El ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

Por Florencia Médici (UBA, CEIL-CONICET, E200).- El litigio que actualmente lleva adelante el Estado Argentino con los fondos buitre es interpretado por algunos analistas como una evidencia de que la política de desendeudamiento es una ilusión. Los más osados incluso llegan a comparar la situación financiera argentina actual con la del 2002, cuando la Deuda Pública llegaba al 166 por ciento de nuestro Producto Bruto Interno (PBI) -de la cual más del 96 por ciento estaba denominada en moneda extranjera y en manos de acreedores privados-, o con la del 2001, cuando el total de servicios de la deuda en moneda extranjera con privados representaban el 179% de las reservas internacional (hoy es 16%).

La disminución de la carga de la deuda sobre la economía fue resultado de la decisión de llevar adelante políticas públicas que no tuvieran como variable de ajuste el bienestar de la mayoría de los argentinos para satisfacer los intereses de los acreedores. Poco nos cuesta recordar los continuos y crecientes intentos que el gobierno de la Alianza realizó durante 2000 y 2001 para cumplir con los requerimientos que los acreedores pedían a cambio de seguir incrementando una deuda inútil que sólo financiaba la salida de dólares de aquellos grandes capitales que habían arribado en la década anterior atraídos por las ventajas del modelo neoliberal. Mientras se reducían los recursos disponibles para la salud, la educación, los trabajadores y el sistema jubilatorio, la salida neta de capitales del sector privado no financiero fue de 13.500 millones de dólares, 12.500 millones de dólares fue la caída de reservas y casi 12.000 millones de dólares las transferencias al exterior de los conglomerados extranjeros y las empresas transnacionales en el 2001.

El resultado de la política de desendeudamiento implementada desde 2003, y en particular los canjes de 2005 y 2010, fue la reducción histórica del monto de la deuda y el alargamiento a más de 20 años de los vencimientos a menores tasas de interés. Estas mejoras permitieron, por un lado, un enorme alivio financiero al reducir la cantidad de recursos públicos destinados al pago de conceptos de la deuda y, por el otro, utilizar esos recursos para financiar medidas económicas tendientes a fortalecer la demanda, el empleo y la producción. Los indicadores hablan por sí mismos: en la actualidad, la deuda pública representa alrededor de 45 por ciento del PBI (y sólo el 9 por ciento está denominada en moneda extranjera y en manos de acreedores privados).

El adecuado control de la deuda pública es, además, una condición necesaria para que la dependencia externa no interrumpa los procesos de crecimiento al provocar crisis de balanza de pagos. Estas crisis externas -típicas de las economías con Estructuras Productivas Desequilibradas, como las latinoamericanas- vuelve a los países altamente vulnerables ante la escasez de divisas al provocar devaluaciones, transferencias regresivas de ingresos y, por lo tanto, recesiones. Esto explica el tipo de crecimiento inestable y bajo, como el de Argentina en el período 1976-2002.

Continuar manteniendo la política de desendeudamiento no supone que el Estado renuncie a la posibilidad de financiarse con deuda, sino hacerlo bajo condiciones apropiadas. Para ello, debemos tener en cuenta que recurrir al endeudamiento o a la atracción de capitales externos genera un alivio en el corto plazo -en el que los gobiernos se ven favorecidos por la gran disponibilidad de divisas-, pero en el mediano plazo pueden llevar a dinámicas insostenibles por la absorción de moneda extranjera que generan la remisión de utilidades y el pago de los intereses del financiamiento internacional.

Al recurrir a capitales externos, el desafío es dirigirlos a sectores específicos, lo cual no puede hacerse sin una intervención estatal que planifique el desarrollo. Ésta muchas veces no coincide con los intereses de esos capitales, que priorizan rentabilidades elevadas e inmediatas.

La situación internacional actual es una muestra de ello: la actividad financiera está cada vez más disociada del proceso productivo y, por lo tanto, siempre que priman los intereses de estos sectores se generan trampas de endeudamiento. Cuando un gobierno elabora políticas públicas que van en contra del interés de la mayoría de la población para cumplir con las exigencias de los acreedores, la consecuencia no puede ser otra que una crisis de gobernabilidad.

En este contexto global, el Estado argentino lleva adelante un juicio contra uno de los mayores fondos buitre y su resolución se ha convertido en un tema de relevancia internacional, como lo han expresado las presentaciones -a favor de la posición argentina- de la Clearing House Association (asociación de clearing de los Estados Unidos), el Banco de New York, de la Reserva Federal de Nueva York y de la propia Administración de Barack Obama. Tampoco es casualidad que el gobierno de los Estados Unidos busque sancionar a las principales calificadoras de riesgo Standar & Poor´s, Fitch y Moody’s por sus presuntas responsabilidades en la crisis internacional. Ni lo es la condena recibida por S&P en Australia ni el pedido de la Justicia italiana para llevar a juicio a ejecutivos de esas empresas.

Algunos líderes del mundo parecen estar poniendo un límite a los sectores rentísticos concentrados para evitar que estos sigan socavando su capacidad de gobernar. Tras experimentar ese proceso a principios de siglo, Argentina viene demostrando en los últimos diez años que con intervención estatal es posible poner un límite al accionar abusivo de los sectores financieros. Esto se ha logrado no sólo mediante el manejo prudente de la deuda sino también mediante la regulación de los mercados de capitales, defendiendo en los tribunales internacionales los intereses del país de hoy y del mañana.

Fuente: ámbito.com