El Gobierno sigue ampliando los incentivos para que las petroleras aumenten la producción de gas y para que se asocien con YPF, además de dotar a esta última con recursos para la misma finalidad. Ahora dispuso un pago a cuenta del 75% de la compensación que les corresponda a las empresas por la producción nueva de gas. Esto significa que se les anticipará en ese procentaje la diferencia entre el precio del gas que se cobra en las facturas y el valor estímulo de u$s 7,50 por millón de btu (unidad de medida para el gas) que se fijó para la inyección excedente del fluido en los gasoductos. Ese anticipo se limitará por el momento a la producción prevista hasta el 31 de diciembre de este año.

La decisión oficial consta en la Resolución 8 de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas que preside Axel Kicillof. Además, por la Resolución 7 del mismo organismo se prorrogó hasta el 16 de agosto la presentación de proyectos de aumento en la producción de gas, cuando el plazo original había vencido el 30 de junio.

Estas medidas oficiales expresan la creciente preocupación por no poder revertir la caída en la producción local de gas y por el gasto cada vez más alto en divisas que exige la importación del producto. También buscarían salir al cruce de cierta reticencia empresaria a la inversión por temor a que el Estado termine retrasando los pagos compensatorios.

Todo esto además se da en un contexto complejo. Desde el punto de vista geológico, la mayoría de los yacimientos convencionales están en declinación y el desarrollo de los recursos no convencionales está resultando más lento que lo que se calculaba cuando se decidió reestatizar YPF en abril de 2012. 

Por otra parte, el congelamiento de las facturas de gas que rige para todos los usuarios desde los hogares hasta las grandes industrias desde el año 2000 -con la única excepción de dos ajustes autorizados en el área de Gas Natural Buenos Aires Norte- derivó en una creciente morosidad de las distribuidoras para pagar el gas a las petroleras. Dicho de otra forma, varias de las empresas que distribuyen el gas no lo están pagando, porque destinan lo que recaudan con las facturas a los usuarios a cubrir sus gastos corrientes, como el pago de sueldos.

Morosidad

Esto significa que las petroleras que producen gas vienen acumulando facturas sin cobrar al precio promedio del producto que ronda u$s 2 , con lo cual se llegaría a la situación de que el Estado debería compensarles el total del precio estímulo de u$s 7,50 para el gas nuevo. Y además, el fisco, a medida que pasen los meses, también deberá afrontar el pago por la producción base (la anterior al programa de aumento) debido a la morosidad de las distribuidoras. Esta situación incluye a YPF como a las demás petroleras que producen gas, entre ellas la francesa Total, que en 2012 estuvo primera en el ranking de productoras con casi el 30% del total, seguida por la petrolera reestatizada con el 23,7%.

Penalización

Con anterioridad a este nuevo incentivo para aumentar la producción de gas, la comisión que preside Kicillof ya había modificado el reglamento original del programa, atenuando la penalización prevista inicialmente que incluía una indemnización (por parte de la empresa que rescindiera el proyecto) equivalente a cinco veces el promedio de la compensación mensual actualizada. Luego se añadió que la comisión podrá atenuar o excluir la aplicación de esa cláusula por razones debidamente fundadas.

Se puede suponer que para empezar a afrontar los anticipos a las petroleras, la comisión cuenta con la partida presupuestaria de $ 2.814 millones que el Gobierno dispuso esta semana para el programa de incentivo a la producción de gas. Pero por ahora no hay datos de cómo se aplicarán esos fondos.

Por: Silvia Peco

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