Cada vez más adolescentes sanrafaelinos se suman al uso de una nueva herramienta en las redes conocida como WhatsApp, cuyo uso ya genera debate en otros lugares del país por la falta de regulación en general en este campo que pone en riesgo a los jóvenes.

La difusión de un video erótico que expuso a una niña platense de 13 años reavivó el debate acerca del vacío legal que existe en Internet, sobre todo en relación a las redes sociales. En un contexto en el que las tecnologías de la información y comunicación crecen a pasos agigantados, el sistema judicial se ha quedado atrás.

La web 3.0 ya se instaló en la vida cotidiana; refleja la evolución del uso y la interacción de las personas en la web a través de diferentes formas, cada vez más completas y a su vez sencillas. Un ejemplo de estas nuevas herramientas es el WhatsApp, espacio por donde explotó la filmación de la niña.

El WhatsApp es una aplicación de mensajería multiplataforma que permite enviar y recibir mensajes mediante Internet, sustituyendo a los servicios tradicionales de mensajes cortos. Desde la empresa creadora admitieron que es gratis descargarlo y usarlo el primer año; después, existe la opción de pagar 99 centavos de dólar para otro año de servicio. Con costos mucho menores y mayor oferta de servicios –la posibilidad de mandar videos, imágenes, música y cualquier tipo de archivos-, es la aplicación que más adeptos está generando.

Voceros judiciales bonaerenses informaron que el video de la joven alumna del Colegio Nacional de La Plata circuló por Internet con una velocidad incontrolable. A pesar de ello, el fiscal Fernando Cartasegna, reconoció que “se avanzó muchísimo” en la investigación e identificaron el celular que subió el material a la web.

En Argentina no existe ninguna normativa específica que regule la actividad en las redes sociales. Fernando Tomeo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Informático, aseguró que “esto genera que cada usuario de red social deba hacerse cargo de lo que escribe y que, en caso de algún litigio judicial por contenidos injuriantes, los jueces actúen como si las cuentas privadas fueran públicas y apliquen el derecho que rige en el Código Civil», precisó Tomeo.

Desde otra óptica, Ariel Vercelli, investigador del CONICET y experto en tecnologías, sostuvo que «las cuentas que se abren en las redes sociales son privadas y cada uno tiene derecho a escribir lo que crea conveniente. Las propias empresas proveedoras de estas redes son las que se encargan de aplicar sutiles formas de censura en los mensajes de los usuarios».