Lo había anticipado la oposición cuando advirtió que no podría frenar el paquete que reforma a la Justicia, la ley más controvertida del mismo que recibió este lunes una batería de acciones tendientes a desactivarla. Se trata de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, promulgada la semana pasada de hecho, pero publicada recién este lunes en el Boletín Oficial. Era la señal que aguardaban los que habían anticipado que accionarían legalmente para tratar de frenarla.

Los primeros en presentarse fueron los radicales. El partido centenario presentó este lunes por la mañana una medida cautelar para suspender la reforma, a través de su presidente, Mario Barletta, ante el juzgado con competencia electoral de la Capital Federal, a cargo de la jueza María Servini de Cubría.

Por su parte, los diputados Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas, actuales socios políticos en el distrito porteño, presentaron a su vez un amparo y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda la ley de elecciones de integrantes del Consejo de la Magistratura. Allí argumentaron que “nos encontramos legitimados activamente para interponer esta acción de amparo colectivo, en beneficio de todo el grupo de ciudadanos electores que como consecuencia directa de la promulgación de la Ley N° 26.855, avasalla el artículo 114 de la Constitución Nacional, el principio de división de poderes y la supremacía constitucional”.

Los legisladores estiman que la norma aprobada “obliga a todos los electores a elegir candidatos a ocupar cargos en el Consejo de la Magistratura, siendo estas candidaturas inconstitucionales, así como también se produce la violación flagrante de la independencia del Poder Judicial de la Nación”

“La ley, que se sancionó en forma exprés y desoyendo las críticas y fundamentos de los diversos sectores de la sociedad directamente interesados en la temática, rompe el equilibrio de poderes”, agregaron Carrió y Solanas, para quienes “la democracia no consiste sólo en la decisión política mayoritaria, sino que se compone también de la participación de la minoría”.

Por su parte, el partido de Patricia Bullrich, Unión por Todos, presentó a través de esa diputada, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza y con el patrocinio del representante legal Sebastián Smoler, presentaron una acción de amparo con el objetivo que se dicte una medida cautelar para determinar la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. A su vez, en el escrito se solicita que se dicte una medida cautelar innovativa a fin de suspender parcialmente la convocatoria a las PASO.

En el escrito, se señala entre los fundamentos la existencia de múltiples inconstitucionalidades respecto a la ley publicada en el Boletín Oficial de Reforma del Consejo de la Magistratura. Una de las modificaciones principales que contiene la reforma, se señala en la acción figura la elección popular de los consejeros representantes de abogados, jueces y científicos y académicos. Dicho proceso electoral debe ser llevado a cabo a través de partidos políticos, lo que más allá de las objeciones que provoca la desnaturalización de la relación constitucional prevista entre el representante y el estamento que representa al desplazar los electores del consejero al padrón general de la Nación, “se establecen requisitos para los partidos políticos relacionados con la cantidad de jurisdicciones donde deben estar habilitados que resultan claramente irrazonables y desproporcionados con el objeto oficialmente perseguido, aunque presuntamente falso, de democratizar la justicia, en este caso a través del manejo político del Consejo de la Magistratura”, señala la cautelar.

Asimismo el FAP accionó contra la reforma. En efecto, Hermes Binner, (Partido Socialista), Margarita Stolbizer (GEN), Víctor De Gennaro (UP), Humberto Tumini (Libres del Sur) y Luis Juez (Frente Cívico Córdoba), presentaron un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 26.855, que reformó el Consejo de la Magistratura. La demanda se presentó ante el Juzgado Federal con competencia electoral de la Capital Federal.

Hermes Binner afirmó que “nos cabe la responsabilidad de cuestionar la constitucionalidad de esta norma, porque hace depender de los partidos políticos la selección y remoción de los miembros del Poder Judicial, en abierta contradicción con lo que expresa la Constitución Nacional”.

Binner sostuvo que “tiene la firme convicción de que la resolución será favorable, dado que la ley impugnada es manifiestamente inconstitucional».