Se acortan los tiempos para definir la paritaria en el sector de la Salud y el Gobierno sabe que difícilmente se llegue a un acuerdo, por lo que a su manifiesta intención de frenar las medidas de fuerza de los combativos gremios del sector, le agrega acciones legislativas.

En tal sentido, desde hace un tiempo los diputados oficialistas trabajan en la confección de una ley de Servicios Esenciales pensada exclusivamente para estas situaciones, aliviando el impacto de los paros, aunque las gestiones para aprobarla han sido hasta ahora infructuosas, sobre todo por la negativa de la oposición.

Por eso ahora avanzaron en una declaración, que tuvo apoyo unánime, pidiéndole al Ejecutivo que ponga en vigencia un dictamen de la Comisión de Garantías de la Nación, emitida en el año 2010, cuando se produjo un conflicto similar con los sindicatos ATE y Ampros y que, entre otros puntos, limita las medidas de fuerza a los servicios de salud que no contemplen la atención a mujeres embarazadas o parturientas, niños, ancianos y discapacitados.

Es decir que, por ejemplo, los médicos del Notti no podrían parar, ni tampoco los del Lagomaggiore dedicados a la atención de mujeres embarazadas.

Además, el dictamen, que fue remitido en noviembre de 2010 por la secretaria de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, al entonces subsecretario de Trabajo mendocino, Sebastián Godoy Lemos, obliga a las autoridades médicas de hospitales y centros de salud a no acatar los paros, en tanto que a los profesionales que sí adherían los consideraba en «guardia pasiva», pudiendo ser convocados en cualquier momento, más allá de la medida de fuerza.

Desde el oficialismo reconocieron que la decisión de apelar al dictamen se debió a las demoras de generar una ley de adhesión a la norma nacional 25.877 (régimen laboral) para definir los servicios esenciales en Mendoza.

«La ley de adhesión no salió porque en sesiones extraordinarias no pueden ingresarse proyectos», explicó el diputado del Frente para la Victoria Claudio Díaz, al tiempo que justificó la declaración en favor del dictamen nacional «porque los servicios esenciales de la salud no pueden tener restricciones».

Lógicamente, al tratarse de una declaración, lo que se busca es que el Ejecutivo gestione la puesta en vigencia de una resolución (la 1.747 de 2010 de la Secretaría de Trabajo de la Nación) que postula el dictamen de la comisión. Es decir, lo que se quiere es trasladar una decisión tomada hace dos años y medio, al escenario actual, algo que difícilmente pueda producirse.

«No creo que sea posible», reconoció el paritario oficial Mauricio Guzmán al respecto, resignado a que el conflicto latente con los gremios se haga realidad luego de que termine la conciliación obligatoria que hoy respetan ambas partes. Y si bien el proyecto sigue su camino, aunque con variantes, su transformación en ley podría darse después de que se profundice el conflicto.

«Buscaremos la aprobación de la nueva ley de la Subsecretaría de Trabajo que contempla un artículo sobre servicios esenciales en caso de medidas de fuerza», informó Díaz, esperanzado en que este proyecto que ya tiene estado parlamentario «se trate en unos quince días» en el recinto y así llegar a tiempo en caso de un nuevo conflicto con ATE y Ampros.

Pretensión inconstitucional

El próximo martes, las titulares de ATE, Raquel Blas, y de Ampros, Isabel Del Pópolo, se reunirán en la Legislatura con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, y el de la Comisión de Derechos y Garantías, José Barrigón, para mostrarles su rechazo al proyecto de ley y a la declaración.

«Le explicaremos a Tanús que una ley así es inconstitucional», aseguró Blas. «No se puede cercenar el derecho a huelga», completó Del Pópolo.

Para ambas gremialistas, los servicios esenciales «deben resolverse durante cada conflicto», razón por la cual no se puede legislar sobre un aspecto puntual.

En tal sentido, calificaron la declaración de los diputados como «nula», porque se basa en un dictamen emitido para otro conflicto.

«Además, un dictamen no es vinculante, sólo sirve como toma de posición», agregó Del Pópolo, justificando sus palabras en la ley nacional de Régimen Laboral.

Entre los postulados del proyecto legislativo figura que los paros no pueden ser de más de dos días y que «deben ser comunicados con cinco días de anticipación». A esto Del Pópolo respondió:»Piensan en nuestro derecho a huelga, pero no se ponen a pensar en mejorar las malas condiciones de la salud de Mendoza».