«Queremos una Justicia, legítima, democrática, ágil y para todos los Argentinos» dijo la presidente Cristina de Kirchner en el Museo del Bicentenario en ocasión de presentar seis proyectos de ley con el propósito de «democratizar la Justicia».

El proyecto de reforma judicial incluye, entre otros aspectos, la elección por el voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura.Asimismo indicó que se elevará a 19 los miembros del Consejo que actualmente son 13. El organismo se integra por un miembro del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados, un académico y seis representantes del Legislativo.

En las elecciones primarias del 11 de agosto los partidos políticos propondrán al voto popular sus candidatos para ser consejeros que serán convalidados o no finalmente en las elecciones de octubre junto con las propuestas de los diputados y senadores. 

Cabe señalar que, en esta oportunidad, se incorporan seis nuevos miembros al Consejo de la Magistratura. A medida que vallan venciendo los cargos de los dos representados por abogaos, el academemiuco y los tres jueces, estos tambien serán convalidados por las urnas. En el caso de los seis representantes por el Poder Legislativo al igual que el representante del Poder Ejecutivo no serán sometidos al voto popular ya que estos se sometieron a las urnas previamente. 

Más allá de manifestar el entusiasmo lógico por las mediadas anunciadas, los diputados Carlos Kunkel y Agustín Rossi le dijeron a ámbito.com que «sería conveniente que los legisladores que integren el Consejo no deban ser necesariamente abogados» como en la práctica es ahora. 

Más de un legislador oficialista aventuró que los seis proyectos presentados por el Ejecutivo «es casi seguro que para junio sean ley«. De esta manera en las próximas elecciones legislativas los ciudadanos podrán elegir 6 consejeros que ingresarán al Consejo de la Magistratura. «No es politización de la Justicia, ni partidización de la Justicia», aseguró la jefa de Estado.

Sin embargo, es difícil soslayar que, si un partido político obtiene una gran mayoría de votos, en la práctica dispondrá de más representantes en el organismo que designa o remueve a los jueces. 

Apenas terminado el discurso presidencial se conoció el rechazo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Jorge Rizzo, su titular cuestionó la reforma del Consejo y adelantó que «si la ley se sanciona» en el Congreso «vamos a plantear en la Justicia la inconstitucionalidad». Rizzo explicóque la iniciativa vulnera de manera decidida derechos que la Constitución le otorga a la abogacía en el artículo 114″. Es que la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es una de las iniciativas oficiales que más resistencia provoca en los miembros del poder judicial.

Anticipándose a las críticas la jefa de Estado afirmó que la propuesta «propone la participación de la ciudadanía de manera que tanto jueces, como abogados y académicos del Consejo de la Magistratura sean elegidos en base al artículo 38 de la Constitución Nacional, que consagra los partidos políticos como el único camino por el cual se debe ejercer la democracia. No es politización de la Justicia», manifestó.

De todas maneras aclaró que «se respetará el cargo a todos los que están actualmente», aunque se irán renovando a través del voto popular.

A pesar de haber sido invitados legisladores opositores solo se pudo ver al senador Nito Artaza. Elisa Carrió, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra, Pino Solanas, entre otros quienes rechazaron el concurrir pues consideran que la iniciativa oficial busca «doblegar a la Justicia». Tampoco se pudo ver a jueces de la Corte Suprema salvo su titular, Ricardo Lorenzetti. 

Otra de las iniciativas, que seguramente será motivo de polémica, es que se establecerá «la facultad del Estado de interponer remedios urgentes frente a hechos, actos u omisiones que amenacen o interrumpen o afectan la continuidad o regularidad de servicios públicos o perturben la integridad de los bienes afectados a esos destinos», señaló Cristina aunque no quedó en claro en qué consistirá estos «remedios urgentes». Previamente hizo referencia a los bloqueos a las plantas de YPF llevado a cabo por el gremio de Moyano.

Cautelares acotadas 

«Si tiene derecho a defenderse un ciudadano como no va a poder defenderse el Estado que representa a los 40 millones de argentinos«, sentenció la primera mandataria cuando explicó que una de las iniciativas propone que las medidas cautelares contra el Estado tendrán una extensión máxima de seis meses. «Las medidas cautelares no pueden exceder los 6 meses como plazo razonable, salvo cuando la medida tenga por objeto la protección directa de la vida, de la salud, o un derecho alimentario», aclaró Cristina.

Otra de las innovaciones es que el Estado tendrá vista previa a las cautelares permitiéndole tener derecho a defensa. Además, ante una medida judicial que «suspenda total o parcialmente leyes o decretos de necesidad y urgencia» si el Estado apela «se tendrá que suspender la medida cautelar», explicó.

También genera mucho rechazo entre los letrados el hecho que los jueces no podrá nombrar sus secretarios y prosecretarios ya que estos deberán ingresar por concurso. Asimismo los jueces subrogantes que son los que ocupa la vacante en una Cámara, actualmente eran designados por el Consejo de la Magistratura. A través del proyecto de ley, estos también serán elegidos por concurso.

Para llegar a ser empleado judicial existirá -con la iniciativa oficial- «igualdad en los antecedentes«, es decir que no tendrá peso si el aspirante tuvo experiencia en algún juzgado. «Hoy, si no tenés un amigo o un pariente no entras ni disfrazado de mono», explicó Cristina.

Los nuevos empleados ingresarán al Poder Judicial luego de ser sometidos a un examen y anualmente se sortearán los puestos a través de un sorteo que realizará Lotería Nacional. De esta manera, también ingresarán los secretarios y prosecretarios de los juzgados.

Como abogada, Cristina sabe que esto es particularmente irritante para los magistrados cuando anunció que «los jueces no pueden elegir a su secretario de confianza», medida que provocara un profundo cambio en los juzgados federales.

Las iniciativas que abarcan numerosos aspectos del sistema judicial serán remitidas este martes al Parlamento y de su lectura surgirán más precisiones. 

En resumen los seis proyectos de ley, a grandes rasgos, consisten en:

Elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Creación de tres nuevas cámaras de casación.

Limitación del tiempo de las cautelares en contra del Estado (máximo 6 meses).

Ingreso a la carrera judicial por concurso.

Acceso a las declaraciones juradas en todos los estamentos del Estado en base a la presentación que se realiza para la Afip.

Publicación en Internet de todas las causas que obra en el Poder Judicial.

Estos proyectos de ley fueron trabajados directamente por la primera mandataria con el Secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini. Si bien a numerosos miembros del Gobierno se les fue solicitando algunos temas u opiniones, admiten que no accedieron al proyecto final.

El espíritu que animó al Ejecutivo para presentar estas modificaciones al Poder Judicial las expreso la presidenta en estos conceptos: «Nadie fue elegido por la varita divina y los poderes del Estado tienen que funcionar dentro del marco de la Constitución y en definitiva no puede haber nada por sobre la soberanía popular sobre todo cuando una ley no ha sido declarada inconstitucional», en referencia a la cautelar a favor del grupo Clarín.

O cuando señaló que: «La importancia de estas cuestiones es para que se resuelva cuando está en juego la seguridad, la garantía constitucionales, el derecho del Estado de preservar que una sociedad pueda desarrollarse de forma armónica y no porque algún sector de fuerza relativa pueda finalmente presionar o extorsionar al conjunto de la sociedad», sentenció Cristina.

En síntesis, algunos expertos sostienen que estos proyectos de ley lo que hacen es debilitar el poder que hoy tienen los jueces y, con pesimismo creen que este avance del oficialismo en el Poder Judicial, dada la mayoría parlamentaria con que cuentan, será muy difícil que no lleguen a implementarse.

Al final del día se conoció que la Unidad Médica Presidencial le aconsejó suspender su actividad pública para no agravar un cuadro de disfonía. Cristina confesó «estos días he estado dando muchas órdenes y muchas cosas con un tono, a veces, un tanto elevado y entonces tengo una leve disfonía». A las 10.20 se retiró de la Casa Rosada rumbo a Olivos.

Por: Liliana Franco

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