El Senado de Brasil aprobó la ley que modifica las penas por casos de corrupción, y se transforman de esta manera, en crímenes atroces.

Esta propuesta de cambio, surgió mediante protestas de los ciudadanos, hartos de la corrupción e impunidad; y fue impulsada por la presidente Dilma Rousseff, quien anunció el proyecto el lunes, luego de escuchar a los manifestantes.

Este proyecto se había presentado en 2011; y se trató recién ahora debido al reclamo popular y al impulso presidencial en conjunto.

Los tres puntos principales de la ley determinan que:

– los condenados por corrupción perderán el derecho al indulto y la amnistía;

– no gozarán del derecho a libertad bajo fianza;

– tendrán más dificultades para conseguir la libertad condicional y reducciones de penas.

Las medidas alcanzan a los funcionarios públicos, incluso después de haber abandonado o finalizado su función y a quienes reciban condenas por malversación de fondos y recaudación indebida de impuestos.

Para quienes sean culpables de sobornos, la pena es entre 4 y 12 años de prisión y una multa.