El kirchnerismo aprobó la inciativa en tres comisiones; será tratada en el recinto el miércoles 22 próximo
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para ingresar divisas no declaradas al circuito formal, obtuvo esta noche dictamen en el Senado de la Nación y será debatido en la sesión del próximo miércoles 22 de mayo.
La iniciativa fue rubricada por los legisladores que responden al oficialismo dentro de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Justicia y Asuntos Penales
La discusión del proyecto, tratada en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Justicia y Asuntos Penales, comenzó pasadas las 15 con disertaciones de una docena de expositores, que en su mayoría criticaron la propuesta del oficialismo. En esa línea, los cuestionamientos apuntaron a la inequidad que plantea el programa entre los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias y aquellos presuntos evasores que se verían favorecidos por la ley.
El debate en el plenario de comisiones tuvo preeminencia de opiniones en rechazo de la iniciativa, especialmente por parte de los economistas, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) evitó pronunciarse en forma taxativa. En tanto, también expusieron juristas, ex funcionarios, empresarios y la oposición que reclamó que se presente a responder preguntas el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.
«No hubo un análisis del proyecto artículo por artículo», lanzó el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, al ser consultado por el senador Gerardo Morales por la postura de la entidad. La posición de la UIA fue expresada también por el presidente de la entidad, José Ignacio de Mendiguren, y los industriales que se limitaron a solicitar que «los fondos sean dirigidos a unidades nuevas y que se extienda a galpones y productos de fábrica» y sugirieron que parte de los fondos «puedan volcarse al incentivo de economías regionales».
Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas de Néstor Kirchner con Roberto Lavagna como ministro de Economía y luego embajador en Alemania, afirmó que «la ley presenta objeciones éticas y de disciplina tributaria de largo plazo». Y sostuvo que «en lo instrumental se plantea objetivos a partir de un diagnóstico equivocado».
En tanto, Alberto Abad, ex titular de la AFIP, se pronunció en contra de la iniciativa porque «es premiar a los evasores» y aseveró que el «proyecto de ley es un somnífero» y que «cuando el paciente se despierte seguirá con los mismos problemas».
Quien también criticó la iniciativa fue el presidente de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, que enfatizó que «el proyecto promueve medidas que no van a ser auditadas» por el organismo a su cargo. Asimismo, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, objetó los fundamentos del proyecto, al que calificó como «Frankenstein» y «engendro», al mismo tiempo que estimó que «en el mejor de los casos podrían obtenerse entre 500 y 1.500 millones de dólares» y relativizó los efectos que podría generar sobre la pretendida reactivación del mercado inmobiliario.
El ex titular del Banco Central, Javier González Fraga, consideró que «la ley será ineficaz en alcanzar los objetivos que persigue» y dijo que convertirá al «país en un paraíso fiscal». En el mismo sentido se pronunció el también ex presidente del BCRA, Aldo Pignanelli, quien se lamentó por el deterioro de la economía, situación a la que atribuyó la propuesta oficial.
Fuente: Agencias DyN y Télam.
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