Verbitsky. El periodista ultra K y titular del CELS cuestionó ayer el proyecto que limita las cautelares./david fernandez.
El titular del CELS dijo que el proyecto de las cautelares “no refleja la voluntad de la Presidenta”. Y Alvarez lo acusó de contribuir a la “ensalada” mediática.
En representación del CELS, Verbitsky abrió el plenario e insistió con la idea de que el texto tiene “objeciones de tipo constitucional” y apuntó que hubo “una redacción apurada, imprecisa e incompleta” del proyecto. “Somos conscientes de que hay muchas presiones corporativas e interesados en impedir esta reforma, por lo que creemos que es fundamental blindar esta reforma”, argumentó. Por ese motivo, propuso una serie de modificaciones. Y, puntualmente, pidió que se amplíen las excepciones que prevé el proyecto a los “sectores en situación de vulnerabilidad, trabajadores y usuarios de servicios públicos”. “De este modo no se afecta el propósito del proyecto, pero se especifican aquellos sectores a los que no debe reducirse la protección de la que ahora gozan”, explicó.
Ofuscado, el secretario de Justicia Julián Alvarez rechazó el documento que el sábado emitió el CELS de Verbitsky y que habló de la “inconstitucionalidad” de algunos textos. Indicó que los argumentos que dio el organismo son “erróneos, imprecisos y ayudan a la ensalada que generan quienes dan debate en los medios de TV y no en el Congreso”. Y, sin mencionarlo, le reclamó a Verbitsky: “Terminemos de dar argumentos a la patria zocalera”.
Sin embargo, con poco margen, debió resignarse a ofrecer una alternativa a lo que había pedido Verbitsky y sugirió que se agregue en el artículo 10 el concepto de “vida digna” como excepción para la admisión de una caución juratoria.
Verbitsky no replicó esas acusaciones de Alvarez pero en cambio sí dejó en claro que no quedó conforme con la contrapropuesta: “Si el derecho a la vida cubriera todos los aspectos que enumeramos en esa forma breve y precisa, podrías sugerir que la Convención Americana de DD, HH, tuviera un solo artículo”, ironizó.
Alvarez también propuso incluir “un segundo párrafo” en el artículo 17, “para los que dicen que se cercenan las libertades sindicales”. “Que diga que ‘en un conflicto colectivo de trabajo, las medidas cautelares podrán ser requeridas sólo si se tratase de un servicio esencial y hubiera mediado incumplimiento a las obligaciones de preavisar’”. Y, por último, en relación a los plazos de las medidas cautelares, el secretario de Justicia barajó la posibilidad de explicitar en el proyecto que el juez deba emitir “una sentencia de fondo en tiempo oportuno”, Antes de retirarse, Verbitsky reiteró su disconformidad y señaló que “el proyecto no refleja la voluntad que anunció la Presidenta”.
La postura del CELS desencajó a Alvarez, que por momentos lució nervioso y recurrió a gestos ampulosos durante su intervención. Tras cerca de tres horas de plenario, el joven de La Cámpora se retiró, casi en simuláneo que el ministro de Justicia Julio Alak, que casi no aportó en defensa del proyecto.
El debate continuó y expusieron desde otras cuatro ONG: la Asociación de Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y el Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia (FORES).
Sobre el final, tanto Aníbal Fernández como Miguel Pichetto, jefe del bloque kirchnerista, dejaron la puerta abierta para incorporar algunas modificaciones al proyecto que el jueves -y de no haber sorpresas- se debatirá en el recinto y obtendría media sanción.
“Hay que desdramatizar este debate y hacer una norma equilibrada”, intentó bajarle el tono Pichetto. La idea, según se supo, sería incorporar aportes de todos los sectores “para dejar contentos a los pedían cambios”.
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