Son más de US$ 172 millones para cancelar obligaciones a Petróleos de Venezuela; las resoluciones que las habilitaron se publicaron nueve meses después del pago

La denuncia, que además de Bossio alcanza al secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, fue presentada por la diputada Elisa Carrió y la ex legisladora Fernanda Reyes, ambas de la Coalición Cívica.

La utilización de los fondos de la Anses para otros fines que no sean el pago de jubilaciones fue denunciada en numerosas ocasiones, ya que si bien desde ahí se abonan jubilaciones, pensiones y cajas provinciales traspasadas, también se destinan fondos al programa Conectar Igualdad, se financia parte del déficit del Tesoro nacional, se otorgan créditos a empresas públicas y privadas y se utiliza para el nuevo plan de viviendas oficial, Procrear.

La reasignación de estas partidas se da después de que la Justicia -con fallos favorables de la Corte Suprema- dictó sentencias para que los jubilados cobren reajustes de haberes, presentaciones que han sido apeladas por la Anses para demorar el cobro de las demandas.

La denuncia de Carrió y Reyes, ambas candidatas legislativas por Coalición Sur, fue presentada en plena campaña electoral y se reactivó luego de la feria judicial con el dictamen de Delgado, quien entendió que el juez Julián Ercolini debe avanzar con el caso.

Las denunciantes habían señalado que se gestó un posible desvío de dinero perteneciente a la Anses a través de cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta, las cuales fueron publicadas después de ocho meses en el Boletín Oficial,

Se trata de la suscripción de Letras del Tesoro por más de 172 millones de dólares, integrada por 835 millones de pesos, 1.378.357,753 dólares y 21.642.247 dólares tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Ese dinero estaba destinado a las empresas Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y Energía Argentina SA (Enarsa) «con objeto de cancelar las obligaciones con Pdvsa», según la denuncia.

En su requisitoria, el fiscal señaló que «la denuncia pone foco en estas últimas dos resoluciones, debido a que la norma que habilita la creación de esa deuda pública data del 18 de octubre de 2012 y su emisión fue el 18 de enero de 2012, pero recién fue publicada el 28 de junio de 2013». Carrió y Reyes imputaron a los funcionarios que «sin ley que lo habilite, sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos, intereses, etcétera, se habrían emitido Letras nueve meses antes de que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno». Sugirieron que «tal vez se trate de una operatoria que está ocultando un delito mayor que debe ser investigado».

En ese contexto, Delgado entendió que podría existir «una posible hipótesis delictiva», por lo que requirió «formalmente la instrucción de la presente causa» y reclamó que «se obtengan los expedientes administrativos de las resoluciones».

Además, pidió al juez Ercolini que le solicite a la Auditoría General de la Nación que «designe un grupo de expertos que brinden su opinión técnica sobre el procedimiento que denunciaron» las candidatas.

Bossio suma otras denuncias, como la que lo tiene como imputado junto con el vicepresidente Amado Boudou. Allí se los acusa por una supuesta relación de Boudou y la consultora financiera Arcadia, que intervino en la operación del último canje de deuda y fue acusada de «traficar influencias». El fiscal Jorge Di Lello impulsó la denuncia que realizó el diputado de Proyecto Sur Fernando «Pino» Solanas luego de un pedido de informes que había presentado Claudio Lozano. El fiscal pidió al juzgado toda la documentación relativa al canje y la lista completa de quienes canjearon deuda.

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