Thomas Griesa.

La Corte Suprema de Estados Unidos extendió el plazo para que los fondos buitre presenten una respuesta, como contraparte, al pedido del Gobierno argentino de que el máximo tribunal revise el fallo del juez Thomas Griesa contra el país, y que avaló parcialmente la Cámara de Apelaciones.

La orden procesal, que fue tomada el jueves y se conoció oficialmente este viernes, implica que los tres fondos involucrados en la sentencia, NML, Aurelius, y Olifant, tienen un mes adicional de plazo para contestar por la petición de un «writ of certiorari» (pedido de apelación) de la Argentina, hasta el 26 de agosto, cuando hasta la fecha límite era el 26 de julio.

El pasado 24 de junio la Argentina solicitó el pedido de apelación a la Corte Suprema del fallo del 26 de octubre de 2012 de la Cámara de Apelaciones, que avaló parcialmente un fallo del juez Thomas Griesa.

La Cámara interpretó que la Argentina violó el pari passu, tratamiento igualitario a los acreedores, y mantuvo en suspenso una definición sobre el método de pago para dicho incumplimiento, cuestión que se dirime por estos días en el mismo tribunal de Apelaciones.

El martes último, se conoció que la gerencia del FMI, que conduce Christine Lagarde, elevará un pedido al directorio para que presente un documento Amicus, a dicha Corte Suprema, favorable as la posición argentina. Se estima que el directorio debatirá el caso el próximo martes.

La posición del Fondo, según un documento reciente del staff que fue votado en mayo por el directorio, es que el juicio por el default contra la Argentina puede perjudicar el propio funcionamiento del FMI, el flujo de pagos internacionales y afectar futuras reestructuraciones de deuda soberanas, entre otras consecuencias.

El texto sostiene que de prevalecer los fondos buitre en el litigio, «desalentarían a los acreedores de participar en una reestructuración voluntaria» y que a su vez «incrementarían el riesgo de que los tenedores de bonos se multiplicaran y los acreedores que de otra manera están inclinados a acordar una reestructuración, estén quizás menos dispuestos a hacerlo debido a preocupaciones de equidad entre acreedores».

Según fuentes del organismo, el FMI tomó la decisión de intervenir en el caso, en la instancia ante la Corte Suprema, dadas las «implicaciones políticas que afectarán adversamente el proceso de reestructuración» de deuda.

Este paso que pretende dar el FMI es una señal contundente acerca de la importancia que tiene el caso argentino para el ámbito financiero mundial, devenido en un «leading case», y de un giro importante en la cúpula del organismo, que hasta el momento evitó pronunciarse sobre el tema.

Sucede que Europa se encuentra sumergida en una crisis de deuda sin precedentes, que está motivando un cambio en la política de préstamos del organismo, debido a que los paquetes de salvataje efectuados hasta el momento no resultaron suficientes para llevar a los países a un sendero de crecimiento sustentable.
En este sentido, una solución puede ser que el FMI otorgue préstamos pero a cambio de reestructuraciones de deuda, donde los privados también paguen un costo.
Estas ideas están en debate en el seno del organismo, dada la prolongación de la crisis internacional.

La apelación argentina, en tanto, sostiene que considera que el fallo viola la ley de inmunidad soberana de EE.UU.

Para la Argentina, la decisión de la Cámara «justifica ser revisada porque representa una intromisión sin precedente dentro de las actividades de un Estado extranjero dentro de su propio territorio, que hace que surjan preocupaciones sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos», sostiene el escrito en relación al primer argumento.

Asimismo el texto argentino presentado en junio a la CS agrega que, al comprometer los pagos del canje para abonarle a los fondos buitre, «la decisión también pone en riesgo el proceso de reestructuración de deuda soberana voluntario que cuenta con el apoyo tanto de Estados Unidos como del resto de la comunidad financiera internacional».

En este sentido, indicaron las fuentes que «las órdenes que, con el objeto de reparar un daño puramente monetario, prohíben que la República efectúe pagos a un grupo de acreedores, a menos que haga pagos pro-rata a otro grupo de acreedores, viola cada uno de estos preceptos fundamentales».

Argumenta en otro párrafo del escrito que una solución como la de Griesa «no tiene precedentes en ninguna corte» y «contradice» a otros fallos de distintas Cámaras Federales y de la propia Cámara que la emitió, acerca del `pari passu` (tratamiento igualitario a los acreedores).

Fuente: ámbito.com