Instituciones académicas y actores del sector privado relevan la situación de ingresos y bienestar de las familias, la marcha de la actividad, la variación de precios y las expectativas; los datos suelen ser cuestionados por el Gobierno, mientras que los investigadores dicen que su deber es colaborar y reclaman un Indec diferente

Algunos tienen una historia de varios años. Entre los más recientes, hay algunos que le deben su existencia a la crisis de credibilidad que hiere a la estadística oficial en la Argentina. Los indicadores de la realidad económica y social elaborados a partir de investigaciones del ámbito académico o de entidades privadas ganaron protagonismo en los últimos años, algo que, al menos en parte, ocurrió a instancias de los efectos de la manipulación de datos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), iniciada en 2007.

Más allá de la difusión que se les dé a esos números y de su impacto público, otra cuestión es si se los admite o no como lo que los investigadores pretenden en muchos casos que sean: un insumo básico y necesario para guiar el diseño de las políticas del país; un bien de carácter público que colabore con la información recabada por el sistema de estadística del Estado y que en ningún caso sea su reemplazo. Sí su complemento.

Índices que son un llamado a no distraerse, porque permiten conocer la situación en la que viven los ciudadanos y las carencias sufridas por muchos de ellos; que reflejan cuánto suben los precios de bienes y servicios; que marcan cómo está la actividad en las empresas; que encienden una luz de alerta respecto de los déficits de infraestructura; que cuentan qué expectativas tiene la población… ¿Cómo se estructuran esos índices? ¿Quiénes y cómo preparan datos que intentan reflejar algo de nuestra sociedad?

Estaba por terminar la década del 90 y mucho se hablaba sobre las obligaciones financieras externas del país, cuando la Comisión Episcopal Argentina invitó a mirar hacia dentro: «La gran deuda de los argentinos es la deuda social», advirtieron los obispos.

Con el actual papa Francisco -entonces monseñor Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires- como «Gran Canciller» de la Universidad Católica Argentina (cargo máximo en esa casa de estudios), se creó un departamento especial para el análisis de los problemas de sectores vulnerables. Tal fue la génesis del Observatorio de la Deuda Social Argentina, nombre que el programa de investigaciones adoptó en 2004, cuando el sociólogo e investigador del Conicet, Agustín Salvia, presentó su proyecto para dar una estructura a los trabajos que se venían haciendo y procurar su continuidad.

Hoy, la encuesta de la deuda social (EDSA) abarca a 5712 hogares, a los que llegan 120 encuestadores previamente capacitados y bajo la coordinación de 7 personas, para indagar sobre temas diversos, que van desde los ingresos dinerarios hasta la sensación de bienestar espiritual, pasando por la situación laboral y la calidad del empleo, y la disponibilidad de agua corriente o gas en la vivienda. ¿Qué sentido tiene la tarea? Responde Salvia que toda la información resultante «debe ser una herramienta fundamental para el diagnóstico y el diseño de políticas públicas». Y agrega, sobre el trabajo que dirige: «Debe ser totalmente complementario del sistema de estadísticas nacionales, nunca una fuente que reemplace las encuestas y los censos públicos».

Esa visión fue compartida, en su momento, por personas con responsabilidades en la gestión pública. Desde la EDSA se interactuó con técnicos del Indec en los primeros años, y el diálogo se expandió para incluir a funcionarios con poder de decisión o, al menos, con funciones de diseño de políticas. En 2005 y 2006 los resultados fueron presentados ante la Jefatura de Gabinete antes de que tomaran estado público.

El espíritu de complementariedad y colaboración terminó en 2007, cuando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, puso un pie en el organismo oficial de estadística. El primer efecto de esa intromisión se vio en el índice de precios, pero luego otros informes tuvieron problemas. En el caso de la Encuesta Permanente de Hogares -de la que surgen los datos del mercado laboral y que es insumo, por ejemplo, para elaborar los índices de pobreza e indigencia- se inhabilitó el acceso público, por dos años, a los microdatos, que constituyen una fuente de datos sustancial para los investigadores.

El relevamiento de la UCA, si bien no llega a la magnitud de la encuesta oficial de hogares, amplió su alcance en 2010, para desarrollar el proyecto del Bicentenario, que se extiende hasta 2016. El financiamiento proviene de la universidad, de la Agencia oficial FONCyT, del Conicet y de varias fundaciones privadas; la coordinación está a cargo de MFG Consultores.

En los hogares alcanzados viven unas 19.000 personas y las encuestas son presenciales, con una excepción. En la ciudad de Buenos Aires hay 300 familias de clase media que son consultadas en forma telefónica, debido al alto porcentaje de hogares de ese segmento que no atendía en forma personal. En el análisis de datos trabajan cinco investigadores del programa, nueve becarios y tres pasantes. La encuesta llega a 17 ciudades, además de la Capital y el conurbano y es representativa de las poblaciones con más de 50.000 habitantes.

«Se busca interpelar a la política con temas que deberían estar en la agenda; puede haber un crecimiento importante de la economía, con un alza febril del consumo y, sin embargo, no darse un desarrollo para toda la sociedad», advierte Salvia, que insiste en la necesidad de estadísticas públicas transparentes y confiables.

A partir de 2007, la encuesta recibió varios cuestionamientos desde el Gobierno o desde personas cercanas a la gestión kirchnerista. «Lamentablemente, algunos trabajan para sacar el tema de la pobreza o la precariedad laboral de la agenda, a lo cual nos negamos por ética profesional y por compromiso social», afirma el sociólogo. Agrega que en provincias, como Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Tucumán, la encuesta se usa como insumo para la gestión pública. Esto también ocurre, destaca, en dependencias del gobierno nacional, «aunque no se hace público ni nos lo informan».

Críticas llegan, por ejemplo, cuando se difunden los índices de pobreza e indigencia que surgen del trabajo, y que mantienen una brecha de entre tres y cuatro veces con los datos de la gestión estadística del kirchnerismo.

Son varios los centros de estudio que estiman esos índices sociales. Y la explicación de las diferencias con los oficiales está en el precio asignado a la canasta básica de productos que traza esa línea imaginaria que, en la fría teoría de los números echados sobre un papel, deja a una cierta cantidad de ciudadanos del lado de la pobreza.

El tema remite, claro está, a la medición de precios, que constituye el estudio de la realidad económica más controvertido de estos tiempos. Los relevamientos privados son fruto de un Indec sin credibilidad en el dato de variación de precios, que es fundamental para las decisiones políticas y también para las estrategias de inversión de las empresas y la negociación salarial. El abanico de actores sociales que se ocupan de seguir el tema de la inflación es tan amplio que va desde académicos que en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) idearon el proyecto de los «mil millones de precios» a relevar por la Web, hasta la ONG Barrios de Pie, que diseñó el «índice de precios barrial», a partir de visitas a casi 300 comercios.

Varias consultoras difundían sus índices de precios hasta que llegaron las advertencias y las abultadas multas dispuestas por Moreno. Esa disputa tuvo su capítulo más reciente este mes, cuando el funcionario debió declarar en una causa por supuesto abuso de autoridad. Los índices, en tanto, se elaboran pero no se difunden. Al menos, no como antes: algunos son la materia prima del «índice del Congreso», que revelan legisladores de la oposición.

Este año, la consultora Elypsis puso en marcha un relevamiento on line diario que llega a casi 100.000 productos. «Como consultores necesitamos datos de alta frecuencia para trabajar en estudios sobre la coyuntura», dice Luciano Cohan, economista jefe de Elypsis. En total, se estudian valores de 25 fuentes (comercios), pero hay información de 100, para ampliar el proyecto.

PRECIOS Y ACTIVIDAD

Con el método tradicional de recorrer comercios de a pie, en FIEL se siguen relevando precios con personas que reciben allí mismo la capacitación. El economista jefe, Juan Luis Bour, recuerda que la Fundación recaba datos de la realidad económica ya desde los años 60. «Nuestros indicadores surgieron ante la ausencia de datos oficiales», explica. El índice de producción industrial, por caso, es previo al oficial EMI, con el que comparte la metodología básica aunque, desde hace unos años, no los resultados. ¿La causa? Está en un cambio de ponderación que hizo el Indec de algunas ramas fabriles. El nivel de producción se estima a partir de múltiples consultas a fábricas y cámaras empresarias. «El productor estadístico tiene que estar muy cerca de los usuarios y promover un feedback continuo», dice Bour. Con el Indec existió ese ida y venida, pero ya no.

Para ciertas cuestiones, no sólo es importante ver lo que ya ocurrió. Reflejar las expectativas es lo que se propone una serie de indicadores del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, que dirige el economista Guido Sandleris. «Nuestro objetivo es ofrecer un bien público», define.

Tras la intervención del organismo, explica Sandleris, se desagregó el dato de la expectativa de inflación para producir un nuevo informe, ya que hasta entonces era parte de uno más amplio. «Además de medir expectativas, preguntamos de cuánto se cree que fue la inflación del año previo; siempre se tiende a percibirla más alta de lo que fue -dice Sandleris-. Pero antes la diferencia con el dato del Indec era baja y ahora es enorme.» La encuesta abarca 1206 entrevistas telefónicas y es realizada por la consultora Poliarquía. «Para decisiones privadas, como la de tomar un crédito, o públicas, como las políticas del Banco Central», responde el economista, consultado sobre casos en que son de utilidad los datos.

Otras áreas de investigación se abren ante hechos puntuales. El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), de la Universidad Nacional de La Plata, encaró este año un amplio relevamiento de los efectos de la inundación de abril en la capital bonaerense. Según relata la economista María Laura Alzúa, que estuvo a cargo de las tareas, se contó con un equipo de más de 40 estudiantes universitarios avanzados, a quienes les pagaron viáticos, para salir a verificar la realidad de 1337 hogares.

Sacar a flote números que surgen de observar y de indagar es la intención de las investigaciones, que no pretenden reemplazar, sino ayudar al Estado. Números que piden la palabra.

LA PROFUNDIDAD DE LAS HERIDAS SOCIALES, UN EJE DE CONTROVERSIA

Varían en algunos puntos, pero no se alejan demasiado entre sí. Los índices de la realidad social estimados por centros de estudios diferentes al Indec permiten sostener que, aproximadamente, uno de cada cuatro habitantes de la Argentina vive en la pobreza. Las diferencias con el Indec, que para el segundo semestre de 2012 señaló que los pobres son el 5,8% de la población, no están explicadas por cuestiones metodológicas, sino de precios.

Para llegar a los índices se cruzan los datos de ingresos que declaran percibir los hogares con el valor de dos canastas: una de alimentos básicos y otra algo más completa. Si la familia cubre con su dinero la primera de las canastas queda al margen de la indigencia, en tanto que sus integrantes no serán pobres si se logra pagar el costo del segundo conjunto de productos.

El trabajo presentado recientemente por la UCA, resultado de su encuesta de la deuda social, revela una pobreza de entre 24,5 y 26,9% como hipótesis de mínima y de máxima respectivamente, según qué variación de precios se considere, ya que se tienen en cuenta índices tanto del sector académico y privado como de los institutos provinciales de estadísticas, que suelen informar tasas de inflación que triplican a la del Indec. Este último es un insumo que también utilizan otros centros de estudio para deflactar índices.

Basarse en los ingresos de las familias no es, claro, la única manera de evaluar su situación social. La persistencia de altos déficits de servicios básicos en los hogares, el hecho de vivir en un hábitat contaminado, y la falta de acceso a la educación o a un empleo decente es también un tema de las investigaciones.

NÚMEROS QUE DIFIEREN

La distorsión de los datos de precios medidos por el Indec provocó la aparición de otros relevamientos en el sector privado y de estimaciones basadas en índices provinciales. A su vez, se alteró el cálculo de los índices de la realidad social, que dependen de los ingresos de las familias y del precio de los productos básicos. De eso se desprenden las diferencias, según la fuente que se considere.