Para empezar, conviene saber qué es la pornografía infantil y qué se considera delito. En España, esa actividad concreta queda recogida en el artículo 189 del Código Penal, que prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien utilice menores de edad para elaborar cualquier clase de material pornográfico, así como para quien lo distribuya «por cualquier medio», «aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido».

La pena se puede disparar a hasta nueve años de cárcel «cuando se utilicen a niños menores de 13 años», o bien si el material es particularmente degradante o vejatorio, especialmente violento o el culpable tiene alguna responsabilidad sobre el menor (ascendente, tutor, maestro, etc.).

En España está penado incluso la mera tenencia de material pedófilo -con entre tres meses y un año de cárcel- así como el llamado ‘morphing’, es decir, la producción y distribución de material pornográfico en el se emplee la voz o la imagen de un menor alterada o modificada, una suerte de ‘pseudo-pornografía infantil’.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil dedican, a escala nacional, cada vez más recursos a la lucha contra la pornografía infantil ‘online’. Por un lado, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil lleva funcionando desde 1996, explica su actual comandante, Óscar de la Cruz Yagüe, que afirma que con los años este grupo «ha ido creciendo tanto en número como es especialización». Por su parte, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, conocidos como BIT (aunque ahora ahora ha escalado a «unidad») funciona desde 1995, y la sección primera, dedicada exclusivamente a la protección del menor en la Red, se creó en 2006.

Cómo se investiga

La labor de investigación de los cuerpos de seguridad del Estado para detectar y combatir la difusión en Internet del porno con menores mezcla tanto las denuncias de los ciudadanos como la propia labor de los agentes, que rastrean las redes en busca de estos archivos.

El oficial de la Policía Nacional y miembro de la BIT Eduardo Casas explica que su grupo lleva todo el proceso de investigación, desde que se recibe la denuncia hasta que sale la sentencia tras el juicio. «La colaboración ciudadana es importante, cada día lo es más, así como con otras policías», comenta Casas, y añade: «Se están potenciando las investigaciones proactivas dentro de nuestras posibilidades, aquellas que nosotros sacamos por nuestros propios medios, metiéndonos en sitios en donde sospechamos que se está intercambiando pornografía infantil».

En la Guardia Civil, el comandante De la Cruz añade que utilizan el método tradicional de extracción del ‘hash’ o huella digital de cada archivo conocido para rastrear quién usa y difunde ese material, y últimamente trabajan sobre «lo que se conoce como ‘hash perceptual’, es decir, que además se tiene en cuenta cómo está conformada la imagen y se buscan imágenes parecidas». «Es un sistema sobre el que aun hay que trabajar porque a menudo da falsos positivos, pero estamos trabajando en esa línea», afirma el comandante.

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