Atrás quedaron los fallos adversos al Gobierno en la causa por la Ley de Medios y la recuperación del predio de La Rural. Atrás quedó el pomposo anuncio formulado por la presidenta en la Asamblea Legislativa sobre la “democratización de la Justicia”. Atrás quedó la campaña de las ONGs para torcer la votación y el posterior debate en ambas Cámaras del Congreso. Y atrás quedó, aunque con el recuerdo todavía fresco, el escándalo desatado aquella madrugada en el recinto de la Cámara de Diputados por los dos votos no registrados.

Un nuevo capítulo de la reforma judicial se abre ahora fuera del carril parlamentario. Tras fracasar en la instancia legislativa, la oposición cívico-política deposita todas sus esperanzas a los mismos tribunales que el kirchnerismo pretende “sanear”. Los amparos anunciados ya comenzaron a llegar y se espera otro arsenal de iniciativas de magistrados, asociaciones civiles y partidos políticos para declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

El primero de estos recursos, sin embargo, ya fue rechazado. El 29 de abril, a cuatro días de su sanción, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó un amparo de acción colectiva para frenar la ley que limita las cautelares contra el Estado y la iniciativa que crea tres nuevas cámaras de Casación -en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Trabajo y Seguridad Social-, dada la necesidad de resguardar el “derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al amparo”.

Pero el recurso fue rechazado in límine al día siguiente por la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8. Es que según la magistrada, de la compulsa de la página web del Boletín Oficial no surge que las normas cuestionadas hayan sido publicadas.

“Ello me impide constatar que hayan sido promulgadas las leyes sancionadas por el Congreso en su totalidad o parcialmente, teniendo en cuenta que el presidente puede emplear tres tipos de veto”, remarcó la jueza -sobre algo poco probable- y precisó que “la falta de publicación impide la lectura de las normas” y, en consecuencia, la constatación del perjuicio que se alega y el necesario control de constitucionalidad.

El Colegio de Abogados también hizo lo suyo al pedir, el pasado martes, la inconstitucionalidad de la ley de cautelares. El presidente del cuerpo, Jorge Rizzo, argumentó que “la norma vulnera, en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, derechos adquiridos de los abogados, afectando la dignidad profesional y entorpeciendo el libre ejercicio de la abogacía”.

Mientras tanto, y para su disgusto, el kirchnerismo sufrió un inesperado y duro cuestionamiento por parte de Naciones Unidas. La brasileña Gabriela Knaul, relatora especial del organismo, exhortó al Ejecutivo a que reconsidere las leyes de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares por ser “contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”, sostiene el artículo 14 del tratado que podría enterrar la ley de cautelares. “Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial”, agregó Knaul sobre la reforma a la Magistratura.

Lo anterior sería sólo un anticipo de lo que vendrá. Incluso un importante legislador del Frente para la Victoria confesó a Semanario Parlamentario su creencia de que alguna de las leyes quedaría frenada por la Justicia. “No tengo dudas. Tal como sucede con la Ley de Medios”, admitió.

Las declaraciones de inconstitucionalidad que, se espera, lloverán en la Justicia Nacional Electoral y en lo Contencioso Administrativo, pueden tomar dos caminos. Si el juez de primera instancia rechaza el planteo, el demandante puede apelar a la Cámara o directamente a la Corte, a través del per saltum. El máximo tribunal decidirá entonces si tomar el caso o rechazarlo. Por el contrario, si el juez da lugar al reclamo, el Estado también puede apelar para suspender la cautelar, salvo que se declare inconstitucional la flamante ley de cautelares, o que el demandante logre que la Cámara confirme la cautelar antes de las PASO.

Sin complicaciones

Incluso fueron cuestionados aquellos proyectos que, a priori, parecían inobjetables. Es el caso, por ejemplo, de la publicación de las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado por Internet. A pesar de la transparencia que el Frente para la Victoria manifestaba buscar, algunos opositores salieron a alertar sobre la inconstitucionalidad del proyecto. El motivo: el control no estará en manos de un organismo “independiente”, sino de la Oficina Anticorrupción, un brazo del mismo Ministerio de Justicia. Pero es poco probable que este reclamo avance ahora en los tribunales.

Tampoco se prevén dificultades para la vigencia de otra de las iniciativas: la publicación online de todas las decisiones emanadas de la Corte y de los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal. El proyecto no recibió críticas, pero tampoco se consideró una novedad, porque este sistema ya se aplica en muchas provincias.

El ingreso “igualitario” y por concurso público al Poder Judicial también fue cuestionado: “¿Por qué no ampliarlo al resto de los poderes?”, se quejaban muchos legisladores. Julio Piumato levantó la bandera y pidió que su gremio actúe como veedor de los concursos. También cuestionó que no se sometan a este mecanismo de selección los empleados de la Procuración y la Defensoría General de la Nación. Pero los reclamos oídos fueron otros: los de la misma Corte Suprema, que mantendrá bajo su órbita la administración de los recursos y el nombramiento de los trabajadores judiciales. Por esos cambios, el Senado devolverá el texto a la Cámara de Diputados.

El Consejo de la disputa

Párrafo aparte merece la columna vertebral de la reforma: los cambios en el Consejo de la Magistratura. Todo el arco opositor coincide en alertar que la futura norma “vulnera la división de poderes” y lastima a la forma republicana de Gobierno, entrando así “en contradicción” con la Constitución nacional.

A grandes rasgos, el proyecto tiene dos nodos polémicos: la elección popular de los consejeros y el nuevo régimen de mayoría absoluta -la mitad más uno- para el nombramiento y remoción de los magistrados.

Pero no está de más formular algunas aclaraciones. En primer lugar, como disposición transitoria, el proyecto aclara que el nuevo régimen de mayoría comenzará a regir una vez que se renueve la composición del Consejo, y no a partir de la promulgación de la ley -en caso de no ser suspendida-. Es decir que hasta que la norma no empiece a regir, la toma de decisiones dependerá del voto de los dos tercios de los miembros.

En segundo lugar, por otra parte, el texto establece que los consejeros se elegirán junto a los comicios presidenciales. Pero por primera vez y de manera excepcional, deberán ser preseleccionados en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto y designados definitivamente mediante las generales del 27 de octubre.

Ahora bien, de acuerdo con el cambio más polémico que se le introdujo el proyecto, las agrupaciones políticas que quieran adherir la boleta de candidatos a consejeros con la de legisladores nacionales deberán tener, para esta categoría, la “misma denominación” en al menos 18 de 24 distritos. Pues cabe recordar que la designación se realizará tomando a la Nación como distrito único, ya que el Consejo de la Magistratura es un órgano de orden nacional.

Precisamente la enmienda fue tomada como una traba por los partidos de oposición, que de esta manera deberán trazar una nueva estrategia política, claro está, en caso de que algún juez no frene la reforma.

El dilema opositor

El arco opositor concuerda en que la elección popular de los consejeros es inconstitucional. Sin embargo ofrece distintas posturas de cara a la estrategia electoral. Un primer sector propone lisa y llanamente no participar de los comicios para no convalidar la reforma. Elisa Carrió fue una de las primeras en convocar a una resistencia cívica, incluso con duras críticas a los opositores que aún sin regir la norma se mostraron ansiosos por el armado electoral. Consultado sobre la posibilidad de que la UCR no presente sus candidatos, Ricardo Gil Lavedra recordó que esta disyuntiva ya se planteó en otros momentos de la historia argentina, como cuando el peronismo avanzó con la reforma constitucional en 1949. “No está decidido”, afirmó, ratificando la postura de su partido de agotar la vía judicial. El senador cordobés Luis Juez fue otro de los que se pronunció públicamente sobre esta postura, al instar a la oposición a no presentar candidatos a consejeros. Omar Duclós (GEN) coincidió, pero también llamó a la ciudadanía a votar en blanco en ese rubro: “Se debe obrar con coherencia y firmeza para no convalidar este grave atropello al Estado de Derecho”, justificó.

¿Estarán dispuestos a entregarle todos los consejeros al kirchnerismo? ¿No se profundizarían así las condiciones para una mayor dependencia política a los jueces, según denuncian? ¿Acaso descreen de la capacidad de sus respectivos partidos de conquistar el voto popular?

Al menos otro sector opositor ya blanqueó sus intenciones de hacerle frente al oficialismo en la arena electoral. Y entre ellos, algunos apuestan a conformar una única lista de candidatos. Entusiasmada con la experiencia venezolana, Patricia Bullrich (Unión por Todos) les envió una carta a los presidentes de los partidos de oposición pidiéndoles “dejar la tristeza atrás” por el fracaso parlamentario. “Dimos la lucha por una votación transparente, iremos a la Justicia para que no convaliden estas leyes y pediremos la declaración de inconstitucionalidad. Pero antes que nada, y como verdadera respuesta al atropello, debemos presentar una sola lista de consejeros a la Magistratura, y eso implica ir unidos en las elecciones parlamentarias”, apuntó.

En el mismo sentido se expresó Eduardo Amadeo: “Creo que tenemos que hacer un serio esfuerzo para unirnos y hacer una lista única. Esto de dejarle al kirchnerismo el campo libre no me gusta”, subrayó el peronista disidente.

Los legisladores aún se guardan para sí los nombres de los postulantes. Si ya hay figuras circulando, éstas se mantienen bajo estricto off the record, a la espera de lo que suceda en la Justicia.

Cómo sigue el trámite parlamentario

En las próximas semanas el kirchnerismo se apresta a convertir en ley el resto del paquete de proyectos. Los senadores se encargarán de sancionar la reforma al Consejo de la Magistratura el miércoles 8 de mayo. Cinco días después empieza a correr la convocatoria oficial para presentar precandidatos para las PASO. Al contrario que en Diputados, donde la votación fue más que ajustada -arrojó 130 votos positivos, apenas uno más que lo requerido por la Constitución-, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto confía en alcanzar con facilidad los 36 votos. En rigor, la sanción se demoró por los cambios propuestos por el titular de la Corte Suprema: el supuesto “pacto espurio” entre Cristina Fernández y Ricardo Lorenzetti, denunciado por Carrió.

Al mismo tiempo buscará aprobar las iniciativas para la publicación online de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de las resoluciones de la Corte.

A los diputados sólo les queda convalidar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ingreso por concurso público a los tribunales. Allí aun no se definió la fecha de tratamiento, aunque se estima que será un trámite sencillo. Mientras tanto, en la oposición ya afilan la pluma para las presentaciones judiciales.