fondos buitre que mantienen el juicio contra la Argentina tienen derecho a reclamar el 100% de la deuda en default. Sin embargo este pronunciamiento aún mantiene la incógnita sobre si el país deberá pagar al contado ese pasivo y si los «holdouts» tienen el derecho que les dio el fallo de noviembre del año pasado de Thomas Griesa de incautar los fondos de pago de la deuda«posdefault» que el país viene realizando en Nueva York. Esto se conocerá en la decisión final que esa Cámara emitirá en las próximas semanas, donde también se determinará si el Banco of New York Mellon (BONY) es responsable junto con el país para poner a disposición de los fondos buitre los pagos reclamados por bonos comprados antes del default de diciembre de 2001. Hasta ese momento, la Argentina podrá seguir cumpliendo en tiempo y forma sus pagos mensuales.

La decisión «técnica y administrativa», según las propias palabras del Tribunal, emitida ayer por la Cámara y distribuida a todas las partes que están en juicio en los Estados Unidos, explica que para cualquier interpretación que haya del fallo definitivo, en la postura de los jueces Rosemary Pooler, Barrington Parker y Reena Raggi, queda firme la decisión tomada por la Justicia norteamericana el 26 de octubre del año pasado. Allí se le reconocen a los fondos buitres su derecho a reclamar el 100% de la deuda.

La comunicación, de sólo dos párrafos (ver copy adjunto), fue recibida ayer por los abogados que defienden al país del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton en Nueva York, y transmitida desde Manhattan hacia Buenos Aires, donde lo recibio el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el vicepresidente Amado Boudou y el secretario de Finanzas, Adrian Cosentino. Los funcionarios informaron a Cristina de Kirchner y le aclararon que la situación marca una mala tendencia pero no es definitivo. La Presidenta igual dio instrucciones directas y precisas: no se le reconocerá el 100% de la deuda a los fondos buitres, se le pagará en tiempo y forma a los tenedores de deuda emitida por el país pos default y se esperará al fallo definitivo para saber si se apelará o no ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Posibilidades

Antes la Cámara tiene que resolver si llama a una nueva rueda de negociaciones con los hold outs, que mantienen deuda aún en default por unos u$s 6.000 millones, donde el gobierno de Cristina de Kirchner podría ofrecer, otra vez, la reapertura del canje de deuda; lo que a su vez sería rechazado por los fondos buitres, comandados por Elliot, la marca del norteamericano Paul Singer que hace unas semanas perdió el juicio en Ghana por el embargo de la Fragata Libertad. Por esa causa, Singer debe pagarle a la administración del puerto de Tema en el país africano U$S 8 millones.

«Es una mala; pero no definitiva. No habla de una sentencia definitiva, pero ratifica el fallo del 26 de octubre, lo cual es malo». Así calificó una alta fuente del gobierno el primer avance del fallo de la Cámara sobre el largo juicio que el país mantiene con los fondos Elliot, Olifant, Aurelius, Dart y unos 13 tenedores particulares que sostienen que la deuda impaga desde diciembre de 2001 debe ser canelada al 100%, al contado y, si Argentina no lo hace, deberían incautarse los fondos que el país gira a Wall Street para pagar la deuda emitida luego del default, fundamentalmente en los canjes de 2005 y 2010.

No es el primer antecedente de la justicia norteamericana en el caso contra los fondos buitres en ese país. YaThomas Griesa había fallado el 28 de noviembre de 2012 (día de Acción de Gracias) contra el país, y un 25 de mayo de 2009 el juez norteamericano también había dictado una orden de embargo contra cuentas del país en Nueva York.

Falta aun fallo

Anoche, el gobierno argentino aclaraba que la Cámara de Nueva York no había emitido un fallo definitivo (lo que es iniminente), sino una «orden de tipo meramente administrativa en la causa pari passu, la que no impacta en el trámite de la apelación», según explicó Adrián Cosentino. El funcionario afirmó que ese tribunal dictó órdenes declaratorias estableciendo que Argentina violó la cláusula pari passu, y luego libró la orden con la medida cautelar. Ambas fueron apeladas por Argentina, pero por una cuestión procesal, la segunda apelación (contra la medida cautelar) subsumió la primera (contra la orden declaratoria) y que se «desestimó la primera tanda de apelaciones (contra la orden declaratoria), lo que no tiene impacto sobre la apelación en trámite contra la medida cautelar (injunction) de Griesa».

La decisión del tribunal no implica una decisión definitiva ni sustancial en el fallo de fondo. Sin embargo ratifica que la anterior decisión del tribunal del 26 de octubre del año pasado, que luego bajó al tribunal de Griesa que emitió el fallo más negativo contra el país hasta el momento (le ordenó a pagar el 100% de la deuda), queda ratificada.

La Argentina espera ahora además que la Cámara haga también responsable en su fallo final al Bank of New York Mellon (BONY), como agente financiero de la Argentina ante los «hold outs». Si esto sucede, según la visión del estudio que representa al país, se estaría violando una ley federal de los Estados unidos y habría lugar para que la Corte norteamericana acepte el caso. Sucede que sólo unos pocos casos son aceptados por ese tribunal, que únicamente podría prestarle atención si un derecho federal de un ciudadano o una institucion es afectado; lo que sucedería con el BONY en el caso que se lo obligue a incautar el dinero girado desde Argentina. Sabe Wall Street que esta situación sería una verdadera tragedia financiera para ese mercado, y que se verían afectadas operaciones por más de U$S 40.000 millones anuales de países en desarrollo que por obligación de las leyes nortamericanas deben colocar deuda en Nueva York y que ante cualquier situación de default no podrían negociar un canje de deuda como los que acordó con el 94% de los acreedores la Argentina en las operaciones de 2005 y 2010. Lorenzino había adelantado al presentarse en febrero de este año ante la Cámara, que si esta decisión quedara firme, Argentina llegaría a un default «técnico» por U$S 43.000 millones; ya que ese sería el dinero que los bonistas que aceptaron el canje de deuda en default por casi U$S 95.000 millones podrían reclamar. Eso sucedería si la Cámara finalmente sostiene el fallo de primera instancia.