No es raro que la Legislatura sea atravesada por discretos cimbronazos. Ayer estallaron tres bombas bajo el más estricto control de ruido, para que se desparramen esquirlas.

Es que se conocieron tres pedidos de informes presentados por la diputada del PJ María Evangelina Godoy para preguntar sobre los gastos en los que habría incurrido el Gobierno provincial para dos espectáculos masivos: la pelea entre Yésica Marcos y la Tigresa Marcela Acuña y el recital de Alejandro Sanz.

La diputada Godoy es la esposa del fotógrafo-empresario sanrafaelino Gustavo Matar, quien a su vez es investigado en una causa por sobreprecios en la contratación de servicios de comunicación del Gobierno provincial durante la gestión de Celso Jaque.

Los pedidos de informes fueron remitidos al secretario de Deportes, Marcelo Locamuz (expediente 64.489); al director de Comunicación Social, Pablo Bicego (expediente 64.487) y a la ministra de Cultura Marizul Ibáñez (expediente 64.448).

En realidad los pedidos de informes fueron presentados el martes pasado, pero recién se conoció su existencia ayer.

Habitualmente los pedidos de informes son presentados por los legisladores de la oposición, con la intención de generar incomodidad al Ejecutivo. Es más, suele suceder que alguna parte de la información ya se conoce y lo que se intenta es profundizar algún aspecto o meter el dedo en la llaga.

A indagar

Por eso es extraño que una diputada del oficialismo sea la que presente el pedido de informes queriendo saber cuánto se gastó, las formas de pago, los convenios realizados, las partidas presupuestarias afectadas y los proveedores del Estado a quienes les haya pedido apoyo para realizar la pelea de Marcos y Acuña el 25 de enero en San Martín y el recital de Sanz que se llevó adelante en la última noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2013.

El cuestionario de la legisladora llega a dos semanas de que el fiscal Santiago Garay imputara a su marido y al ex secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán en la causa por la que se investiga el destino de 30 millones de pesos del Estado.

Esos 30 millones fueron cobrados por Matar en concepto de servicios de comunicación (fotografía, filmaciones, alquiler de camión satelital); según la pesquisa del fiscal de Delitos Complejos, Matar habría cobrado mucho más caro que otros proveedores que prestaban el mismo servicio.

-Usted presentó estos pedidos de informes justo en este momento, en el que su marido es investigado por la Justicia. Se presta para pensar de que es un ‘apriete’ para conseguir protección política…, preguntó Los Andes.

-No. De ninguna manera. Soy una legisladora provincial como cualquier otra que quiere saber cómo se contrató para estos shows. Traté de contactarme con Bicego, pero no pude. Entonces presenté el pedido. Yo no necesito protección política- dijo la diputada.

Malestar en el oficialismo

Así pues, la diputada no consiguió el celular de un funcionario de su mismo gobierno y por eso es que presentó un pedido de informes. El tema ha generado malestar en el seno del oficialismo, aunque se manifiesta muy discretamente. Pero nadie niega que el tema ha provocado algunas iras en Casa de Gobierno.

Hay bombas que deben explotar dentro de un cono de silencio. No falta quien diga “podría haber hecho la averiguación más informalmente. Es una legisladora del oficialismo”.

Por lo pronto el oficialismo decidirá qué hacer con los tres proyectos de Godoy en la mañana de hoy, en reunión de bloque. Aunque es De acuerdo a los fundamentos esgrimidos por Godoy, la motiva “dar transparencia a las contrataciones realizadas por parte del Estado provincial”.

Además, agrega en el texto que “desde el lugar y la función que desempeñamos es nuestra obligación poder poner en conocimiento, dando una respuesta que otorgue claridad al tema en discusión. De ahí la importancia de conocer si existen operativas de control y si se han implementado para el otorgamiento de dichas partidas presupuestarias”.

Fuente: Diario Los Andes

(Gentileza)Daniel Peralta – dperalta@losandes.com.ar