Casación revocó un fallo que lo había absuelto en 2011; falta fijar la pena

Durante su gobierno, Menem firmó tres decretos para autorizar la venta de material bélico a Panamá y a Venezuela, falsos destinos con los que pretendió ocultar a los verdaderos receptores de los envíos, dos países a los que la Argentina, como parte de las Naciones Unidas, se había comprometido a no venderles armas. En el caso de Ecuador, además, nuestro país era «garante de la paz».

Esos decretos, a juicio de la Cámara, «fueron las piezas fundamentales del contrabando», por el que también fueron condenados el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y otros diez acusados. En cambio, Emir Yoma, ex cuñado de Menem, resultó absuelto.

Las penas aún no fueron fijadas, por lo que todavía Menem no irá a prisión. Eso lo decidirá el tribunal oral que llevó adelante el juicio y que había absuelto a los acusados en el fallo de septiembre de 2011, que ayer fue revocado por la Sala I de la Cámara de Casación.

La pena prevista para el «contrabando agravado» por el que Menem fue condenado es de cuatro a doce años de prisión. No obstante, el ex presidente tiene garantizados muchos meses más de libertad. En primer lugar, porque su defensa anunció ayer que presentará un recurso extraordinario para que intervenga la Corte. Por las características del caso, todo indica que Casación le habilitará el camino al alto tribunal y la sentencia quedará así suspendida.

Pero, además, tiene fueros por su condición de senador, hasta diciembre de 2017. Por eso, una vez que el tribunal oral haya fijado su pena y Casación la haya confirmado, restará todavía que sus pares del Congreso lo desaforen para que pueda ser detenido. Ayer, Menem se mantuvo en silencio. Su abogado, Maximiliano Rusconi, declaró: «Es una sentencia arbitraria, un verdadero desastre jurídico que sólo puede estar guiado por razones externas al derecho».

Hoy Menem funciona como un aliado cuando el kirchnerimo lo necesita en el Senado. Reparte su tiempo entre La Rioja y su departamento del barrio de Belgrano. Ahí estaba ayer cuando se enteró de que lo habían condenado.

«Los sucesos sólo pudieron acaecer del modo en que lo hicieron con la decisión de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional», afirmaron los camaristas Raúl Madueño, Luis Cabral y Juan Carlos Gemignani. Menem no podrá reprocharle este fallo a la Casa Rosada. Madueño es un juez histórico de Casación que no comulga con el kirchnerismo; Cabral es el presidente de la Asociación de Magistrados y fue uno de los primeros en rechazar la reforma «democratizadora» de la Justicia que anunció Cristina Kirchner (Cabral adelantó incluso que si la reforma del Consejo de la Magistratura se aprueba como fue presentada, pedirán su inconstitucionalidad), y Gemignani es un profesor de la Universidad del Litoral que desembarcó en Casación en 2011 con el apoyo del radicalismo.

«El control aduanero ha sido burlado de manera flagrante», sostuvieron los camaristas para sostener sus condenas por contrabando. «Resulta difícil imaginar una burla más completa de todo el sistema jurídico de prohibiciones y de fiscalización del decurso de mercaderías a través de la frontera nacional», afirmaron.

Estas condenas llegan después de 17 años de una investigación que incluso llevó a Menem a prisión domiciliaria durante casi seis meses (en 2001). El fallo revierte lo resuelto en un juicio oral en el que declararon más de 400 testigos. En aquel proceso, los jueces concluyeron que posiblemente se habían pagado coimas -delito que estaba prescripto-, pero que no hubo contrabando (única figura incluida en la acusación). Casación afirmó lo contrario. Sostuvo que el falso destino de las armas fue ocultado al servicio aduanero y que eso no es «irrelevante», porque el conocimiento de la Aduana de los destinos reales «hubiera provocado la detención de las operaciones».

Para vender las armas a los países que las recibieron, Menem hubiera requerido una autorización del Congreso, que no hubiera sido fácil. En el caso de Ecuador, por la condición de «garante de la paz» de la Argentina; respecto de Croacia, porque Menem había firmado un decreto aprobando una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que disponía «un embargo general y completo a todas las entregas de armamentos» a los países parte del conflicto de los Balcanes. Croacia, entre ellos.

Menem siempre afirmó que desconocía el destino real de las armas y que sus subordinados habían traicionado su «confianza». La Cámara de Casación también rechazó esta defensa. Advirtió, por ejemplo, que los decretos no siguieron el camino habitual, que Menem viajó a Croacia para encontrarse con su presidente, pese a que el embajador en Yugoslavia se lo había desaconsejado por la condición neutral de la Argentina; que nunca se les avisó a los embajadores en Venezuela y Panamá, donde supuestamente enviarían las armas, que éstas iban en camino, y que haber autorizado una venta real de armas a Panamá hubiera sido contradictorio con su alineación con los Estados Unidos. Además, que dentro del país, reunir las armas implicó un enorme movimiento «que era imposible desconocer».

El fallo también da por probado que Camilión sabía todo. Da cuenta, por ejemplo, de cables diplomáticos en los que le alertaban que habían descubierto armas con el escudo argentino en Croacia y Ecuador. Según el fallo, él jamás los respondió.

Por Paz Rodriguez Niell  | LA NACION